LA CORRUPCIÓN EN LA ARGENTINA

Nota del Editor Los poderes constitucionales tienen organismos dedicados a controlar y mejorar su funcionamiento. El Consejo de la Magistratura es un organismo del Poder Judicial que interviene en funciones claves de su administración.  La nota ¿Qué es el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación? El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, incorporado a la Carta Magna mediante la reforma constitucional realizada en el año 1994, y se encuentra regulado por la Ley 24.937 (t.o. por Decreto 816/1999), norma esta última que fue reformada parcialmente por la Ley 26.080 (t.o. por Decreto 207/2006). Las atribuciones del Cuerpo han sido establecidas por el art. 114 de la Constitución Nacional, en los siguientes términos: “ El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y

"El Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital citó a las partes a que comparezcan a juicio y examinen las actuaciones. Se trata de una etapa previa a que el tribunal fije fecha de inicio del juicio oral. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital –integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez- resolvió este miércoles citar a las defensas de Julio de Vido y de Gustavo Simeonoff y a las demás partes para que, en un plazo de  diez días, comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los documentos secuestrados, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes, en el marco de la causa por la tragedia de Once. Se trata de una etapa previa a que el tribunal fije la fecha de inicio del juicio oral. Antes, el tribunal había rechazado dos excepciones planteadas por la defensa de Simeonoff. En una había solicitado que se aparte a la Oficina Anticorrupción de su rol de querellante; en la otra,

PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN Resolución 3-E/2017 Ciudad de Buenos Aires, 01/02/2017 VISTO lo prescripto por los artículos 1° y 2° del Anexo III de la Reglamentación del Capítulo IV de la Ley N° 25.344 de los Juicios contra el Estado Nacional, aprobado por el Decreto N° 1116/2000; la Resolución PTN N° 86/02; la Ley N° 12.954 y su Decreto reglamentario N° 34.952/47; la Ley N° 24.667; y CONSIDERANDO: Que resulta necesario extremar los esfuerzos tendientes al recupero de activos y la reparación de los daños sufridos por el Estado como consecuencia de actividades ilícitas. Que ese cometido cumple el doble propósito de procurar el retorno de fondos públicos y de combatir la impunidad. Que la recuperación de activos constituye uno de los objetivos centrales de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (cfr. art. 51 y siguientes de la Ley N.° 26.097) y de la Convención Interamericana contra la Corrupción (cfr. art. XV de la Ley N.° 24.759). Que,

"Hace unos días, varios medios se hicieron eco de una noticia difundida por el Centro de Información Judicial: máquinas y equipos viales pertenecientes a las firmas constructoras de Lázaro Báez serán utilizadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). A continuación veremos algunos puntos importantes del caso para entender por qué se toma esta medida, qué consecuencias tiene y qué debemos hacer con el sistema de administración de bienes en causas penales. ¿Cómo se inició todo? Este mes se cumplieron cuatro años de aquella famosa cámara oculta en el programa de Jorge Lanata en la cual Leonardo Fariña explicaba el funcionamiento de una operación criminal que giraba en torno al lavado de activos por parte de Lázaro Báez, entre otros delitos y otros involucrados. Allí se inició una investigación judicial (causa nº 3017/13) que quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello. Ésta no es la única causa contra Báez, pero sí es la investigación en el marco de la cual se h

"El Gobierno promulgó este miércoles la ley que extiende la figura del arrepentido en el Código Penal (ver)  para que abarque casos de corrupción, delitos contra el Código Aduanero y asociación ilícita. El decreto 1.144 publicado en el Boletín Oficial marca la entrada en vigencia de la ley 27.304, sancionada el 19 de octubre último por el Congreso Nacional, que amplía la figura del arrepentido, que antes sólo existía para los delitos de privación ilegítima de la libertad, trata de personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico.  La decisión del Ejecutivo lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Justicia, Germán Garavano. El proyecto fue aprobado por unanimidad de 137 votos, con el respaldo del oficialista Cambiemos y el Frente Renovador pero sin la presencia del Frente para la Victoria-PJ y algunos bloques de Izquierda que adhirieron al paro convocado por el colectivo NiUnaMenos.

El proyecto de Ley de Extinción de Dominio (ver)  a consideración del Congreso Nacional y que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados

Nota del Editor Un cronista de Página 12 da su opinión sobre el duro debate en un plenario de comisiones motivado por algunos expositores sobre los proyectos de leyes mencionados, iniciados en la Cámara de Diputados a propuesta del Frente Renovador apoyada por Cambiemos. La noticia La mayoría de los expositores en el plenario de comisiones rechazaron las dos iniciativas aprobadas en Diputados. Las calificaron como inconstitucionales y violatorias de los principios de inocencia y del debido proceso, entre otras cosas. “Mamarracho”, “papelón”, “escandaloso”, “inconstitucional”, “inaceptable”, “falto de sistematicidad y racionalidad”, “violatorio de los principios de legalidad, de culpabilidad y de inocencia”, todos esos calificativos, entre otros, recibieron ayer los proyectos de ley del arrepentido y de extinción de dominio que se analizaron en un plenario de comisiones del Senado. Juristas, profesores de derecho, fiscales, magistrados y hasta funcionarios del propio oficia