"Hasta que no haya una condena...", se
sincera un juez con despacho en Comodoro Py. Abre las manos resignado y deja la
frase sin terminar. Desde que entró en vigor la nueva ley del arrepentido (N° 27.304), en
noviembre, ningún imputado en una causa de corrupción aceptó colaborar con la
Justicia a cambio de una reducción de pena. Cuando se habla de corrupción, no
hay arrepentidos.
La falta de sentencias sobre ex funcionarios, los
temores por la seguridad física de los testigos y hasta el desconocimiento de
las partes implicadas en el trato son algunos de los motivos que enumeraron
ante LA NACION jueces, fiscales, abogados e imputados en casos
de corrupción que sacudieron la agenda pública en los últimos años.
Los datos del Programa de Protección a Testigos, la
herramienta que otorga el Estado a los arrepentidos para garantizarles
seguridad e ingresos económicos, son contundentes: el 32% de los integrantes
están vinculados a delitos de lesa humanidad; el 26%, a causas por
narcotráfico; otro 23%, al crimen organizado, y un 19%, a delitos de trata de
personas, según precisiones del Ministerio de Justicia. Los delitos contra la
administración pública ni siquiera alcanzan al 1%.
"¿Cuál es el castigo que tiene un corrupto en
este país? ¿Por qué va a arriesgarse a mandar al frente a sus ex compañeros si
los condenados son mínimos? Y si, incluso siendo condenado, va a tardar años en
llegar a la cárcel", sostenía un fiscal. Los fiscales son fusibles clave
para la implementación de la figura del arrepentido, porque son los responsables
de poner la herramienta a disposición de los imputados.
Casi todos admiten haber utilizado la figura pocas
veces y para otros delitos, pero nunca para temas de corrupción. Hubo
conversaciones informales con imputados. Como hace un mes, cuando los abogados
de Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Amado Boudou, llamaron a la
puerta del despacho de un fiscal con oficina en el 5° piso de Comodoro Py para
sondear la posibilidad de aportar información en la causa por la imprenta
Ciccone. Las condiciones impuestas por la ley no son pocas. En el caso de
Vandenbroele, por ejemplo, sería imposible convertirse en arrepentido ya; sólo
es posible durante la instrucción del caso, la investigación previa al juicio
oral, etapa que atraviesa el caso Ciccone. El supuesto testaferro de Boudou
debería elegir otra causa para colaborar con información sobre alguien superior
en la escala jerárquica, datos que finalmente el tribunal evaluará cuando
termine el juicio, para determinar la rebaja de su pena. Aunque prácticamente
no hay arrepentidos, sí hay varias consultas informales. El abogado del
empresario Mariano Martínez Rojas, que huyó a Estados Unidos, habría comenzado
a negociar en las últimas semanas convertirse en arrepentido, aunque por un
delito penal económico. "Ser arrepentido en este país es una locura.
Apenas establecés el primer contacto, salís en la tapa del diario",
advirtió un abogado que suele defender a clientes muy complicados con la
Justicia. Las culpas se reparten. Otro abogado de un ex funcionario procesado
por un caso de corrupción se defiende: "Fuimos a ver a un fiscal, pero ni
siquiera sabía los términos que implicaba la ley". Los hijos de Lázaro
Báez tuvieron, por lo menos, dos conversaciones con el fiscal Guillermo
Marijuan en las que se evaluó la posibilidad de que aportaran información en la
causa de "la ruta del dinero K", Pero otra vez, como siempre, no hubo
acuerdo.
Dos intentos frustrados
Alejandro Vandenbroele
Testaferro de amado bodou
Se sondeó la posibilidad de aportar información en
la causa Ciccone, pero por las condiciones impuestas por la ley no resultó
posible
Lázaro Báez
Empresario kirchnerista
Los hijos mantuvieron conversaciones con el fiscal
Marijuan para aportar información en la causa de "la ruta del dinero
K", pero no hubo acuerdo"
La Nacion
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