Con el gobierno de Cambiemos resurgió la panacea de apelar a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para hacer frente al narcotráfico en el país. El propósito, esta vez, es “abrir una puerta que estaba cerrada” según palabras de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante su viaje a Washington en febrero de 2016.
La experiencia histórica de puertas abiertas no ha sido muy promisoria, sin embargo. En los años ‘70 se produce la primera presencia de la DEA y, como bien señala Valeria Manzano en un estudio riguroso, el aporte de esa agencia era usado por las autoridades argentinas “no tanto, ni fundamentalmente, para ‘combatir’ a la producción y al tráfico de sustancias ilegalizadas…(Así predominó un enfoque del) problema de las drogas como un asunto de seguridad nacional y asociaron a los ‘toxicómanos’ con la figura del enemigo interno”. A comienzos de los ‘80, y como lo muestran documentos desclasificados, la DEA cohonestó la operación Irán-Contras-Drogas en América Central; operación que contó con una “conexión” argentina a través de la participación de militares durante la última dictadura.
En los años ‘90, el presidente Carlos Menem se alineó con Washington y proclamó internamente la “mano dura” contra las drogas. No obstante, el ex jefe de la DEA en el país, Abel Reynoso, afirmó que al gobierno “no le interesaba luchar” contra el narcotráfico “porque estaba en el negocio”. La colaboración con la agencia estadounidense se volvió a reforzar durante el gobierno de Néstor Kirchner. Esta se prolongó durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Tal como lo destaca uno de los Wikileaks del 30 de enero de 2009, “el Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, recibió al Embajador (Earl A. Wayne)… y contestó sí a virtualmente toda oferta de colaboración y asistencia, incluyendo nuevo entrenamiento antiterrorista, un rol más destacado de la Argentina en las políticas antidrogas en la región en colaboración con la DEA”. Meses después, y como revela otro Wikileaks, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, “pidió participar en los siguientes entrenamientos sobre precursores químicos organizados por la DEA”. Sin embargo, esto no implicó un mejoramiento de las capacidades estatales para responder al fenómeno de las drogas.
La presidencia de Mauricio Macri encarna el resurgimiento de la quimera según la cual con una mayor presencia de la DEA, la Argentina se enfrentará con mayor eficacia al narcotráfico. Durante la visita del Presidente Barack Obama, en marzo de 2016, el tema de las drogas fue un asunto importante en la agenda. Entre otros, Estados Unidos a través de la DEA y el FBI, se comprometió a capacitar a funcionarios argentinos y al establecimiento de los llamados Centros de Fusión de Inteligencia. Recientes visitas de funcionarios argentinos a Washington corroboran el afán de asumir un presunto “liderazgo regional” en relación a las drogas y el terrorismo.
Si el vínculo argentino-estadounidense en materia de drogas se define en términos de quién demanda (el país receptor) y quién oferta (el país emisor), lo que nuevamente ha prevalecido es la insistencia argentina por atraer a la agencia estadounidense. De hecho, el informe de diciembre de 2016 de la DEA sobre la amenaza de las drogas nombra 131 veces a Colombia, 116 a México y nunca a la Argentina.
Sin duda la DEA es un engranaje burocrático poderoso e influyente, con un presupuesto para 2017 de US$ 2.103 millones de dólares, casi idéntico al PBI (US$ 2.108 millones) de República Centroafricana. Pero su gravitación y poderío es inversamente proporcional a su coherencia y eficacia. Su interés corporativo es mantener una fallida cruzada antinarcóticos a pesar de la evidencia disponible. Así, la expectativa del gobierno argentino en cuanto a la DEA es exagerada e ingenua.
Los datos son, a esta altura, categóricos. Consideremos tres países donde la presencia de la DEA es preponderante. De acuerdo al último informe del Inspector Especial General para la Reconstrucción de Afganistán, desde la ocupación de Estados Unidos en 2001 se han desembolsado unos US$ 8.500 millones de dólares en labores antinarcóticos y, sin embargo, Afganistán sigue siendo “el líder mundial en producción de opio”.
Según el reciente informe de la oficina del zar antidrogas estadounidense, el área de coca cultivada en Colombia alcanzó en 2016 un récord de 188.000 hectáreas, cifra superior al área sembrada en 2000 al inicio del Plan Colombia. Un nuevo trabajo de Vanda Felbab-Brown publicado por el Brookings Institution, establece que la cruzada antidrogas en México, fuertemente impulsada por Washington, produjo en 2016 entre 21.000 y 23.000 muertos, mientras que entre 2007 y 2017 los asesinatos ligados a la cuestión de las drogas fueron 177.000.
A su turno, en sendos informes de julio de 2015, septiembre de 2016 y marzo de 2017 sobre el uso de fuentes confidenciales en y fuera de Estados Unidos, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia destacó la ausencia de controles efectivos y los potenciales efectos negativos para las “relaciones exteriores y las libertades civiles internas” de las prácticas de la DEA.
Es previsible que la mayor influencia de la DEA en la Argentina no implicará la gradual superación del fenómeno de los narcóticos; solo apuntará a la perpetuación de una costosa e improductiva “guerra contra las drogas”.
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