“La detención de Boudou es una buena noticia, aunque la empaña
que fuera ordenada por un juez que tiene su propio hermano investigado. O que
haya sido producida casi al mismo tiempo que la de De Vido, justo después del
triunfo del Gobierno en las elecciones. Lo que impide suponer que todas sean
apenas coincidencias.
Pero los temas del pasado no deben hacernos perder el foco del
presente. Y hoy sigue habiendo temas tabú en los medios, como lo fue De Vido
entre 2003 y 2007.
Hace dos semanas este diario, como tantas otras veces en
soledad, publicó que el director de la AFIP, Alberto Abad, estaba por
renunciar. Abad no es un titular de la AFIP más, es probablemente el
funcionario más reconocido de la Argentina en un cargo porque lo eligieron para
el mismo puesto gobiernos enemigos entre sí como el de Duhalde, el de Néstor
Kirchner y el de Macri.
El silencio de la mayoría de los medios sobre el tema es también
(mal) síntoma de la importancia que revisten el director de la AFIP y la figura
del propio Abad. No es casual que el proceso de aceleración del desquicio
institucional y económico del kirchnerismo haya coincidido con la salida de
Alberto Abad de la AFIP.
Es que la AFIP es el último símbolo de la existencia del Estado,
el lugar (que debiera ser) más autónomo e imparcial que ninguna otra área del
Estado, porque allí se decide sobre el patrimonio de todos los ciudadanos.
Dicen que la AFIP está históricamente infiltrada por los servicios
de inteligencia de todas las fuerzas de seguridad argentinas, además de la
propia ex SIDE de Stiuso y los servicios de inteligencia de Estados Unidos e
Israel. Hasta la propia Carrió fue imputada el año pasado por el fiscal Eduardo
Taiano, acusada de utilizar información confidencial sobre contribuyentes
filtrada por la AFIP para sus denuncias.
Esta salida de Abad de la AFIP no sería por los mismos motivos
que en la era K, cuando se lo corrió para usar al organismo en beneficio de
amigos (Cristóbal López, por ejemplo) y perseguir a enemigos. Parte del
cansancio moral de Abad estaría potenciado por el enojo del Presidente ante la
filtración de la lista de quienes ingresaron al blanqueo, publicada por Horacio
Verbitsky en el diario Página/12 hace algunas semanas, poniendo foco en los
amigos y familiares de Macri, especialmente su hermano, Gianfranco Macri, y su
mejor amigo, Nicolás Caputo.
Por esa filtración, Abad echó al subdirector de Sistemas y
Telecomunicaciones de la AFIP, Jorge Linskens, un funcionario que carga con una
responsabilidad que lo excede por un error conceptual de la ley. Cuando se
elevó el proyecto del blanqueo al Congreso, había dos disposiciones que los
legisladores sacaron de la versión enviada por el Ejecutivo: el castigo a los
periodistas que difundieran los datos sobre el blanqueo y la posibilidad de que
los parientes de los funcionarios pudieran presentarse al blanqueo, esto último
Macri volvió a agregarlo por decreto.
Penar a un periodista por publicar información de interés
público era un disparate que hubiera generado en el primer condenado una
apelación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente habría
obligado al Estado argentino a modificar esa ley, creando un conflicto de
poderes que hubiera hecho que más personas se interesaran por saber los nombres
que el Gobierno quería que no trascendieran. Por eso, junto con algunos
periodistas claramente perseguidos por el kirchnerismo, sumamos nuestra firma a
una solicitada pidiendo que ahora no se persiga a Página/12 y a Horacio
Verbitsky haciendo –aunque fuera por otros medios– lo mismo que padecimos
durante el kirchnerismo y tanto criticamos.
Pero aun si se creyera que existe la posibilidad de censurar a
los periodistas con una ley que prohibiera la difusión de algo, nunca hubieran
podido impedir que esa lista, como cualquier otra que despierte interés, se
publicara anónimamente en WikiLeaks o similares. Julian Assange, en el largo
reportaje de PERFIL hace un tiempo, explicó el método para saltear las acciones
legales de los países que hoy la tecnología y la globalización permite,
utilizando servidores de distintas zonas de Asia o Africa para replicar la
información que pudiera censurarse en Europa o América, por ejemplo.
Eso no impidió al gobierno de los Estados Unidos llevar adelante
otro tipo de represalias con Assange, promoviendo la acusación de haber violado
a una mujer y acosado sexualmente a otra en Suecia. Pero ya es imposible
ocultar una lista, como lo demuestran continuas filtraciones como la del
estudio jurídico de los Panamá Papers o las repetidas de clientes de bancos de
distintas partes del mundo con operaciones de algún grado de ilegalidad.
Casualmente, es la tecnología, que permite hacer visible lo que
antes estaba oculto, lo que hizo exitosos los blanqueos no sólo en Argentina
sino en muchos países en el último año, por entrar en vigencia el intercambio
de información entre los Estados. Si hubiera datos inexpugnables, por más que
los países se pusieran de acuerdo, podría seguir existiendo dinero en negro sin
blanquear en alta escala. Pero hoy, en un pendrive se lleva la biblioteca de
Alejandría en una operación de segundos.
Quienes se presentaron a un blanqueo deben estar preparados para
justificarse éticamente. No alcanza con decir que era legal, como respondió
Macri a la periodista mexicana que le preguntó sobre los 35 millones de dólares
que blanqueó su hermano Gianfranco en la conferencia de prensa del día
posterior al último triunfo electoral (dicho sea de paso, qué lástima que no
haya sido un periodista argentino quien haya formulado esa pregunta).
Mientras tanto, otra demostración del deterioro casi terminal de
la relación de Alberto Abad con el Gobierno fue que el ministro de Hacienda,
Nicolás Dujovne, rectificara este jueves el anuncio hecho el miércoles por el
titular de la AFIP sobre límites al régimen de los monotributistas.”
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