"Un funcionario de la Procuración del
Tesoro de la Nación (PTN) ratificó en la Justicia que hubo
irregularidades en la causa judicial por la deuda de la empresa Correo
Argentino -de la familia Macri- que el gobierno de
Cambiemos quiso cerrar con un acuerdo que luego retiró por las críticas
que recibió.
Se trata de Guillermo Garcia, quien en
abril pasado realizó una auditoria sobre el expediente judicial y hace dos
semanas declaró como testigo en la causa que se investiga si se cometieron
delitos en el acuerdo al que llegaron la empresa y el Gobierno.
"Hubo una demora inusual en el
período de exclusividad y entiendo que lo que correspondería era la etapa de
salvataje de la empresa que estaba ordenada en el año 2004", declaró García el 12 de julio pasado ante el juez federal Ariel Lijo y
el fiscal Juan Pedro Zoni.
También señaló que las decisiones que
se toman en estos expedientes vienen "de la autoridad
política".
García fue el director de Auditoría de
la PTN y dejó el cargo para asumir como coordinador General del cuerpo de
abogados del estado. "Mi renuncia no tuvo nada que ver con la
auditoria del Correo Argentino, o con la renuncia del Dr. Balbín, yo ya había
programado esa renuncia y me pidieron que la demore. Jamás recibí presiones en
esta auditoría ni en las que he hecho desde el año 1995", dijo García
en la declaración a la que Infobae accedió en fuentes con
acceso al expediente.
Carlos Balbín es el ex titular de la
PTN que también deberá declarar como testigo en la causa. Lo hará por escrito
porque por su cargo de juez de la ciudad tiene esa facultad.
En junio del año pasado, el gobierno de
Macri, a través del Ministerio de Comunicaciones que estaba a cargo de Oscar
Aguad, llegó a un acuerdo con el Correo para que saldar la deuda que la
compañía tiene con el estado desde 2001 cuando dejó de abonar el canon de
concesión. El arreglo era el pago 296 millones de pesos en 15 cuotas anuales
(que vencían en el 2033) con un interés del 7 por ciento anual.
La fiscal de la Cámara Comercial,
Gabriela Boquín, dictaminó en contra porque calificó el acuerdo como "abusivo
y perjudicial" para el Estado porque implicaba una quita del 98,2
de la deuda ya que no se actualizaban los intereses, lo que en pesos eran 4.227
millones.
El caso generó una fuerte crítica
política porque el gobierno de Macri condonaba una deuda a una empresa de su
familia. El Correo es de Socma, cuyas acciones el Presidente cedió en 2009 a
sus hijos.
El Gobierno dio marcha atrás y retiró a
mediados de marzo el acuerdo. Además, dispuso que la PTN haga una auditoria
sobre la causa. Paralelamente legisladores del Frente para la Victoria
denunciaron penalmente a Macri, a Aguad y al director General de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, quien firmó en
representación del estado el acuerdo con el Correo. Todos fueron imputados por
el fiscal Zoni. Luego sumó a la investigación a directivos del Correo, a
síndicos del concurso y a la jueza comercial Marta Cirulli.
La auditoria estuvo a cargo de García.
El auditor concluyó el 10 de abril pasado que desde 2001, cuando se inició la
causa, hasta la actualidad hubo una deliberada demora por parte de las
autoridades políticas de cada gobierno para no avanzar. "Con la
mayor franqueza, no alcanzo a descubrir otra estrategia que no sea la de dejar
correr el tiempo, con el perjuicio que ello acarrea a los intereses del Estado
Nacional", señaló.
Durante la década y media que lleva la
causa pasaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y el de Macri.
La principal crítica recayó en que el
expediente está desde 2007 en período de exclusividad cuando la ley permite ese
estado solo por 90 días que se pueden prorrogar por otros 30 y cuando ya se
había decretado la quiebra de la compañía. La auditoría señala que el período
de exclusividad tuvo "expresa conformidad" por parte de todos los
gobiernos. "No parece correcto imputar las demoras que registra la causa
exclusivamente al órgano judicial. También el Correo Argentino S.A. generó
peticiones de todo tipo, varias de las cuales fueron sorprendentemente
receptadas por los Tribunales y silenciosamente aceptadas por el Estado",
agregó García tras el análisis de las más de 25 mil fojas del expediente.
También hubo críticas al acuerdo entre
el gobierno de Macri y el Correo. "Es evidente que el curso del
tiempo en el estado de indefinición a que se ha hecho referencia en esta
auditoría, genera una degradación, a valores constantes, del crédito que
reclama el Estado", explicó en referencia a que al acuerdo no se
aplicaron los intereses de los 16 años que lleva la causa.
En la causa penal, el fiscal Zoni pidió
la declaración como testigos de Balbín y García. El auditor ratificó su
informe. "Yo me remito a lo dicho en la auditoría",
declaró como testigo
A García le preguntaron si conoció
otra causa con un período de exclusividad de tantos años. "Nunca
he visto, si juicios más extensos", contestó.
También le preguntaron qué medidas
debían tomar los abogados del estado ante un período de exclusividad tan
extenso y García apuntó a las responsabilidades políticas: "Habría
que ver en cada supuesto, pero en la medida en que se repetía incidencias y aún
propuestas debían acatar las determinaciones de la autoridad política".
La auditoría no estuvo exenta de peleas
políticas en lo más alto del gobierno. El procurador Balbín dejó el cargo
cuando el trabajo finalizaba y con él se fueron los dos subprocuradores.
Por su parte, García renunció como
titular de la Dirección Nacional de Auditoría pero el nuevo Procurador,
Bernardo Saravia Frías, quien viene de ser secretario de Legal y Técnica del
Ministerio de Economía, le pidió que se quede en el organismo.
García desvinculó la renuncia de Balbín
con la auditoria. "Desconozco las razones por las cuáles dejó el
cargo el Dr. Balbín. Entiendo que al tiempo que ello ocurrió la auditoria del
Correo no había tomado estado público. A mediados de abril el Dr.
Balbín me manifestó que le habían pedido su renuncia", declaró. En
Comodoro Py esperan la declaración de Balbín.
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