LA CORRUPCIÓN EN LA ARGENTINA

"Esta elección legislativa, que definió el Congreso que viene, nos invita a profundizar la mirada sobre el problema del uso de recursos públicos para hacer campaña electoral. A pesar de que los protagonistas de cada campaña varían, existe un elemento constante que siempre se encuentra presente a través de los años en Argentina: el uso ilegal de recursos del Estado para beneficiar al partido político en el poder. El 17 de julio de este año, el Presidente Mauricio Macri inauguró el Centro de Transbordo La Matanza junto a los candidatos a diputados por Cambiemos para la Provincia de Buenos Aires Graciela Ocaña y Héctor Flores. Similarmente, a tres días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 2015, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un aumento para los jubilados, acompañada por distintos candidatos oficialistas, incluyendo a Daniel Scioli y Aníbal Fernández. A pesar de que es una práctica frecuente, el uso electoral de los acto

¿Qué hay que cambiar en la OA? A pesar del rol importante que lleva a cabo la OA en nuestro país, determinadas características con las que fue creada y la forma en la cual desarrolla determinadas actividades pueden causar que no sea posible evitar los casos de corrupción. 1. Falta de Autonomía De acuerdo a organismos internacionales, oficinas como esta deben gozar de autonomía financiera e institucional. La conducción de la Oficina Anticorrupción es ejercida por el  Secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la corrupción, el cual es nombrado y removido por el Poder Ejecutivo Nacional.  Ello implica que la principal autoridad es elegida por el Presidente de la Nación, funcionario al que también deberá controlar. Lo mismo sucede con los  titulares de la Dirección de Investigaciones y de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia: también son elegidos y removidos por el presidente.   Es dificultoso que la OA sea parte del funcionami

"Pagos indebidos", "recursos indebidos", "valores indebidos", "ventajas indebidas" o "ajustes indebidos". Una y otra vez, los documentos judiciales brasileños del Lava Jato consignan eufemismos, pero son elocuentes. Con nombre y apellido, los arrepentidos de la constructora Odebrecht acusan al entonces ministro Julio De Vido y a su lugarteniente Roberto Baratta. De Vido y Baratta pasan ahora sus días en sus celdas. Pero durante más de una década fueron, según esos documentos brasileños, "dos de los funcionarios más poderosos del gobierno kirchnerista". Así los caracterizan los arrepentidos, que tampoco dudaron en señalar a un intermediario en particular: el lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez. Una y otra vez, también, los arrepentidos del gigante Odebrecht expusieron cómo habría sido la operatoria delictual. Primero, el reparto de la obra pública, coordinada por el entonces presidente de la Cámara Argenti

"¿Hablará  Julio De Vido ?  Desde que cayó preso el otrora poderoso ministro de Planificación kirchnerista la pregunta da vueltas en el ambiente. La respuesta es un misterio, pero el abanico de opciones que se abren si decide hablar puede terminar golpeando a buena parte del mundo político, empresarial y sindical. En los últimos cuatro años, más de 200 personas fueron denunciadas junto a De Vido en los tribunales de Comodoro Py. Son más de 50 causas: algunas avanzaron hasta terminar en procesamientos, mientras que otras fueron desestimadas rápidamente por su falta de sustento. Todas, sin embargo, permiten ver como la influencia que tuvo el ex ministro hoy se convierte en una especie de mancha venenosa: cualquier nexo puede ser motivo de sospecha. El listado, como es de esperar, está plagado de ex funcionarios. Desde ministros hasta dirigentes con cargos menores que terminaron teniendo participación en diferentes operatorias sospechadas. Pero también incluye a funcion