"Con letras en mayúscula, la palabra
"CONFIDENCIALIDAD" sobresale en la invitación que recibieron cuatro
jueces federales y fiscales argentinos que ayer partieron hacia Washington,
donde mantendrán un encuentro con sus pares especializados en el
intercambio de información bilateral. Con la mira puesta en las
declaraciones que se desprenden de la firma del acuerdo de culpabilidad que
Odebrecht rubricó en Estados Unidos, la Justicia argentina espera recabar
cuatro datos esenciales: la suma de las coimas pagadas en nuestro país
por la constructora brasileña, quiénes fueron los intermediarios, a qué
funcionarios iban dirigidas y a qué obras se vincularon.
Mañana, a las 9.30, en el edificio de
la Fiscalía del Departamento de Justicia norteamericano, los fiscales de ese
país recibirán a los jueces federales Daniel Rafecas, Marcelo Martínez De
Giorgi, Sebastián Ramos y Sebastián Casanello junto a los fiscales Franco
Picardi y Sergio Rodríguez que dirige la Procuraduría de Investigaciones
Administrativas. En representación del Gobierno, irá Ignacio Irigaray,
de la Oficina Anticorrupción, organismo que es querellante en tres
causas contra Odebrecht.
La reunión sobre la que no hubo
mayores precisiones respecto a su contenido, incluso para los invitados, tendrá
una estricta condición de confidencialidad, que, de violarse, pone en
riesgo el intercambio de información judicial. Nada puede filtrarse
con fines políticos y lo que se obtenga de prueba sólo podrá aplicarse
al avance de las causas judiciales.
En Estados Unidos, la investigación
sobre la constructora brasileña que admitió haber pagado coimas por 778
millones de dólares en 12 países, para manipular los procesos de
licitación y así obtener contratos de obra pública, continúa en pleno
de desarrollo. "Por eso es inédito este intercambio y deberá
cumplirse sin excepción las condiciones impuestas", señalaron fuentes
oficiales a Clarín.Para impulsar el encuentro, semanas atrás viajó
el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano.
En el acuerdo que Odebrecht firmó con
Estados Unidos, en su página 48, se consigna que a nuestro país se realizaron
transferencias por más de 35 millones de dólares (la cifra
podría superar los 100 millones de dólares), y que los pagos fueron realizados
a "intermediarios" para que, finalmente, terminen en
manos de ciertos funcionarios. Además, se consigna que el dinero desembolsado
entre 2007 y 2014, durante los gobiernos de Cristina Kirchner, "estaba
vinculado a tres grandes proyectos de infraestructura en los que Odebrecht
obtuvo beneficios por 278 millones de dólares".
Según señalaron fuentes oficiales a
Clarín, en la reunión se podría llegar a colocar sobre la mesa información
vinculada a estos puntos.
La información conocida hasta ahora
indica que entre 2011 y 2014 se pagó 2,9 millones de dólares a "un
intermediario" que los habría derivado a los funcionarios.
Después, hay otras cifras involucradas no especificadas y se quiere
conocer "de dónde provienen, información bancaria y demás".
En algunos casos, como el de los
jueces Martínez De Giorgi y Casanello, ya se enviaron exhortos a Estados Unidos
y esperan que la respuesta a los mismos se acelere tras el encuentro de mañana.
En cuanto a Rafecas, tiene en elaboración (junto al fiscal Federico Delgado) un
exhorto que se completará con los detalles de la reunión.
La invitación se realiza en el marco
del acuerdo de cooperación de información bilateral que firmaron ambos países.
Según trascendió, se habló de un encuentro "para que haya cooperación
técnica y se vaya construyendo confianza en base a una trabajo profesional
serio". Por ello, la Justicia estadounidense pidió que los jueces
viajen con el secretario que en cada juzgado lleva adelante la causa.
El juez Rafecas investiga la
ampliación del gasoducto norte, su par Martínez De Giorgi tiene la causa del
Soterramiento y Casanello, la obra de la planta potabilizadora de AySA. Y
Ramos, un caso vinculado a Petrobras, también brasileña, por la venta de
Transener.
Como todo acuerdo de intercambio,
Estados Unidos también quiere información de las causas que se investigan en
Argentina para "terminar de corroborar algunos números y datos que
Odebrecht declaró", indicaron fuentes oficiales a Clarín."
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