LA CORRUPCIÓN EN LA ARGENTINA

Nota del Editor: Esta nota del Centro de Investigación Periodística - CIPER (Chile) describe en detalle un caso de cómo una empresa internacional  (Walmart Chile)  evade impuestos en su lugar de residencia a través de empresas de auditoria, bancos internacionales y de sociedades localizadas en paraísos fiscales. La información obtenida en la última filtración de datos de APPLEBY confirma y completa las evidencias y análisis realizados en este caso por la autoridad fiscal de Chile. La nota también pone de manifiesto la debilidad de las estructuras del Estado en un caso de evasión como éste, frente a los enormes recursos de que disponen estas empresas. La nota “En el juicio entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Walmart Chile, el organismo fiscalizador exige el pago de al menos $80 mil millones (US$126 millones). La autoridad sostiene que el gigante del retail sacó capital de nuestro país como si fuera deuda y aparentó pérdidas que no tenía, evitando pagar tributos. Ah

“En junio del año pasado (2017), Argentina manifestó su voluntad de sumarse a la OCDE. En marzo pasado, presentó un “Plan de Acción Argentina & OCDE 2016-2017” y, al mes siguiente, concretó el pedido formal de ingreso a la organización como miembro pleno o socio estratégico. La solicitud ha dado inicio así a un proceso que, según se ha visto en otros casos, insumirá al menos un trienio. Durante el  mismo el país debe aprobar las recomendaciones técnicas que realice la institución y, al mismo tiempo, debe adoptar el acervo normativo que supone la pertenencia a la organización. La meta final es lograr la aprobación del ingreso por parte de los 35 países que actualmente son miembros de la OCDE. Cabe señalar que la relación entre Argentina y la OCDE no es nueva: el país ha suscripto 30 instrumentos de la organización y la relación con la institución data de tiempo atrás. En 1997, adhirió a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacci

"La Cámara de Diputados de la Nación sancionó por 144 votos afirmativos, 6 votos negativos y 31 abstenciones, el proyecto que establece un Régimen de Responsabilidad Penal para las personas jurídicas. Como miembro informante del proyecto, la diputada Gabriela Burgos, presidente de la Comisión de Legislación Penal, recordó que la iniciativa fue enviada originalmente por la Oficina Anticorrupción, aprobada con cambios en Diputados y modificada en el Senado.  Las modificaciones realizadas por la Cámara alta extienden el objeto de la ley a los delitos de cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con la función pública; enriquecimiento ilícito y realización de balances falsos en empresas. Además, el Senado estableció un plazo de prescripción de 6 años para los delitos de esta naturaleza. En cuanto a las penas, las multas se tienen que cuantificar entre el 2 o 5 por ciento del monto del beneficio que se podría haber obtenido en el ilícito.  “Est