Nota de opinión: "Involucremos a las empresas en las políticas anticorrupción" Guillermo Jorge. Fernando Basch

"La Argentina parece encaminada a discutir los ejes de una reforma jurídica para controlar la corrupción. Por el momento, el centro del debate público lo ocupa la figura del arrepentido. Sin embargo, la medida con mayor potencial para producir cambios sistémicos es la incorporación de un sistema que responsabilice a las empresas que promuevan o toleren pasivamente la corrupción.

La clave del sistema no está, digámoslo desde un principio, en cobrarle a las empresas los delitos cometidos por sus directivos. Lo que estos sistemas buscan es aumentar los esfuerzos del sector privado para prevenir la corrupción y su colaboración para condenar a las personas (físicas) que los llevan a cabo.

Hasta el momento, nuestro sistema sólo castiga la corrupción de las personas físicas. Esto genera una estructura de incentivos perversa. Al no haber sanciones para la persona jurídica, ésta no tiene motivos para implementar procedimientos internos preventivos. De hecho, las normas actualmente aplicables orientan los incentivos de las altas autoridades corporativas a "evitar saber" cómo se concretan las operaciones de la compañía, puesto que ellas sólo podrían ser condenadas si conocían los hechos. Así, a mayor nivel jerárquico de quienes participan del delito, menor chance de que la compañía se proponga su prevención o remediación, y mayor su incentivo (el que tienen sus autoridades con capacidad de decisión) para el ocultamiento de los hechos o la protección de los involucrados. El enfoque actual no solo consolida la selectividad del sistema -si hay condena, sólo condena a los "perejiles"- sino que incentiva a las empresas a organizarse en defensa de sus directivos: pagan sus abogados, los ayudan a estructurar sus defensas, los designan en otra país u en otra línea de negocios, etc. En otras palabras, reconocen que se pusieron en esa situación no en beneficio propio sino en el de la compañía.

Los sistemas que responsabilizan a las personas jurídicas por hechos de corrupción revierten este esquema de incentivos. Parten de la idea de que las empresas se encuentran en una posición única para prevenir y detectar la corrupción. A través de políticas y procedimientos internos, pueden alinear sus prácticas comerciales con una cultura de integridad. Mediante políticas de monitoreo adecuadas, las empresas también pueden aumentar la probabilidad de detección de delitos, pues están en mejor posición que el Estado para identificar los incumplimientos que se dan en el marco de sus operaciones.

Hoy, sin embargo, la falta de riesgos legales para la empresa involucrada en esquemas de corrupción explica la búsqueda de rentabilidad por cualquier medio. Nada pierde una compañía por "mirar para otro lado" cuando sus gerentes de ventas o marketing pagan un soborno o promueven la colusión. Su integridad está librada a la moral subjetiva de sus líderes.

Un sistema que no sólo responsabilice a las empresas sino que además establezca reglas claras de mitigación de su responsabilidad frente a serios esfuerzos organizacionales preventivos y/o cooperación con las autoridades de investigación, haría más eficaz la persecución de los partícipes individuales. También generaría mayor disuasión, y en el mediano plazo podría apuntalar un cambio cultural esencial para sacar a la corrupción del portfolio de las relaciones público-privadas.

Sistemas de estas características permitieron la revelación de los mayores escándalos de corrupción a nivel global en los últimos años, como la práctica sistemática de Siemens de pagar sobornos en el mundo en desarrollo o el esquema de desvíos y coimas que impregnó el programa "Petróleo por Alimentos" de las Naciones Unidas en Irak. Incluso nos permitieron conocer los sobornos que pagó Ralph Lauren en Argentina -por la aplicación de este sistema en los Estados Unidos-, y que también se estén investigando pagos irregulares a nuestros funcionarios por parte de Embraer.

Más allá de estas plausibles consecuencias directas, el objetivo mediato de estos sistemas es mejorar el clima de negocios. Los recientemente anunciados planes de infraestructura resultarían mucho más atractivos para el sector privado si fueran rodeados de mecanismos que garanticen un sistema de contrataciones transparente.

Por ello, más que la de eventuales arrepentidos, nuestro sistema anticorrupción precisa la colaboración eficaz del sector privado para reducir la impunidad de sus relaciones con el Estado."

La Nacion. Abril 2016