“Un fondo fiduciario millonario para
una obra detenida por el actual gobierno y sospechada por corrupción y
sobreprecios, complica a las ex autoridades del desarmado
ministerio de Planificación Federal que dirigió Julio De Vido.
El juez Daniel Rafecas en la causa
del gasoducto que construyó Odebrecht, avanza sobre las responsabilidades
institucionales para “favorecer a la constructora que ganó la obra”.
Un nuevo informe y nuevas medidas de prueba refuerzan esta
tesis: un direccionamiento y manipulación del pliego
licitatorio por parte de ex funcionarios.
La nueva documentación incorporada a
la causa consignó que el gasoducto norte y sur después de 72 actuaciones administrativas,
tuvo “un marcado direccionamiento para beneficiar a Odebrecht”,
investigada por pagar coimas por 35 millones de dólares en nuestro país.
En los primeros expedientes del 6 de
julio de 2005 ENARGAS manejaba un valor de obra de 1.427 millones de
dólares. La cifra fue en constante aumento a través de las actuaciones
libradas por la entonces secretaría de Energía que dirigió Daniel Cameron,
ENARGAS con el aval del Ministerio de Planificación, siempre bajo la conducción
de Julio De Vido.
La primera etapa pasó de U$S
827.960.000 a U$S 1.182,270.000. “No se encontró documentación que
justificara las diferencias de costos entre etapas”, señaló el informe pericial
al que accedió Clarín. Para el 7 de diciembre de 2006, un día
posterior a la fecha en la que Odebrecht ingresó a la obra, el valor ya era
superior a los U$S 2.300 millones.
Los números continuaron
modificándose. Sucedió que para enero de 2007 la
gerencia de ENARGAS ajustó nuevamente los precios dejando el costo estimado en 2.347
millones de dólares:un incremento de 47 millones de dólares en relación a
la estimación anterior.
La Justicia sospecha de un
sobreprecio de US$ 800 millones. La pista no termina ahí. “En cada paso
administrativo hay responsabilidad de quienes dirigieron Planificación Federal”
destacó una fuente judicial. Las nuevas pericias apuntan contra De Vido como
titular del ministerio y a su ex secretario de energía, Cameron.
Para que la obra se creó un fondo
fiduciario reglamentado y puesto en marcha por el Ministerio de Planificación
Federal. Las adendas sobre el mismo cambiando el monto, fue denunciado por la
actual gestión encontrando en dicha estructura "déficit" con el
agravante de "la obra inconclusa".
Después de varias acciones
administrativas, la ex secretaría de Energía informó a CAMMESA que la firma
brasileña tenía interés en la obra. “La ex Secretaría mantuvo reuniones de
trabajo con Odebrecht tendientes a avanzar en la estructuración
financiera que viabilizara la oferta”, señala el descargo de CAMMESA ante
Rafecas.
Esta empresa junto a Albanesi, ambas
allanadas por el juez hace meses, fueron las responsables de contratar
la mayor capacidad de transporte que requería la ampliación del gasoducto, obra
rescindida por el actual ministro de Energía Juan José Aranguren por diversas
irregularidades e incumplimientos, CAMMESSA realizó una transferencia
fiduciaria a favor de Odebrecht otorgando así, los derechos y
obligaciones con Nación Fideicomiso.
Hubo dos ofertas más para el
gasoducto, las de Camargo Correa y Benito Roggio. CAMMESA sugirió a
Cameron, que Roggio era una buena oferente. Con la nota N° 529 se respondió
que la empresa debía presentar en cinco días “una estructura de
financiamiento”. Roggio dijo que era “imposible concretar" el
pedido "en el plazo solicitado”. El camino quedó allanado.
Bajo la premisa de que "el
proceso licitatorio se manipuló", el juez ordenó a estas últimas
empresas que entreguen toda la documentación que presentaron en el concurso. “Se
analizará en función del pliego licitatorio original para ver si
respondían mejor a las exigencias y porqué quedaron afuera”, explicaron fuentes
de la causa y luego se decidirá a quién se llama a indagatorias.
Clarin
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