"La marcha de hace algunos días frente a los tribunales de Comodoro Py en
reclamo de agilidad y eficiencia en la determinación de responsables de haber
cometido graves delitos de corrupción en perjuicio del Estado debería llevarnos
a variadas reflexiones. La primera consiste en una expresión de deseos: que los
concurrentes al acto representen un sentimiento mayoritario acerca de que la
corrupción es un mal que nos daña a todos.
Se trataría de tomar conciencia de que cuando los trenes no frenan, los
controles municipales en lugares destinados a espectáculos públicos no se
ejercen, las obras se inauguran una y otra vez pese a no estar concluidas y los
fondos públicos se pierden en contrataciones jamás presididas por la
transparencia, los resultados terminan estando a la vista de todos.
"Once", "Cromagnon", "inundaciones en el conurbano
bonaerense" o "Sueños Compartidos" son expresiones con significado
propio y han dejado víctimas que dan doloroso testimonio de tanto descontrol.
El problema es si contamos con un sistema de investigación y juzgamiento
de estos graves delitos acorde con la expectativa de que a un hecho de
corrupción le siga su ejemplar castigo. Y es aquí donde las fallas del sistema
son tantas que para erradicarlas es necesario primero un sinceramiento de lo
que se está haciendo mal.
Durante muchos años nuestros gobernantes se las ingeniaron para privar
de eficiencia a los organismos de control de la gestión pública, sin que
nuestra sociedad haya reaccionado. En los comienzos de la presidencia de Menem
se reemplazó a cuatro de los cinco integrantes del Tribunal de Cuentas, se
cesanteó por decreto al titular de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas, Ricardo Molinas, y se desmanteló el funcionamiento de esta
entidad, que en el pasado supo estar conducida por funcionarios de la valía e
independencia de Conrado Masué. Paralelamente se amplió el número de jueces de
la Corte Suprema, conformándose así una mayoría dispuesta a votar en sintonía
con los deseos del poder público.
Más recientemente, se cometió el travestismo de que la mujer de Julio De
Vido fuera designada en un importantísimo cargo en la Sindicatura General de la
Nación, mientras su marido era el titular del Ministerio de Planificación, al
que debía ella controlar. Organismos como la Unidad de Investigación Financiera
hicieron gala de total inoperancia, lo que permitió criaturas al estilo de
siderales pagos mediante transferencias a una ignota consultora de un allegado
al ex vicepresidente Boudou para la reestructuración de la deuda de la
provincia de Formosa, así como el más reciente escándalo por el cual fondos
destinados a activar un yacimiento carbonífero fueron objeto de triangulaciones
mediante centenares de contratos de bajo monto, celebrados con una universidad
sin especialización en el tema, para sortear la exigencia de licitación
pública.
Si estos organismos cuya función es advertir irregularidades no cumplen
con su cometido, la tarea de investigación que nuestro sistema confía en jueces
y fiscales se resiente. Estos últimos, a su vez, deberían estar controlados por
otro organismo hoy politizado: el Consejo de la Magistratura. Éste tiene, en la
actualidad, un diseño propiciado por la entonces senadora Cristina Kirchner,
que hizo añicos la exigencia constitucional de consagrar un
"equilibrio" entre los estamentos que lo componen. Según ese diseño,
los representantes de los poderes políticos superan en número a los
representantes de los jueces y los abogados. Por allí han desfilado, y
desfilan, espadas de esos sectores políticos. Así, algunos consejeros
concibensu misión como la de un defensor de todo el que consideren de su propia
facción. Una vez "salvado" por esos consejeros el magistrado de que
se trate, con independencia de las razones que existan para su enjuiciamiento y
eventual remoción, lo que se espera de éste es que de allí en más proteja a la
grey que determinó su supervivencia.
El régimen kirchnerista demostró gran inventiva a la hora de designar
magistrados con la intención de proteger a sus funcionarios. El abuso de las subrogancias,
que incluyó el nombramiento de personas que ni carácter de jueces tenían (así
se hizo en la importantísima Cámara Federal de Casación Penal), o la
designación de fiscales en lugares del interior sin existir allí la
habilitación correspondiente, para disponer de inmediato su
"traslado" a lugares clave desde donde bloquear la investigación de
casos por corrupción, son otros mecanismos donde se premió la
"militancia" en un determinado credo político. La postergación de
otros candidatos merecedores de ocupar esos cargos por antecedentes y méritos,
tal el emblemático caso del doctor Rodríguez Varela, no implicó más que la otra
cara del mismo sistema perverso.
El sistema procesal vigente tiene además sus condimentos propios. La
etapa previa al juicio destinada a la recolección de elementos de cargo está
dominada por demasiados formalismos. Así, las evidencias que supuestamente
servirán para juzgar a un imputado requieren ya de arranque, para su
incorporación al legajo o expediente, de la observancia de puntillosas reglas.
Vale decir, la investigación está teñida de innumerables recaudos para que las
pruebas adquieran un carácter prácticamente definitorio de la suerte del
imputado. Con ello lo que se logra es dilatar inconvenientemente el comienzo de
los juicios. A la población, por su lado, le resulta sumamente difícil seguir
todas las etapas que se van sucediendo y que, por incluir la actuación de
fiscales, jueces de varias instancias y abogados defensores, crean la falsa
ilusión de que ya se está juzgando a alguien y de que la condena, dadas las
pruebas que se mencionan una y otra vez, debería ser cuestión de días. Cuando
esto no sucede, el descreimiento hacia el sistema naturalmente aumenta.
Dicho todo lo anterior, es verdad que existen magistrados probos que
hacen literalmente lo que pueden con un sistema que requiere de una profunda
revisión y de herramientas tales como la consagración de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas o un uso más decidido de la ley del
"arrepentido". También es necesario que repensemos la regla por la
cual una persona encontrada culpable de un delito no debe nunca empezar a
sufrir los efectos de su condena mientras exista alguna apelación teóricamente
admisible. El reciente caso del ex presidente Menem, condenado por un tribunal
oral y por la Cámara de Casación Penal a penas de cumplimiento efectivo e
inhabilitación para desempeñar cargos públicos como autor de contrabando de
armas y que, pese a ello, se dispone a renovar su banca como senador nacional,
muestra de manera palmaria que hay algo que estamos haciendo decididamente mal.
Ni qué hablar de la permanente búsqueda de los imputados de "fueros
parlamentarios". Su inclusión en la Constitución nacional no respondió a
un propósito de convertir a sus titulares en sujetos totalmente inmunes al
castigo por delitos que, en la mayoría de los casos, se cometieron antes de
obtener su banca.
Como se ve, hay mucho por corregir si queremos que la administración de
justicia funcione de una forma que nos haga sentir mínimamente orgullosos."
Abogado constitucionalista
La Nación
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