LA CORRUPCIÓN EN LA ARGENTINA

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky consideró probado que los hermanos Juan José, Carlos y Alejandro Levy lavaron en la Argentina decenas de millones de dólares que obtuvieron del gobierno de Venezuela mediante una defraudación, al firmar contratos para venderle todo tipo de mercaderías con sobreprecios: desde medicamentos y artículos de limpieza, hasta decodificadores de televisión digital triangulados desde China. "El inflamiento de los precios pactados en los contratos de suministros desafía la lógica de la escalabilidad del negocio en cuanto a que a mayor volumen de productos menor debería ser el precio de venta", estimó Aguinsky, quien detalló que los Levy colocaron ese dinero en el mercado local con el fin de completar su presunto blanqueo. El magistrado apuntó también contra cinco colaboradores de los Levy -Juan Ignacio Simó, Julio César Barlocco, Julián Francisco Rubio, Miguel Álvaro Romero y Horacio Beresñak-, y contra tres de sus principales empresas

El escándalo que muestra el nexo entre el dinero sucio y el financiamiento de las campañas políticas sacude a la sociedad y nos obliga a exigir cambios legales que fuercen un orden con menos vicios. Ibar Esteban Pérez Corradi aún es una anomalía. José López, no. Pérez Corradi fue el extremo al cual llegó la política. López, en cambio, es una manifestación de un sistema. Más aún: López es el sistema tal como funciona en la Argentina desde hace décadas, aunque quienes lo saben no quieran contarlo en voz alta. López, con sus bolsos repletos de dólares en el monasterio, sólo expuso cómo funciona el sistema real de recaudación política. Ya sea para financiar las campañas electorales –y hay que juntar cientos de millones de pesos para cada contienda nacional, incluida la que se avecina en 2017– o para el enriquecimiento personal. Tanto para los jefes como para el bolsillo propio. Porque podrán negarlo, pero la política es la única forma de enriquecimiento que conocen muchos políticos y &qu

Para examinar el triángulo “justicia”, “corrupción” y “política”, comienzo con dos afirmaciones entre obvias y dogmáticas. Primero, las ideologías no han “muerto,” sino que gozan de excelente salud, tal como se advierte en nuestros debates públicos cotidianos. Segundo, en el ámbito jurídico tienden a predominar ideas más bien conservadoras, tal como se manifiesta en la disposición de los jueces a aplicar penas severas, o a desaplicar derechos sociales constitucionalmente consagrados. Dicho esto, es necesario aclarar inmediatamente otras cosas, también vinculadas con el temario anunciado. En primer lugar, el predominio conservador en el ámbito legal es compatible con la existencia de algunos abogados, jueces y fiscales moderados, otros muy reformistas y aún otros muy radicalizados. Esto es decir, el campo legal no está dividido en dos territorios (el de la “derecha” y el de la “izquierda”). En segundo lugar, el conservadurismo dominante en la justicia se distribuye todo a lo largo de la

El caso Odebrecht reavivó varias discusiones vinculadas a la persecución de delitos económicos. Entre otras cuestiones, la figura del arrepentido ha tomado un lugar central en el debate público. Privados que quieren “arrepentirse” y funcionarios que buscan con urgencia esas confesiones nos sirven de disparador para repensar algunos puntos centrales del tema. ¿Cómo regular la figura del arrepentido? La ley 27.304, sancionada el año pasado, unificó las distintas regulaciones para arrepentidos que existían en la legislación argentina. Algunas de estas normas anteriores, como la aplicable a casos de terrorismo y de lavado de dinero, establecían que la reducción de la pena para el arrepentido “deberá ser decidida por el tribunal del juicio al dictar la sentencia definitiva”. Bajado a la práctica, esto implica lo siguiente: el imputado confiesa el delito, se autoincrimina y da toda la información relevante para la Justicia, sabiendo que seguramente será condenado; sin embargo, recién cuand

Con el gobierno de Cambiemos resurgió la panacea de apelar a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para hacer frente al narcotráfico en el país. El propósito, esta vez, es “abrir una puerta que estaba cerrada” según palabras de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante su viaje a Washington en febrero de 2016. La experiencia histórica de puertas abiertas no ha sido muy promisoria, sin embargo. En los años ‘70 se produce la primera presencia de la DEA y, como bien señala Valeria Manzano en un estudio riguroso, el aporte de esa agencia era usado por las autoridades argentinas “no tanto, ni fundamentalmente, para ‘combatir’ a la producción y al tráfico de sustancias ilegalizadas…(Así predominó un enfoque del) problema de las drogas como un asunto de seguridad nacional y asociaron a los ‘toxicómanos’ con la figura del enemigo interno”. A comienzos de los ‘80, y como lo muestran documentos desclasificados, la DEA cohonestó la operación Irán-Contras-D

La corrupción que tenemos es la que merecemos o la que “se nos parece”, parafraseando aquello atribuido a Jovellanos sobre los pueblos y sus gobiernos. En el caso de la sociedad argentina y la actitud general respecto de la corrupción, nos la merecemos porque la toleramos y hasta justificamos; a un punto tal, que nos involucra. La semana pasada hice circular entre mis conocidos una convocatoria a manifestar contra la corrupción ante los juzgados federales de Comodoro Py. No mencionaba a el/los convocantes, sino simplemente el objeto, un asunto que entre nosotros viene de lejos y ha llegado a niveles de extrema gravedad. Recibí de inmediato dos respuestas idénticas; de una vecina profesora de Letras y de un prominente y honesto jurisconsulto, viejo militante del Partido Comunista y alguna vez candidato a miembro de la Corte Suprema; ambos fervientes kirchneristas. Se trataba de una grabación en la que una señora orientaba a deprimidos, esquizofrénicos, etc., y que al fi

Existen abundantes evidencias de una íntima conexión entre política, seguridad, justicia, trabajo informal, trafico de drogas y corrupción. Aunque a veces no están dadas estas seis condiciones vinculadas en el mismo fenómeno es casi imprescindible que exista el delito de corrupción pública como sustento del quebramiento de la ley en los otros ámbitos. Aunque todavía no está formalmente probado, es posible que en el complejo fenómeno de LA SALADA se encuentren incluidos esos seis elementos jugando de diversas formas. El fenómeno de La Salada tiene a la vez una característica de extrema gravedad que habla de la masividad de la ilegalidad a la luz pública. El sistema existe desde hace años, creciendo ante la mirada aparentemente impasible de todos. Incluso fue expuesto por el gobierno como un modelo de producción y de comercialización a replicar. De hecho eso sucedió y se estaba expandiendo. No está claro como se rompió (si eso realmente ocurrió) la cadena de complicidades que le l

La corrupción en organizaciones humanas es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las mismas en provecho económico, o de otra índole, de sus gestores. Específicamente la corrupción en las organizaciones públicas se produce cuando éstas son empleadas por actores privados y públicos para provecho propio o de un grupo de personas. Este fenómeno adquiere particular relevancia cuando la corrupción pública afecta la calidad del gobierno y de sus políticas. Existe cierto consenso que hay una íntima vinculación entre ambos hechos y que sus efectos impactan negativamente en fenómenos como la inversión y la pobreza. El origen de la corrupción se puede encontrar en la cultura de un pueblo y en la debilidad de sus instituciones. La corrupción existe en casi todos los países del mundo aunque en distinto grado pero el caso argentino es paradigmático dado que la misma inficiona ampliamente los diferentes estamentos de la sociedad y su cometimiento ra