Desde
que se licitó la obra hasta su ejecución en manos de Odebrecht, la obra de
ampliación de los gasoductos norte y sur arrojó una diferencia de más
de 800 millones de dólares. El número figura en un informe que realizó el
juzgado de Daniel Rafecas, donde se contabilizaron 72 pasos administrativos
mediante los cuales se fueron modificando los costos de la obra. La Justicia
investiga el presunto sobreprecio y no descartan que la asuma sea aún mayor:
hay más de 16 fideicomisos, adendas, redeterminaciones de precios y
pagos por fuera de de estos mecanismos. El Gobierno, que rescindió la
obra- no considera aún readjudicarla.
El
primer número oficial para el Proyecto de la Ampliación de la Capacidad de
Transporte Firme de Gas, firmado con Cammesa y Albanesi, que subcontrataron a
Odebrecht, fue de 1.427 millones de dólares. Le siguieron 72
instancias administrativas, incluidas las adjudicaciones e intervención de la
firma brasileña investigada por haber pagado sobornos en Argentina para obtener
obras. La obra ya en ejecución, tuvo un último número de 2.300 millones
de dólares: 873 millones de dólares más.
“Se
busca determinar el sobreprecio en la obra y si en el transcurso de la
misma hubo pago de sobornos que pudieron trasladarse a las variaciones
de costos de la obra”, indicaron fuentes de la causa a Clarín. Desde el
Gobierno, señalaron que establecer una cifra es difícil ya que “la obra se armó
en dos etapas y cada una de ellas contaba con ocho fideicomisos poco claros”,
explicaron a este medio. No arriesgan un número aún, pero para la
Justicia “podría superar los 873 millones de dólares”.
La
variación del costo tuvo varias instancias. No sólo los pagos con fideicomisos,
sino también las redeterminaciones de precios. “Se violó el monto original a
través de la firma de adendas privadas que iban modificando los costos sin
controles”, señaló una alta fuente del Gobierno. Las irregularidades detectadas
serán enviadas al fiscal Federico Delgado, que tiene la causa junto a Rafecas.
Muchas
de las actuaciones que incrementaron el valor de la obra de los gasoductos
norte y sur fueron ordenadas por la secretaría de Energía que dirigió Daniel
Cameron y el Enargas, con el aval del ministerio de Planificación y la
secretaría de Obras Públicas, bajo la conducción de Julio De Vido y
José López, respectivamente.
Consultados
por Clarín, desde Odebrecht reiteraron que “no hubo sobreprecios en la obra.
Los precios promedio en este proyecto están alineados con los precios
internacionales y son inferiores a valores de otros contratos similares en
Argentina”.
La
obra, sin embargo, fue rescindida por el ministro de Energía Juan José
Aranguren el año pasado, por diversas irregularidades “y sobreprecios en
actuaciones puntuales”, como las ofertas de Odebrecht para construir
colectores para la planta compresora Beazley y para la Planta Pichanal. La
comparación entre ambas ofertas “resulta superior al 400%”, indica
la denuncia que presentó Marcelo Blanco, titular de Nación Fideicomisos, donde
sostiene que la firma “aplicó sobreprecios” por dicho porcentaje “canalizados
a través de fideicomisos” generando pérdidas millonarias para el
Estado.
El
expediente fue archivado por la jueza María Servini de Cubría y que
recientemente, Rafecas pidió que se reabra para adjuntarla a la
investigación conocida como "Skanska II" donde se investiga
a Odebrecht y la obra del gasoducto.
Sólo en febrero de 2006 el costo de obra de la
primera etapa pasó de 827.960.000 dólares a 1.182,270.000
dólares. “No se encontró documentación que justificara las diferencias
de estimación de costos entre etapas”, señaló el informe pericial. Sólo como
muestra "de la falta de controles", indicaron fuentes
judiciales.
Clarin
Comentarios
Publicar un comentario
Nos interesa conocer su opinión sobre el blog. Gracias.