"La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) denunció ante la
justicia penal a un alto funcionario del Ministerio de Salud por la supuesta protección que le
habría brindado a Farmacity , la empresa que fundó y dirigió el actual vicejefe
de Gabinete, Mario Quintana , uno de los colaboradores más
cercanos a Mauricio Macri. La denuncia implica al secretario de Políticas,
Regulación e Institutos del ministerio, Raúl Alejandro Ramos, tras considerar
que cajoneó expedientes y se negó a sancionar a Farmacity por violar
regulaciones del sector.
La denuncia recayó en manos del juez federal Sebastián Ramos,
quien deberá enviarle la presentación a la fiscal Paloma Ochoa, para que evalúe
si impulsa la investigación. Si así lo hace, pedirá las primeras medidas de
prueba tendientes a verificar la supuesta protección, que para la COFA pudo
darse por "presiones políticas, cohecho o cualquier otro acto irregular".
Con la firma de su presidenta, María Isabel Reinoso, la
confederación que reúne a las farmacias de todo el país requirió a la Justicia
que investigue si Ramos protegió a Farmacity por iniciativa propia o contó con
algún "cómplice primario o secundario o instigador" de los delitos de
abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario
público.
Ante una consulta de LA NACION, en Farmacity negaron un trato
diferenciado o protección política; por el contrario, estimaron que recibieron
multas por más de $ 400.000 durante la actual gestión, que le inició más de 100
sumarios. En el Ministerio de Salud también negaron cualquier ilícito e
indicaron que sólo podrían dar respuestas cuando se les notificara la denuncia.
La COFA centró su acusación en lo ocurrido en el expediente
1-2002-15328-14-4 del Ministerio de Salud , que se inició tras una inspección a
un local de Farmacity, en julio de 2014, y la apertura de un sumario por
infracciones detectadas.
Un año después, la Dirección de Sumarios del Departamento de
Faltas Sanitarias emitió su informe 70/15. Allí indicó que correspondía
aplicarle dos multas por un total de $ 60.500, que se sumaban a otras multas en
trámite contra Farmacity en otros expedientes. Tras la salida del kirchnerismo
y el arribo de Macri a la Casa Rosada, el expediente sancionatorio siguió su
curso, hasta el punto que el 15 de febrero de 2017, la Subsecretaría de
Políticas, Regulación y Fiscalización envió a Ramos el proyecto de resolución
para sancionar a Farmacity.
"Desde entonces, durante casi dos meses no se produjeron
novedades. No se dictó la resolución propiciada ni ninguna otra", denunció
la COFA. Pero el 5 de abril se presentó una apoderada de Farmacity en el
expediente, para lo cual aportó un poder firmado por Quintana, en 2011, como
presidente de la empresa. Farmacity pidió que no la sancionaran o que, de
aplicarle alguna multa, al menos procedieran a la "eximición de las tablas
de rigor" y le impusieran un monto más benévolo.
En mayo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
ministerio reafirmó su posición de sancionar a Farmacity. Pero el expediente
volvió a paralizarse. Hasta que el 18 de julio, en vez de firmar una sanción
contra Farmacity, Ramos devolvió el expediente para su archivo o guarda. En palabras
de la COFA, "a una especie de «vía muerta»".
Ante ese cuadro, la COFA consideró que Ramos habría cometido los
delitos previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal, que imponen
multa e inhabilitación al funcionario que "ilegalmente omitiera, rehusare
hacer o retardare algún acto de su oficio".
La
Nación
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