Noticia: "La Cámara de Diputados aprobó en general el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo que penaliza la corrupción empresaria contra la Administración Pública"

La Cámara de Diputados aprobó hoy, en general, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que penaliza la corrupción empresaria contra la Administración Pública con fuertes multas y la prohibición de participar en licitaciones públicas, entre otras sanciones. (1)

La coalición Cambiemos logró la aprobación del proyecto con el apoyo del massimo que a cambio consiguió el compromiso del oficialismo para que se consideren algunas de sus propuestas durante el tratamiento en particular.

A favor de la iniciativa votaron 131 diputados; en contra lo hicieron 63, en tanto que 7 se abstuvieron.

Antes de aprobar en general el proyecto, el bloque Justicialista propuso la vuelta a comisión del texto, moción que fue rechazada por 118 diputados (Cambiemos y Frente Renovador) y apoyada por 83 (Bloque Justicialista y Frente para la Victoria-PJ).

Cambiemos logró alcanzar el quórum reglamentario para abrir la sesión pasado el mediodía con el apoyo del massimo y del bloque justicialista, aunque hasta la media tarde se especuló con la posibilidad de que la misma se cayera antes de la votación por la falta de consensos.

El oficialismo logró juntar a los 129 legisladores para habilitar el debate sobre la corrupción, con los contados apoyos opositores y pese a la presión ejercida por el presidente del bloque kirchnerista, Héctor Recalde , para que se levante la deliberación al cumplirse el plazo de espera de media hora que establece el reglamento para reunir el quórum.

Ante el pedido del jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, decidió otorgar un nuevo plazo que luego se extendió tras un encendido discurso de la massista Graciela Camaño, que repudió la postura de Recalde.

"Nosotros hemos soportado hasta seis horas de espera cuando el kirchnerismo era oficialismo y quería sesionar, y ha cometido todo tipo de tropelías, y por eso ahora estamos pidiendo hacer un esfuerzo porque el tema a tratar así lo amerita", agregó la legisladora.

La propuesta oficial de penalización a las empresas que participan de actos de corrupción, impulsada por el Poder Ejecutivo a instancias de un proyecto elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA), apunta a dar a la Justicia nuevas herramientas para sancionar la corrupción empresaria contra la Administración Pública.

Contempla, entre otras cosas, introducir fuertes multas, que llegan incluso a la posibilidad de quitarle a la firma involucrada la posibilidad de seguir operando en el país.

El debate fue abierto por la presidenta de la comisión de Legislación Penal, la radical Gabriela Burgos, quien destacó: "Es la primera vez que se aprueba una ley para penalizar la corrupción empresarias" y aseveró que "acá no se le saca ninguna responsabilidad a aquellos que cometan actos de corrupción".

La legisladora radical defendió el sistema de colaborador eficaz y dijo: "Queremos información sobre quienes son los responsables de la corrupción y los que permitieron que no tengamos agua potable, y donde están esos funcionarios que se llevaron la plata, solo sabemos de José López, pero hay muchos José López".

El dictamen de mayoría establece que podrá celebrarse un acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público Fiscal y la empresa que se comprometa a aportar "información o datos precisos, útiles, completos y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito".

El acuerdo podrá prever el saneamiento de los actos viciados por los hechos reconocidos y la extinción de acciones sancionatorias y administrativas previa intervención vinculante de la Procuración del Tesoro de la Nación o autoridad equivalente en otros poderes o en las jurisdicciones locales, que deberá pronunciarse en relación al interés público comprometido.

La celebración del acuerdo de colaboración eficaz "no implicará reconocimiento de responsabilidad por parte de la persona jurídica".

En cambio no hay desacuerdos sustanciales en otros puntos del proyecto, que contempla fuertes multas, la prohibición de participar en licitaciones públicas y la posibilidad de quitar la licencia para operar en el país.

El dictamen que impulsa Cambiemos introduce cambios al proyecto original del Ejecutivo en las multas previstas, dado que disminuye el mínimo al 0,5 por ciento en lugar del 1 por ciento fijado inicialmente y mantiene el máximo del 20 por ciento.

En este sentido, establece que el cálculo se hará sobre los ingresos brutos anuales de la empresa que hubiera cometido el delito.

Sorpresivamente, la diputada nacional Graciela Camaño (del Frente Renovador-UNA, la fuerza que posibilitó el quórum), cuestionó el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria impulsado por el gobierno, al afirmar que "es muy malo", que "es nada más que para dar una noticia" y que dificilmente sea aprobado por el Senado.

"Esta ley es muy mala, a la OCDE (Organización Mundial de Comercio) no vamos a entrar con esta ley", expresó la diputada en el recinto de la Cámara baja al cuestionar uno de los objetivos que llevaron al Poder Ejecutivo a promover este proyecto.

(1) Nota del editor: pero no logró darle media sanción.

Fuente: La Nación