"Alejandro Vanderbroele, el supuesto
testaferro del ex vicepresidente Amado
Boudou , pidió ayer ingresar al Programa Nacional de Protección
a Testigos e Imputados. ¿Cómo funciona este programa?
Bajo
la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal, que depende del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el programa está abocado a
preservar la seguridad de imputados y testigos que colaboren "de modo
trascendente y eficiente" en una investigación judicial federal y que se
encuentren en situación de peligro para su vida o integridad física.
La
ley 25.764, que creó el programa, está dirigida a personas que colaboren en
causas relativas al narcotráfico, el secuestro extorsivo, el terrorismo,
delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976/1983, y la trata de
personas.
Sin
embargo, el texto de la normativa aclara que "a requerimiento de la
autoridad judicial" se podrán incluir otros casos siempre y cuando se
trate "de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia
institucional y la trascendencia e interés político criminal de la
investigación lo hagan aconsejable".
Existen
casi 300 imputados y testigos dentro del programa, sin contar a los
"asociados", es decir, familiares o personas cercanas a la persona
protegida, cuyas vidas también podrían correr riesgo.
Para
ingresar al programa, hay dos requisitos: que la información que provean sea
trascendente y eficaz, lo cual es determinado por una autoridad judicial, y
que, mediante una evaluación de la Dirección del programa, se determine que
efectivamente la vida del testigo corre riesgo.
Cabe
aclarar que, a diferencia de lo que determina la ley del arrepentido, la
persona que entra al programa de protección no acuerda ninguna reducción de
pena.
¿Puede una persona estar dentro del programa en un
centro de detención?
Sí. Se hace en los casos en los que
el testigo está imputado en una causa y la justicia dispuso su detención. Así
comenzó, por ejemplo, el caso de Leonardo
Fariña . Él ingresó al Programa estando detenido en
la cárcel de Ezeiza. Luego, cuando la justicia dispuso su excarcelación,
Fariña fue trasladado a un lugar reservado donde continúa bajo protección.
Esteban Ibar Pérez Corradi también ingresó a este programa
después de ser detenido.
Según explicaron a LA NACION desde el
Ministerio de Justicia , ofrecer protección dentro de una prisión es complejo e
implica mayores dificultades, pero se realiza cuando así es requerido. En esos
casos, la persona es alojada en una celda unipersonal, con un guardia en el
pasillo . Una cámara registra lo que sucede en esa celda y es monitoreada las
24 horas por personal del Ministerio.
¿Quién define si el testigo queda protegido en un
centro de detención?
La
Justicia. En el caso de Pérez Corradi, por ejemplo, una vez que fue trasladado
a la Argentina, se dispuso que ingresara al programa y la protección en un
centro de detención.
Niveles de seguridad
El
programa establece medidas de seguridad de acuerdo a la situación de riesgo de
cada persona. Esto es determinado en la entrevista de evaluación, que la
realiza el director del Programa.
Estas
medidas pueden ir desde otorgarle a la persona un teléfono monitoreado y un
botón antipánico, hasta una relocalización de en un alojamiento reservado. Si
el riesgo es elevado, y el caso lo requiere, también se puede llega a cambiar
la identidad de la persona y del grupo familiar y disponer una reubicación.
En
el caso de que se necesite un traslado, las personas permanecen en lugares
fijos dispuestos por el Ministerio durante las primeras 48 horas, y luego son
enviados a establecimientos reservados, que son elegidos de acuerdo a lo que se
requiera en cada caso. El Ministerio cuenta con un fondo de dinero para
sustentar estos gastos.
Concretamente,
la ley prevé las siguientes medidas, según el nivel de seguridad requerido:
La
custodia personal o domiciliaria
El
alojamiento temporario en lugares reservados
El
cambio de domicilio
La
asistencia para la gestión de trámites
El
suministro de documentación que acredite identidad bajo nombre supuesto a los fines
de mantener en reserva la ubicación de la persona protegida y su grupo familiar
El
suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos,
comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites,
sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos
indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria se
halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios.
La
ley establece que la asistencia económica sólo se otorga por seis meses. Pasado
este período, se le puede brindar a la persona protegida ayuda para conseguir
un trabajo que le permita mantenerse mientras continúe dentro del programa. En
tanto, también se les brinda asistencia psicológica, teniendo en cuenta el
estrés que implica para los testigos el cambio de vida al que ingresan.
La
permanencia dentro del Programa es voluntaria, pero una vez que la persona
acepta ingresar, debe cumplir ciertas normas, como mantener la
confidencialidad, permitir un examen socio ambiental, no asistir a lugares que
impliquen poner en riesgo su protección. El incumplimiento de estas normas
puede derivar en que sea expulsado del Programa.
El
apoyo de las fuerzas policiales para la protección de las personas que entran
en el Programa es coordinado con el Ministerio de Seguridad.
Cómo funcionó en los últimos años
Según
informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Justicia en 2016, la nueva
gestión de la cartera detectó "numerosas irregularidades" en el
funcionamiento del programa. Entre otras cosas, "no se contaba con una
estructura formada". Tampoco había "protocolos ni manuales de
actuación".
"El
programa funcionaba de manera desorganizada, sin control de gestión ni tareas
estandarizadas", detalló a LA NACION Martín Casares cuando Pérez Corradi
ingresó al programa el año pasado, momento en el que se desempañaba como
subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH de la
Nación. Hoy Casares es Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia.
En
cuanto al seguimiento de los casos, Casares explicó que "los registros
estaban desactualizados, había personas duplicadas y otras que ya no
estaban" en el programa. "Había testigos protegidos a los que hacía
meses que nadie los contactaba", añadió Casares.
También
se constató que el sistema informático era "ineficiente". "Un
dato no menor es que desde 2003, cuando se aprobó la ley, hasta hoy, no se
reglamentó", indicó el funcionario.
Casares
detalló que alrededor de un 35% de los testigos e imputados que hoy están
dentro del programa son por casos de lesa humanidad, un 25% lo está en el marco
de causas de narcotráfico, un 15% por causas de trata, y un 6% en casos
caratulados como "crimen organizado", sin mayor especificación.
Qué cambios hubo
Con
el cambio de gestión, se inició "un proceso de fortalecimiento" del
Programa, indicaron las fuentes. Según detalló Casares, se ordenó en primer
lugar contactar a todas las personas que estaban registradas. "Detectamos
que había gente que ya no estaba en el programa pero no había sido dada de
baja, los registros no estaban actualizados", sostuvo el funcionario.
En
tanto, se revisaron todos los procesos de trabajo, para mejorar el tratamiento
de los testigos que ingresan al programa, su nivel de seguridad, etcétera.
"También
se diseñaron protocolos de actuación, instructivos para generar un orden
administrativo, hicimos una auditoría informática y se modificó el sistema, se
establecieron nuevos circuitos de seguridad y se fortaleció el programa en
términos de presupuesto", explicó Casares.
"Estamos
trabajando en la formación del personal y mejorando la estructura de toda el
área. El Ministerio de Seguridad nos da el apoyo con los mejores efectivos de
las fuerzas", añadió. Y concluyó: "Hoy el programa funciona bien,
pero seguimos trabajando y fortaleciéndolo para futuros desafíos".
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