Hoy, 30 de junio, el
diario La Nación tituló una noticia: "El Gobierno ahorró US$ 2000 millones en la
obra pública al eliminar los sobreprecios pagados en el kirchnerismo”
Conforme la nota se trata
de un ahorro del 40% frente al gasto 2012-2015, según las cifras oficiales; es
la mitad del dinero que se asigna en forma anual a la Asignación Universal por
Hijo.
De ser así, sin duda es
una buena noticia. Aunque no hace sino poner en evidencia un delito que se
comete desde mucho antes del kirchnerismo. Por ejemplo en la década de los 90,
incluyendo las licitaciones de las privatizaciones de las empresas públicas.
Es sabido en amplios
sectores del mundo de los negocios privados, del gobierno y de la Justicia, que
los potenciales contratistas del Estado, especialmente de las grandes obras
públicas, se cartelizan (se ponen de acuerdo) para establecer los valores a
cotizar en las licitaciones. También acuerdan quién hará cada una de las obras
licitadas o a licitar. El delito es complejo e implica la partición, la
asociación, de varios sujetos físicos y legales.
El siguiente paso que
debería dar el actual gobierno (que requiere seriedad, compromiso y constancia)
es denunciar a los contratistas de esas obras para iniciar una investigación que
identifique a los actores públicos y privados que actuaron en connivencia para
contratar y ejecutar esos contratos de obra pública.
Y, a nivel de la
administración, correspondería iniciar sumarios para deslindar
responsabilidades en cada caso y solicitar a los funcionarios involucrados una
rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos.
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