LA CORRUPCIÓN EN LA ARGENTINA

Nota del Editor: La decisión del gobierno de solicitar el ingreso a la OCDE implicará adoptar reglas internacionales del organismo, incluidas normas sobre transparencia y control de delitos de corrupción. Como la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria actualmente en trámite parlamentario. La nota: "En junio del año pasado, Argentina manifestó su voluntad de sumarse a la OCDE. En marzo pasado, presentó un “Plan de Acción Argentina & OCDE 2016-2017” y, al mes siguiente, concretó el pedido formal de ingreso a la organización como miembro pleno o socio estratégico. La solicitud ha dado inicio así a un proceso que, según se ha visto en otros casos, insumirá al menos un trienio. Durante el  mismo el país debe aprobar las recomendaciones técnicas que realice la institución y, al mismo tiempo, debe adoptar el acervo normativo que supone la pertenencia a la organización. La meta final es lograr la aprobación del ingreso por parte de los 35 países que actualmente s

"La figura de corrupción efectivamente no existe como tal en el  Código Penal  porque se trata de un concepto que engloba a múltiples delitos contra la administración pública. Algunos de ellos son: –    El cohecho, o pago de sobornos. –    La dádiva, o entrega de regalos. –   El tráfico de influencias, que castiga al que utiliza indebidamente su posición o contactos para presionar a un funcionario público. –   La malversación de fondos públicos, que penaliza a funcionarios que den un uso distinto al previsto a los presupuestos estatales. –   O el enriquecimiento ilícito, que incluye figuras como el uso de información reservada para beneficio personal. Todos estos delitos están tipificados en el Código Penal y tienen penas que en su mayoría van de uno a seis años de prisión, aunque depende del caso y existen agravantes. “ En un hecho de corrupción puede haber más de un delito  como malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles con la función públ

Durante el 66o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones , celebrado en septiembre de 2011, se lanzó a nivel mundial el  "Open Government Partnership" (OGP)  o  "Alianza para el Gobierno Abierto"   (AGA)  como un esfuerzo global para ampliar la frontera en la mejora del desempeño y de la calidad de los gobiernos. Esta iniciativa fue liderada por los gobiernos de Estados Unidos y Brasil    y hoy cuenta con 75 miembros, 16 de los cuales son de Latinoamérica y el Caribe. La  Alianza para el Gobierno Abierto   (AGA), está orientada a propiciar compromisos concretos desde los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en el debate y en la decisión de los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza democrática y la calidad de los servicios públicos. En todos los países adscritos, gobierno y sociedad civil trabajan juntos para desarrollar e implementar