"El viernes 29 entró en vigencia la ley de Acceso a la Información Pública (25.275), sancionada por el Congreso hace menos de un año. Sin embargo, la norma que obliga a los tres poderes del Estado a entregar información sobre sus acciones a cualquier ciudadano que las requiera fue modificada el lunes por un DNU (746/17) que restringe y modifica sus funciones. La letra y el espíritu de la ley buscan “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”, es decir, transparentar las acciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se basa en el derecho de los ciudadanos a conocer qué hacen los funcionarios públicos y, entre otras cosas, poder monitorear el destino del dinero público. Para eso, en principio, se creó una agencia autárquica y autónoma de Acceso a la Información Pública, que será dirigida por Eduardo Bertoni. Pero el decreto 746 definió que esa autono
Mi bitácora. GUILLERMO GENTA