"La Cámara de Diputados de la
Nación sancionó por 144 votos afirmativos, 6 votos negativos y 31 abstenciones,
el proyecto que establece un Régimen de Responsabilidad Penal para las personas
jurídicas.
Como miembro informante del
proyecto, la diputada Gabriela Burgos, presidente de la Comisión de Legislación
Penal, recordó que la iniciativa fue enviada originalmente por la Oficina
Anticorrupción, aprobada con cambios en Diputados y modificada en el Senado.
Las modificaciones
realizadas por la Cámara alta extienden el objeto de la ley a los delitos de
cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con la función
pública; enriquecimiento ilícito y realización de balances falsos en empresas.
Además, el Senado estableció
un plazo de prescripción de 6 años para los delitos de esta naturaleza. En
cuanto a las penas, las multas se tienen que cuantificar entre el 2 o 5 por
ciento del monto del beneficio que se podría haber obtenido en el ilícito.
“Esta ley va en sintonía con
los países del mundo que modifican sus legislaciones para atacar la corrupción
utilizando personas jurídicas”, explicó Burgos.
En tanto, el diputado Daniel
Lipovetsky, en nombre del interbloque Cambiemos, dijo que “la Argentina se
comprometió internacionalmente a tener esta ley hace 16 años” y reclamó por la
ley de extensión de dominio “para recuperar lo que se robaron y devolverlo a la
gente”.
“Hoy estamos dando un paso
enorme en la lucha contra la corrupción. Si queremos terminar con la corrupción
tenemos que sancionar a los funcionarios, a los empresarios y a las personas
jurídicas”, resumió Lipovetzky.
Desde el Frente para la
Victoria, Guillermo Carmona, adelantó que su bancada se abstendría de votar el
proyecto. “Esta ley podría denominarse ley OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos). Una organización en la que el gobierno
está interesado en participar, que pone condiciones para su ingreso”, dijo el
diputado del FpV.
El bloque de Unidos por una
Nueva Argentina criticó los cambios que hizo el Senado. “Deja librado a que el
sistema de punibilidad de las personas jurídicas sea una decisión privada de la
empresa y afecte el principio de orden público tal como lo establece el código
penal”, resumió Juan Fernando Brügge.
“Esta ley es imperfecta, no
tenemos duda que va a ver que modificarla. Insistimos en la imprescriptibilidad
de los delitos de corrupción y con la ley de extinción de dominio que duerme en
el Senado”, agregó.
Asimismo, el diputado Néstor
David del bloque Justicialista también consideró que “hay modificaciones
negativas donde ha primado la expectativa del sector empresarial, hay algunos
salvoconductos que benefician a la empresa corrupta, lo mismo pasa con el tema
de las atenuaciones que se ha cambiado por causales de eximición”.
Sin embargo, David manifestó
que “estamos dando un paso enorme”. “La sociedad no permite que este país siga
embargado en hechos de corrupción. Luchamos con herramientas válidas contra la
corrupción. Vamos acompañarla”, sentenció.
El socialismo, en nombre de
Alicia Ciciliani, adelantó igualmente su respaldó al proyecto. “Las
modificaciones al texto expresan el consenso para penalizar a los empresarios
que incurren en corrupción. Eso es un gran avance”, dijo.
En tanto, el Frente de
Izquierda manifestó la negativa del bloque a la iniciativa, con duras críticas
al proyecto, al considerar que “beneficia a las empresas y a la impunidad”.
Proyecto Sur también se sumó al rechazo.
En las leyes actuales las
penas recaen sobre las personas físicas -directivos, gerentes o quienes tienen
responsabilidad por los delitos- pero no sobre las organizaciones, como sí
sucede en otros países. La sanción de la ley
implicará el cumplimiento del pedido de la OCDE para que Argentina pueda
ingresar a dicho organismo.
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