LA CORRUPCIÓN EN LA ARGENTINA

El  proyecto de ley es una propuesta elaborada por la Oficina Anticorrupción y presentada por el Poder Ejecutivo Nacional. ante la Cámara de Diputados el 20 de octubre de 2016 con la firma de Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y Marcos Peña, jefe de Gabinete. Fue revisado las Comisiones de Legislación Penal y Legislación General.   La ley pretende cumplir con las recomendaciones presentadas en la  Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales  de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la primera herramienta enfocada en la lucha contra la corrupción desde una perspectiva de oferta de sobornos. Cumplir con estas recomendaciones es un requisito de la OCDE para países miembros, un grupo al que el gobierno de Macri  está buscando  pertenecer. La Argentina firmó la convención en 1997 y la ratificó en el 2001. En 1999, se implementó la  Ley de Ética de la Func

Hoy, 30 de junio, el diario La Nación tituló una noticia: " El Gobierno ahorró US$ 2000 millones en la obra pública al eliminar los sobreprecios pagados en el kirchnerismo” Conforme la nota se trata de un ahorro del 40% frente al gasto 2012-2015, según las cifras oficiales; es la mitad del dinero que se asigna en forma anual a la Asignación Universal por Hijo. De ser así, sin duda es una buena noticia. Aunque no hace sino poner en evidencia un delito que se comete desde mucho antes del kirchnerismo. Por ejemplo en la década de los 90, incluyendo las licitaciones de las privatizaciones de las empresas públicas. Es sabido en amplios sectores del mundo de los negocios privados, del gobierno y de la Justicia, que los potenciales contratistas del Estado, especialmente de las grandes obras públicas, se cartelizan (se ponen de acuerdo) para establecer los valores a cotizar en las licitaciones. También acuerdan quién hará cada una de las obras licitadas o a licitar. El delito

Algunos dicen que Mauricio Macri le perdonó a su padre 70.000 millones de pesos (US$4.500 millones). Otros, que fueron cerca de 4.000 millones (US$258 millones). En cambio el gobierno dice que  no se perdonó ni un peso  y, por el contrario, la deuda se está cobrando completa. Así de  confusos  son los números que rodean la polémica en torno al Correo Argentino, una empresa que perteneció a Franco Macri, padre del presidente argentino, y que quebró hace más de una década, dejando una millonaria deuda con el Estado. La controversia surgió la semana pasada cuando una fiscal denunció que un acuerdo que alcanzaron en 2016 el gobierno y el grupo de Franco Macri para resarcir la deuda es " abusivo ". La polémica fue tomando fuerza y se agravó este lunes cuando el  presidente Macri fue imputado  por el acuerdo, lo que abre la posibilidad de que sea investigado por la Justicia si un juez acepta la imputación. Qué ha mejorado, qué ha empeorado y qué sigue igual en Argentin

Según un informe del juzgado de Rafecas, hubo 72 pasos administrativos para ir subiendo el presupuesto. Desde que se licitó la obra hasta su ejecución en manos de Odebrecht, la obra de ampliación de los gasoductos norte y sur arrojó una diferencia de  más de 800 millones de dólares . El número figura en un informe que realizó el juzgado de Daniel Rafecas, donde se contabilizaron 72 pasos administrativos mediante los cuales se fueron modificando los costos de la obra. La Justicia investiga el presunto sobreprecio y no descartan que la asuma sea aún mayor: hay más de  16 fideicomisos, adendas, redeterminaciones de precios  y pagos por fuera de de estos mecanismos. El Gobierno, que rescindió la obra-  no considera aún readjudicarla. El primer número oficial para el Proyecto de la Ampliación de la Capacidad de Transporte Firme de Gas, firmado con Cammesa y Albanesi, que subcontrataron a Odebrecht, fue de  1.427 millones de dólares . Le siguieron 72 instancias administrativas, i

El financiamiento de la política se refiere al método que se utiliza, y que regula la ley, para que los partidos políticos obtengan fondos para su mantenimiento. Estos fondos son utilizados para fines que incluyen desde el mantenimiento de locales partidarios hasta el despliegue de las campañas electorales. Los recursos pueden ser obtenidos de forma pública, por medio del Fondo Partidario Permanente, o privada, mediante aportes de sus afiliados, de donaciones de otras personas, o por otro tipo de actividades. El financiamiento de la política debe estar regulado principalmente por dos razones: asegurar la equidad de la competencia entre los diferentes partidos, y garantizar la transparencia del sistema electoral. Sobre la primera cuestión, la discrecionalidad en el reparto publicitario incentiva un sistema mediante el cual un gobierno puede beneficiar a medios afines y penalizar a los que considera opositores, constituyendo una amenaza para la libertad de expresión. A su vez, e

La demanda de un Sistema Judicial independiente es una demanda legítima que tiene fundamento en nuestra Constitución Nacional, y que viene siendo un reclamo de la ciudadanía ya hace varios años. En este caso, se da en un contexto de numerosas causas de corrupción que involucran a funcionarios públicos de alto rango tanto del gobierno anterior como del actual que, por distintas razones, no avanzan como deberían. En este sentido, si tomamos las  causas de corrupción más relevantes de los últimos años  podemos ver que el promedio de duración es de 14 años, y que hasta el momento sólo hay 5 causas con condena firme que involucren a funcionarios de alto rango. Para entender los problemas que llevan a estas demoras primero tenemos que tener en cuenta que a pesar de que cuando hablamos de “Justicia” nos referimos al Poder Judicial, nuestro “Sistema de Justicia” está integrado también por otros organismos, como el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, y agencias

Conflictos de intereses. Políticas de control patrimonial de los funcionarios. Política de obsequios. Mecanismos de nombramientos en el Estado y contrataciones de obra pública. Nepotismo. Acceso a la información pública. Durante el próximo año, la Argentina será evaluada internacionalmente en esos aspectos que componen los estándares de ética. Habrá que trabajar en lo que esté mal si el Gobierno quiere anotarse unos puntos más para lograr un objetivo sustancial en la política exterior macrista: ingresar como miembro pleno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), hoy integrada por 35 países. El país adhirió el mes pasado a la recomendación de integridad pública que promueve el organismo como una estrategia contra la corrupción en la administración estatal, el sector privado y la sociedad civil. La adhesión se consolidó en París, durante una reunión de la que participó Laura Alonso, jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), que es el nexo entre el país

Con una leve mejoría, la Argentina escaló 12 lugares y se ubicó en el puesto 95 sobre 176 países auditados según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), uno de los indicadores más difundidos a nivel global, elaborado por Transparencia Internacional (TI). El IPC es una encuesta de encuestas, que resulta de consultas a empresarios, académicos y expertos de cada país sobre la percepción que tienen del manejo del Gobierno y de los funcionarios en general en lo relacionado con los fondos públicos. En 2015, el país se encontraba en el puesto 107. El año pasado mejoró su posición que comparte con otros cinco: El Salvador, Kosovo, Maldivas, Sri Lanka y Benín. En el nivel latinoamericano, la Argentina está delante de Perú y detrás de Colombia, que ocupa el puesto 90 y continúa lejos de los dos países más valorados de la región: Uruguay, en la posición 21, y Chile, en la 24. El peor clasificado fue Venezuela, en el puesto 166. Los mejor ubicados son Dinamarca y Nueva Zelanda. Seg

La Cámara de Diputados aprobó hoy, en general , el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que  penaliza la corrupción empresaria contra la Administración Pública  con fuertes multas y la prohibición de participar en licitaciones públicas, entre otras sanciones. (1) La coalición  Cambiemos  logró la aprobación del proyecto con el apoyo del massimo que a cambio consiguió el compromiso del oficialismo para que se consideren algunas de sus propuestas durante el tratamiento en particular. A favor de la iniciativa votaron 131 diputados; en contra lo hicieron 63, en tanto que 7 se abstuvieron. Antes de aprobar en general el proyecto, el bloque  Justicialista  propuso la vuelta a comisión del texto, moción que fue rechazada por 118 diputados (Cambiemos y Frente Renovador) y apoyada por 83 (Bloque Justicialista y Frente para la Victoria-PJ). Cambiemos logró alcanzar el quórum reglamentario para abrir la sesión pasado el mediodía con el apoyo del massimo y del bloque justicialista, au

Desde aproximadamente el año 2000 el narcotráfico ha evolucionado velozmente hasta nuestros días. Ese proceso necesariamente se sustenta en una trama de complicidades que incluye a las fuerzas de seguridad, la justicia y el poder político. El inicio del proceso data de fines de los años 70. Durante la década de los 80 Argentina era solo un país de tránsito en donde los delitos se producían de la combinación alcohol - rohypnol.  En los años 90 comienzan las primeras exploraciones de actores internacionales de las drogas en nuestro territorio. Entre el año 2000 y 2001 el narcotráfico internacional asentado en el país se encuentra en estado embrionario. Se conforman las primeras bandas semi organizadas de carteles internacionales y las primeros grupos locales. También se inicia un entramado de alianzas entre distintos actores vinculados con la actividad delictiva. En los años 2007/2010 se produce un punto de inflexión del proceso de narcotráfico con la efedrina. Se consol

Golpeada por el escándalo de las coimas y a pedido del Gobierno, la constructora le cedió su parte a una compañía italiana. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento era la principal obra pública que Odebrecht tenía en la Argentina, y es esta una de las causas que investiga la Justicia Federal por el presunto pago de sobornos millonarios durante el kirchnerismo para ganar este contrato. Golpeada por este escándalo - la empresa confesó que sólo en la Argentina pagó U$S 35 millones en coimas - y a pedido del Gobierno, la firma brasileña decidió vender su participación en el consorcio por estas obras a la compañía Ghella. Este proyecto tiene un presupuesto de US$ 3.000 millones, aportados por el Estado, y un avance de obra del 3%. Ghella manejaba las direcciones del Proyecto y de la Producción y ahora incorpora la de Ingeniería. Además conseguiría nuevo financiamiento para la megaobra. El Consorcio Nuevo Sarmiento estará ahora a cargo de la firma italiana, con el 70,4% de las

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky consideró probado que los hermanos Juan José, Carlos y Alejandro Levy lavaron en la Argentina decenas de millones de dólares que obtuvieron del gobierno de Venezuela mediante una defraudación, al firmar contratos para venderle todo tipo de mercaderías con sobreprecios: desde medicamentos y artículos de limpieza, hasta decodificadores de televisión digital triangulados desde China. "El inflamiento de los precios pactados en los contratos de suministros desafía la lógica de la escalabilidad del negocio en cuanto a que a mayor volumen de productos menor debería ser el precio de venta", estimó Aguinsky, quien detalló que los Levy colocaron ese dinero en el mercado local con el fin de completar su presunto blanqueo. El magistrado apuntó también contra cinco colaboradores de los Levy -Juan Ignacio Simó, Julio César Barlocco, Julián Francisco Rubio, Miguel Álvaro Romero y Horacio Beresñak-, y contra tres de sus principales empresas