La reciente denuncia de sobreprecios en contratos con Odebrecht para construir gasoductos, administrados a través de un fideicomiso invita a una reflexión sobre el uso de ese mecanismo de gasto de fondos del Estado. Los fideicomisos públicos pueden ser considerados instrumentos jurídicos creados por la administración pública para cumplir con una finalidad lícita y determinada, a efecto de fomentar el desarrollo económico y social a través del manejo de los recursos públicos administrados por una institución fiduciaria. Asimismo, mediante el contrato de fideicomiso se da seguimiento a diversos programas y proyectos estatales que persiguen el bien común. Representan un rubro considerable del gasto público (en especial en materia de obras energéticas), sin embargo, su situación legal irregular (dependen de disposiciones contenidas en varios cuerpos legales, y en general, de normas pertenecientes al derecho privado) ha moldeado sus condiciones de funcionamiento bajo criterios de
Mi bitácora. GUILLERMO GENTA