“La violenta ofensiva
político-mediática-judicial contra la oposición pegó un salto el viernes con la
ilegal detención de Amado Boudou. Pero hay nuevas y concretas amenazas en la
semana que empieza. Mañana mismo podría haber un fallo que prive de la libertad
a Luis D’Elía, en un caso claramente inscripto en la protesta
social. La secuencia seguirá el jueves, cuando nuevamente tiene que ir a
declarar Cristina Fernández de Kirchner en la llamada causa Hotesur, en la que
insólitamente se imputa a la ex presidenta por cobrar alquileres por diez
millones de pesos en dos años –un promedio de 130 pesos por habitación y por
noche– como supuesta forma de recibir coimas por obras públicas de miles de
millones de pesos. El desfile continuará luego con Máximo Kirchner el 13 de
noviembre y –lo más ilógico– el 15 de noviembre con Florencia Kirchner, que es
público y notorio que no se dedica a la vida empresaria ni era mayor de edad cuando
se licitaron las obras públicas.
En el cuadro entra también la detención
de Julio De Vido y Roberto Baratta en dos expedientes. Uno, sobre convenios
entre Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Turbio y la Universidad
Tecnológica Nacional, en la que no hay ni una sola pericia en la que se
mencione sobreprecios. La segunda, en la compra de Gas Natural Licuado (GNL),
basada únicamente en una pericia que todos los especialistas coinciden en
considerar descabellada. Para colmo, se les imputa tener poder para obstruir
las investigaciones y la desaparición de documentos que fueron sustraídos por
dirigentes de Cambiemos.
En Comodoro Py admiten que en el
trasfondo de la movida de meter presos a opositores, sin juicio previo, juegan
dos hechos: presión de la Casa Rosada sobre los jueces y la idea de crear un
clima de miedo dirigido a los que se opongan a los planes económicos lanzados
por el gobierno. Este cuadro de situación plantea gran cantidad de preguntas,
muchas de las cuales no tienen respuesta.
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¿En qué consiste la causa por la que detuvieron a Boudou?
Es un expediente por enriquecimiento
ilícito que lleva cinco años de instrucción y lo único nuevo fue que una
pericia de los contadores de la Corte Suprema planteó algunos interrogantes
sobre operaciones del ex vicepresidente. El fiscal Jorge Di Lello pidió que
Boudou ampliara la explicación sobre sus bienes, pero ni requirió un cambio de
calificación ni mucho menos la detención.
A Boudou se le cuestionan básicamente
dos cosas:
- Un desfase de 80.000 dólares en sus declaraciones juradas. Se trata de 80.000 pesos-dólares, es decir cuando un peso era un dólar, antes de 2002, en tiempos en que Boudou no era siquiera funcionario. Boudou alega que esos eran los ahorros de toda su vida, teniendo en cuenta que siempre trabajó. La cifra en sí misma no parece de una gran envergadura.
- El préstamo de 80.000 dólares a su entonces
pareja, Agustina Kämpfer, cifra que usó la periodista para cambiar su
departamento. Boudou señala que ese dinero se lo prestó su hermano a Kämpfer
y que la plata salió de la venta de una propiedad en Martínez. El defensor
del ex vicepresidente, Eduardo Durañona, aseguró que eso está acreditado
en en la pericia que hicieron los contadores de la Corte Suprema.
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Pero también se cuestiona dinero que tenía el socio y amigo de Boudou, José
María Nuñez Carmona.
Efectivamente, de manera asombrosa Lijo
señala que Nuñez Carmona blanqueó en 2009 la cifra de 4.200.000 pesos y 795.000
dólares. Además se le cuestionan dos transferencias, por un total de 160.000
dólares desde Uruguay a una cuenta a su nombre en el banco HSBC de Miami. El
juez consideró que Nuñez Carmona no tenía capacidad económica para hacer esos
movimientos, por lo cual le adjudicó el dinero a Boudou. En su indagatoria, que
Nuñez Carmona prestó enseguida después de Boudou, el amigo del ex
vicepresidente arremetió contra la hipótesis de magistrado. Contó que ya en
1987 tenía una empresa de correo privado, en Mar del Plata, que se llamba OM
SRL. Nuñez Carmona dijo que vendió el 80 por ciento en 380.000 dólares a
principios de los 90 y que luego se asoció a Multicanal–Cablevisión para
manejar la entrega de todas las facturas de la televisión por cable, además de
otros clientes como Metrogas. Según él, facturó 14 millones de dólares en
cuatro años. Finalmente fue liquidando bienes, dejando esa empresa porque el
grupo Clarín resolvió distribuir su propia correspondencia, y llegó a tener más
de tres millones de dólares por las ventas de los bienes de la empresa y otro
millón por un acuerdo que realizó con Clarín. Nuñez Carmona afirmó ante el juez
que en ninguno de esos negocios tuvo participación Boudou y que de allí surgió
el dinero que blanqueó y el que movió en su cuenta de Miami. El empresario
aclaró que iba a explicar todo eso por escrito, pero que no tuvo tiempo porque
fue detenido. En verdad, ni la Oficina Anticorrupción pudo contestar a los
pedidos de opinión de Lijo porque argumentó que necesitaba más tiempo para
analizar lo que dijeron los peritos de la Corte.
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¿Pero cuál fue el motivo de la detención de Boudou y Nuñez Carmona?
En primer lugar, Lijo les agravó la
calificación introduciendo el delito de asociación ilícita, justamente con el
argumento de que el dinero es de Boudou. Pero lo impactante es que fundamentó
la privación de la libertad en que el ex vicepresidente ocupó cargos muy
importantes y “tiene contactos residuales” que podrían obstruir. Ese argumento
no lo utilizó en los cinco años que lleva la causa y más todavía si se
considera que hasta 2015 Boudou tuvo aún mayor poder y contactos porque era
vicepresidente en ejercicio. Además, la Cámara Federal incluso le permitió
viajes a Mexico a visitar a su actual pareja, señalándole al juez que no había
motivos para impedirlo porque siempre estuvo a derecho.
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¿Qué es lo que precipitó la detención el viernes?
En Comodoro Py es vox populi que Lijo
reaccionó ante un apriete originado en la Casa Rosada. El camino fue la
denuncia ante el Consejo de la Magistratura de dos organizaciones vinculadas al
Ejecutivo. Por un lado, el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, donde
anidan los estudios que apoyaron los golpes de Estado. Por el otro lado, la ONG
Será Justicia, integrada por varios funcionarios del Gobierno. Respecto de Lijo
dicen –falsamente– que el juez tiene cajoneadas 28 causas por corrupción, y la
ofensiva se engancha a partir de la llegada al Concejo de nuevos funcionarios
vinculados con Daniel Angelici, hombre de confianza de Mauricio Macri.
Lijo huyó para adelante despachándose
con una detención cuestionada por todos los juristas ya que ni había sido
pedida por el fiscal ni el propio magistrado convocó a los imputados siquiera a
indagatoria. ç
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¿Son posibles las excarcelaciones?
Se sentó un precedente grave con Julio
De Vido y Roberto Baratta, dos opositores que están presos sin juicio previo ni
condena. El argumento que usó la Sala II de la Cámara Federal es que De Vido
seguía teniendo poder y que habían desaparecido unos documentos de Rio Turbio,
es decir que se obstaculizó la investigación. En realidad los papeles fueron
sustraídos por dirigentes de Cambiemos y se habló también de la quema de
documentos de una licitación, que ni siquiera se concretó, algo que también
surgió de lo declarado por un dirigente de Cambiemos.
Se ha tratado de instalar que la causa
de Río Turbio es por sobreprecios de miles de millones de pesos en los trabajos
para poner en funcionamiento la mina. Es falso. Hubo una causa por sobreprecios
que fue sobreseída por Claudio Bonadio. El expediente que llevó a la detención
de De Vido es por la firma de acuerdos con la UTN. En esa causa, a cargo de
Luis Rodríguez no hay un solo peritaje que hable de sobreprecios en esos
acuerdos con la universidad por unos 260 millones de pesos, de los cuales la
UTN se quedó con 52.
En paralelo está la causa por el GNL,
que se basa en una pericia cuestionada por todos los expertos. La Argentina le
compró GNL a grandes compañías en licitaciones públicas que no fueron
cuestionadas por ninguna de las empresas que competían. Y, para colmo, el
gobierno de Mauricio Macri continuó con el mismo método al principio de la
administración.
Desde el punto de vista legal, las
excarcelaciones deberían ordenarse porque no existe una sola evidencia ni de
obstrucción ni de que los ex funcionarios siguen teniendo poder. Sucede que lo
que domina la escena es la política y la ofensiva contra los opositores.
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¿Y Cristina Kirchner?
El próximo jueves debe declarar ante el
juez Ercolini en otra causa asombrosa, Hotesur. El matrimonio Kirchner vendió
departamentos que había adquirido en los 80 y compró varios hoteles, entre
ellos el Alto Calafate. La empresa dueña de ese hotel es Hotesur y lo que los
Kirchner hicieron fue alquilarlo a empresas dedicadas a turismo: primero a
Valle Mitre, de Lázaro Báez y luego a Osvaldo Sanfelice, propietario de una
inmobiliaria santacruceña, en la que también es socio Máximo. En total, se
facturaron diez millones de pesos en dos años y la hipótesis del expediente es
que fue dinero a cambio de obra pública. Sin embargo todos los alquileres se cobraron
con cheque, los cheques se depositaron y los precios de los alquileres son los
de mercado. Además no hay relación: los alquileres fueron el 0,02 por ciento de
la obra pública.
Cristina tiene que ir a declarar el
jueves. ¿Puede detenerla? Es improbable, aunque el argumento que usaron con
Boudou podrían también usarlo contra ella: que tuvo poder y sigue teniendo
relaciones. También está el hecho de que acaba de cosechar 3.500.000 votos y,
para muchos jueces, es senadora electa y tiene fueros.
La citación de CFK y luego la de Máximo
y la de Florencia muestran el nivel de apriete contra la oposición. Manda la
coalición política-mediática–judicial en la que prevalece instalar un ambiente
de medio contra cualquiera que se oponga a la Casa Rosada y sus planes.”
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