"Lamentablemente, ni Scioli ni Macri explicaron, durante la
campaña, cómo piensan enfrentar el problema de la corrupción. Massa propuso la
imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, una propuesta curiosa si se
toma en cuenta que los procesos prescriben luego de más de 10 años de
"investigación". El problema no es que los plazos sean breves, sino
que los delitos de corrupción no son resueltos por el Poder Judicial, sino por
"la política", que premia y castiga con sus propias reglas.
Para que esto
cambie, necesitamos un conjunto de reformas que muchos ciudadanos demandamos
hace tiempo, pero que requieren acuerdos de largo plazo con tantos actores que
nuestros sucesivos gobiernos evitan encarar por una razón estratégica:
difícilmente puedan mostrar resultados positivos en menos de cuatro años,
cuando volvamos a evaluar su gestión en las urnas.
El
próximo presidente, sin embargo, podría hacer algo novedoso para la Argentina,
ya probado exitosamente en otros países, que satisface parcialmente nuestra
demanda ciudadana y que puede redituarlo políticamente. Me refiero a que el
Poder Ejecutivo lidere una estrategia dirigida a recuperar el dinero de los
fraudes contra el Estado, de los sobornos y de las ganancias obtenidas a través
de contratos corruptos, especialmente en el exterior.
La estrategia
es novedosa para la Argentina porque, para la comunidad jurídica local,
recuperar activos de la corrupción es una consecuencia de la condena penal. En
muchísimos países, en cambio, recurrir a la justicia penal es innecesario para
articular un abanico, cada día más amplio, de remedios jurídicos que permiten
obtener pruebas, trabar embargos preventivos y obtener sentencias civiles que
otorgan al "Estado víctima" la titularidad de bienes que han sido
fruto de la corrupción.
En la
última década, países que enfrentan problemas similares o peores que el de la
Argentina han utilizado estos mecanismos con éxito: Libia ya recuperó más de
3600 millones de dólares - y embargó otros 2500-; Nigeria, más de 2000 millones;
Filipinas, más de 700 millones; Egipto, más de 800 millones. En América latina,
Perú recuperó más de 200 millones, y Brasil, que hace 10 años creó el
Departamento de Recuperación de Activos, ya embargó cerca de 2000 millones en
cuentas y bienes en el exterior.
La estrategia
satisface parcialmente la demanda ciudadana porque, indudablemente, el juicio
penal tiene sabor a poco si la percepción generalizada es que, aun cuando se
logra una condena, el condenado disfrutará del "botín" luego de
cumplir la pena. Recuperar el provecho de la corrupción para el erario público
es una de las caras más importantes del concepto de justicia.
Países
que ya experimentaron estos procesos discuten ahora cómo articular estas
políticas con las punitivas -recuperar dinero no puede permitir que un imputado
millonario "compre" su impunidad, como se discute actualmente en
Nigeria- o cómo asegurar que el dinero recuperado vuelva a la sociedad, como la
fundación que e combate con éxito la mortalidad infantil en Kazakhstán, que administra
casi 100 millones de dólares que Suiza y Estados Unidos repatriaron a ese país
en 2008.
Finalmente,
la implementación de esta estrategia no requiere modificaciones legislativas ni
titánicos procesos de acción colectiva. La Procuración del Tesoro de la Nación,
cuyo titular tiene rango de ministro y depende directamente del presidente de
la República, tiene las facultades necesarias para representar los intereses
patrimoniales del Estado en juicio, tanto en la Argentina como en el exterior.
Las experiencias más recientes -las de la "primavera árabe"- han
mostrado resultados positivos durante los primeros dos años de trabajo. Estos
resultados, a su vez, impulsan las aletargadas investigaciones penales locales.
Por esto, los
equipos del próximo presidente deberían considerar seriamente priorizar esta
estrategia para mostrarnos que, aun cuando en la Argentina hay un inmenso
camino por recorrer en materia de lucha contra la corrupción, el Poder
Ejecutivo liderará una estrategia con enorme potencial para aumentar la
confianza ciudadana, tal vez el primer paso para entender las ventajas de que
los delitos de corrupción sean, como todos los demás, resueltos por la Justicia
y no por la política."
La Nación. Noviembre 2015
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