Noticia: "Claudio Bonadio procesó a Julio De Vido por los subsidios a colectivos y lo embargó por $ 1000 millones"

Nota del Editor:

Un supuesto que no se aplica habitualmente en nuestra justicia es que si un subordinado comete un delito en la administración, en principio el superior también debería ser responsable, pues estaría obligado a velar que éste desempeñe bien su función. Caso contrario le podría pedir la renuncia. Este en un tema de discusión en el Derecho Administrativo, que distingue entre diferentes tipos de responsabilidades. Entre ellas, la penal.

Julio De Vido fue el superior de varios funcionarios que están hoy procesados por delitos que él dificilmente pueda negar que desconocía. Aunque, de hecho, lo hace.

 Según el periódico Página 12: "De Vido sostuvo en su descargo que él era el ministro del área, diseñaba las políticas generales, pero que la Secretaría de Transportes y la CNRT eran las ejecutoras. Por lo tanto le podrían adjudicar responsabilidades políticas, pero no penales “toda vez que esto último exige que las imputaciones se vinculen con conductas directas y personales del imputado que, en el caso, no existieron. La información que recibía con relación a estos hechos no ponía de manifiesto ninguna irregularidad que convocara mi intervención, y en eso incluyo también a la propia Auditoría General de la Nación que, como vimos, auditó el sistema, formuló observaciones a los organismos pertinentes y no denunció ni ante el suscripto ni ante la justicia ninguna irregularidad con trascendencia penal”.

También este caso podría considerarse una evidencia de que la Justicia funciona según el poder de turno. Si De Vido fuera condenado en alguna de las múltiples causas en que está involucrado, el impacto sobre las futuras elecciones dificilmente no afectaría a Cristina Fernandez de Kirchner en su pretensión de ser Senadora por la provincia de Buenos Aires. 

La noticia:

“El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy al ex ministro de Planificación, Julio De Vido en la causa por falta de controles e irregularidades en la entrega de subsidios al gasoil a empresas de colectivos, según un fallo firmado hoy que dispuso, además, un embargo de 1000 millones de pesos contra el ex funcionario y actual diputado nacional.

El procesamiento se suma al pedido de desafuero y posterior detención que pidió la semana pasada el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa que investiga irregularidades en las obras de la mina Río Turbio.

Bonadio también procesó a los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.

De Vido ya fue indagado hace dos semanas por Bonadio en esa causa, acusado de haber incurrido en irregularidades en el pago de subsidios al gasoil para los colectivos urbanos, así como en la falta de control de dichos fondos.

La semana pasada, el juez ordenó la indagatoria de 251 empresarios del transporte automotor -la mayoría, dueños de empresas de colectivos- acusados de formar parte de una maniobra dirigida por el diputado para desviar subsidios al transporte.

Y hoy decidió procesar a De Vido, que como informó LA NACION, ya estaba procesado en cuatro causas.

Subsidios a los colectivos

El juez Bonadio investiga los subsidios a los colectivos que repartió la Secretaría de Transporte durante los gobiernos kirchneristas. El objetivo del subsidio era colaborar con los costos de combustible, entre 2005 y 2012, a cambio de que no subieran el precio de las tarifas.

Bonadio y De Vido tienen varios antecedentes. El ex ministro fue beneficiado con dos sobreseimientos en la causa por sobreprecios en las obras de la mina Río Turbio. También tuvo a cargo el caso Once, en el que primero no lo incluyó en la investigación y después, a pedido de la Cámara Federal, lo investigó, lo procesó y le dictó la inhibición de bienes.

En esta nueva causa, los subsidios al transporte se ponían en marcha con una mera declaración jurada completada por las empresas, que contaban cuántos kilómetros recorría cada colectivo y el número de pasajeros. Transporte tenía que controlar la veracidad de los datos. Pero los investigadores detectaron supuestos fraudes en las declaraciones juradas por unos $ 200 millones.

Un informe de la Auditoría General de la Nación determinó que los subsidios a los colectivos ascendieron durante el kirchnerismo un 4500%. En el 82% de los casos recorrían menos kilómetros que lo declarado, pero recibían del Estado combustible subsidiado por el total.”

Agencias DYN y Télam

La Nación