Artículo de opinión: "Sistema Judicial y Corrupción. Los principales problemas" Tamara Laznik

La demanda de un Sistema Judicial independiente es una demanda legítima que tiene fundamento en nuestra Constitución Nacional, y que viene siendo un reclamo de la ciudadanía ya hace varios años. En este caso, se da en un contexto de numerosas causas de corrupción que involucran a funcionarios públicos de alto rango tanto del gobierno anterior como del actual que, por distintas razones, no avanzan como deberían.

En este sentido, si tomamos las causas de corrupción más relevantes de los últimos años podemos ver que el promedio de duración es de 14 años, y que hasta el momento sólo hay 5 causas con condena firme que involucren a funcionarios de alto rango.

Para entender los problemas que llevan a estas demoras primero tenemos que tener en cuenta que a pesar de que cuando hablamos de “Justicia” nos referimos al Poder Judicial, nuestro “Sistema de Justicia” está integrado también por otros organismos, como el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, y agencias del Poder Ejecutivo como la Oficina Anticorrupción. De esta forma el Sistema de Justicia es un concepto más amplio que incluye a distintos organismos, los cuales tienen funciones institucionales distintas, pero todos intervienen en los procesos judiciales y son necesarios para poder llevar adelante los procesos penales por corrupción.

A su vez, también debemos tener en cuenta que la investigación, persecución y sanción de la corrupción requiere de un sistema judicial eficaz e independiente, y para ello nuestro sistema institucional prevé distintos mecanismos y herramientas. Sin embargo estos mecanismos tienen fallas que se traducen en las demoras injustificadas y en la impunidad.

¿Cuáles son los principales problemas?

• Independencia: En materia de independencia judicial, las normas que regulan los procedimientos de selección y designación de jueces son vulnerables a la manipulación política. Lo mismo ocurre con los procesos disciplinarios, a través de los cuales el régimen disciplinario es utilizado en ciertas ocasiones para presionar a determinados jueces, iniciándoles investigaciones por sus actuaciones en causas sensibles de índole política.

• Transparencia: La falta de transparencia del proceso penal y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas respecto de la actividad de jueces y fiscales conduce a que algunos casos penales de corrupción puedan ser manejados políticamente. Al no encontrarse obligados a brindar explicaciones, ni existir controles efectivos sobre su actividad, es posible que jueces y fiscales decidan avances a retrocesos de casos sensibles a partir de variables de índole política, en lugar de variables jurídicas.

• Capacidades técnicas: La falta de capacidades técnicas de los operadores judiciales es también un problema para poder enfrentar la corrupción, un tipo de criminalidad que se caracteriza por ser compleja y requerir de personal altamente capacitado para enfrentarla adecuadamente. La capacitación y especialización de los funcionarios a cargo de esta tarea es indispensable. Además, eso hace necesario que las agencias especializadas –por ejemplo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- sean las que tengan a su cargo los casos de corrupción, dado su alto grado de especialidad en la temática.

• Código Procesal: La implementación de un código procesal moderno, que asegure eficacia en la investigación y respeto por los derechos y garantías de los acusados, es imprescindible para mejorar la respuesta del sistema judicial frente a la corrupción. Es necesario que los operadores judiciales tengan a disposición herramientas procesales desburocratizadas y flexibles para administrar sus esfuerzos de un modo eficiente, y así mejorar las investigaciones y lograr que los procesos penales por corrupción avancen.

• Servicios de inteligencia: Para mejorar la actuación de las agencias judiciales en la lucha contra la corrupción es indispensable aumentar los controles sobre la actividad de los servicios de inteligencia, con el fin de limitar su relación con los jueces y fiscales federales. Su estrecha relación, que se produce en un contexto de secreto y absoluta falta de control, ha permitido que muchos casos judiciales fueran parte de operaciones políticas, desnaturalizando así la actividad judicial.

Como vemos, los problemas en el tratamiento de las causas de corrupción son multicausales y están presentes desde hace muchos años, sin diferencias en los distintos gobiernos. Es por esto que necesitamos reformas estructurales que aumenten los niveles de independencia, capacidades técnicas, transparencia y rendición de cuentas de los organismos que participan en los procesos judiciales para así fortalecer nuestro Sistema de Justicia.