Nota del Editor
En el mundo los ciudadanos y las
instituciones demandan más transparencia a los gobiernos, rendición de cuentas
y mayor empeño en la lucha contra la corrupción. Casos resonados como el LAVA
JATO demuestran que esa lucha puede tener éxito cuando se dan ciertas condiciones.
Para algunos autores, con lentitud pero con perseverancia, en algunos países
esas condiciones son una construcción que lleva su tiempo pero que finalmente
demuestra su eficacia. Brasil sería un caso. Argentina todavía está lejos de
eso. El nuevo gobierno de Francia ha aprobado una ley que pretende dar
respuestas a las demandas sociales sobre transparencia y honradez en el
ejercicio de la función pública, Un ejemplo que puede servir para impulsar
medidas similares en otros países.
La nota
“El Parlamento francés aprobó por amplia mayoría esta semana la llamada
"Ley de confianza en la vida pública", con la que se pretende aplacar
el malestar ciudadano con el mal uso y abuso de sus cargos que han cometido
importantes políticos. La nueva legislación regirá el comportamiento de los
funcionarios electos e incluye el fin de la "reserva parlamentaria",
un fondo financiero que tanto diputados como senadores distribuían entre las
comunas y asociaciones como estimara conveniente.
La norma es una promesa de campaña del ahora Presidente Emmanuel Macron,
debido a que la contienda estuvo marcada por varios escándalos. El más conocido
fue el que afectó al candidato de derecha François Fillon, quien se hundió en
las encuestas y no logró pasar a la segunda vuelta presidencial. Eso, después
de que la prensa asegurara que su esposa Penélope y sus hijos habían cobrado
durante años sueldos como ayudantes parlamentarios, pese a que no había
registro de su labor en el Legislativo.
Con la nueva ley, funcionarios, ministros, diputados y otros cargos de
representación local no pueden contratar a su cónyuge, pareja, padres o hijos.
Y si son descubiertos, enfrentan una pena de tres años de prisión y 45.000
euros de multa e, incluso, en algunos casos, la devolución de la suma pagada.
También fueron aprobados un dispositivo de reembolso para justificar los gastos
de los parlamentarios y una pena complementaria que le impida repostularse a
aquel funcionario condenado por falta de integridad.
El propio gabinete de Macron en los pocos meses que lleva al mando se
vio afectado por casos que la ley penaliza a partir de ahora. Así, cuatro
ministros debieron dejar sus cargos en medio de cuestionamientos. El propio
ministro de Justicia y autor de esta ley de "moralización", François
Bayrou, se vio obligado a dimitir por supuestas irregularidades en el pago a
asistentes de los europarlamentarios de MoDem, su agrupación. Por las mismas
acusaciones renunciaron las ministras de Defensa, Sylvie Goulard, y de Asuntos
Europeos, Marielle de Sarnez, las dos militantes de MoDem.
También tuvo que dejar el gobierno el ministro de Cohesión Territorial,
Richard Ferrand, bajo sospechas de nepotismo. Ferrand era la mano derecha de
Macron durante la campaña electoral y uno de los fundadores del partido de
gobierno, La República en Marcha. En reemplazo de Bayrou, Macron nombró como
ministra de Justicia a Nicole Belloubet, quien ocupaba un sitio en el Consejo
Constitucional, la máxima autoridad judicial del país. Y para llenar ese cupo,
el mandatario nominó al senador Michel Mercier, quien tuvo que dar un paso al
costado después que se revelara que él también le pagó a su hija como asesora
parlamentaria, pese a que ella estaba trabajando en Londres.
La ley, que fue aprobada por 462 votos a favor, 74 en contra y 65
abstenciones, contiene una "triple ambición jurídica, ética y
política", dijo la ministra Belloubet antes de la votación del miércoles.
Belloubet dijo que era una "responsabilidad política" que el período
legislativo se inaugure con una ley como esta, que busca recuperar la
"relación de confianza" de los ciudadanos con los políticos.
Pese al contundente respaldo del Parlamento, controlado por el
oficialismo, la ley podría enfrentar un serio obstáculo. Diputados del partido
conservador Los Republicanos recurrieron al Consejo Constitucional para que
evalúe específicamente la normativa que prohíbe a los cargos públicos contratar
a familiares. Según los 60 diputados que presentaron la demanda, ese veto
supone una "discriminación" a la hora de contratar asistentes."
LPO
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