Con una leve mejoría, la Argentina escaló 12 lugares y se ubicó en el
puesto 95 sobre 176 países auditados según el Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC), uno de los indicadores más difundidos a nivel global,
elaborado por Transparencia Internacional (TI).
El IPC es una encuesta de encuestas, que resulta de consultas a
empresarios, académicos y expertos de cada país sobre la percepción que tienen
del manejo del Gobierno y de los funcionarios en general en lo relacionado con
los fondos públicos.
En 2015, el país se encontraba en el puesto 107. El año pasado mejoró su
posición que comparte con otros cinco: El Salvador, Kosovo, Maldivas, Sri Lanka
y Benín. En el nivel latinoamericano, la Argentina está delante de Perú y
detrás de Colombia, que ocupa el puesto 90 y continúa lejos de los dos países
más valorados de la región: Uruguay, en la posición 21, y Chile, en la 24. El
peor clasificado fue Venezuela, en el puesto 166. Los mejor ubicados son
Dinamarca y Nueva Zelanda.
Según autoridades de Poder Ciudadano -capítulo argentino de TI-, la
Argentina "sigue siendo vista como un país con altos niveles de
corrupción". Una auditoría del Consejo de la Magistratura determinó que en
los juzgados federales hay 2000 causas por corrupción abiertas, y que en los últimos
20 años se investigaron y concluyeron otras 4000 que dejaron sólo cinco
condenados. Desde la citada organización se sostuvo que "el pequeño avance
a nivel global puede responder a que el gobierno anterior era percibido como
altamente corrupto, y un cambio en la gestión, en principio, puede hacer que
esa percepción baje". Más aún, otro de los aspectos que pudo haber
influido fue la sanción de la ley de acceso a la información pública y la de
colaborador eficaz o arrepentido.
El 69% de los 176 países del IPC de 2016 obtuvieron una puntuación
inferior a 50, en una escala en la que el cero representa una percepción de
altos niveles de corrupción y 100, niveles ínfimos. En ese ranking fueron más
los países que descendieron posiciones que los que escalaron puestos.
La corrupción se ha convertido en el fantasma que recorre las gestiones
de gobierno en el mundo entero. De manera subrepticia o en algunos casos
evidente, va socavando el principio del bien común que teóricamente rige la
gestión pública y política, pues genera una distorsión en la apropiación y
redistribución de la riqueza pública, con fines privados, afecta la inversión
económica y calidad de los servicios del Estado, construye y refuerza redes de
poder que adhieren a los aparatos públicos -muchas veces independientemente de
quien ocupe el poder- y menoscaba la legitimidad y credibilidad en las
instituciones y la democracia. También afecta el nivel ético de la sociedad en
su conjunto. Un problema tan grave y tan complejo requiere de la voluntad y
decisión de todos los actores del país (gobierno, empresas, sindicatos,
organizaciones civiles y ciudadanos). Deberá buscarse que la práctica y la
cultura de la corrupción sean definitivamente sustituidas por la práctica y
cultura de la legalidad.
Fuente: La Nación
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