Noticia: "Laura Alonso insiste para que los ejecutivos de Odebrecht declaren ante el procurador del Tesoro"

Nota del Editor

El gobierno, no puede (o no quiere) encontrar el camino para encauzar el mega caso Odebrecht como ya ocurrió en otros países afectados por sus delitos de corrupción, además de Brasil. Hasta ahora la información que se conoce en el país proviene del exterior. Así ocurrió ayer en relación con una obra de la empresa de aguas AySA. Se sospecha que en el escándalo de la gran empresa internacional brasileña podrían estar implicadas sociedades dedicadas a la construcción de obras públicas ligadas a funcionarios o amigos del gobierno. Incluido el propio Presidente.

La responsable de la Oficina Anticorrupción reclamó (con una argumentación jurídica endeble) ante el Senado que en el Proyecto de ley sobre Responsabilidad Penal Empresaria se vuelva a incluir un artículo que se eliminó en el texto aprobado por Diputados. Mediante ese artículo se faculta a la Procuración del Tesoro a intervenir en los casos de corrupción. Cabe recordar que el anterior Procurador (Dr. Carlos Balbín) fue echado por no alinearse estrictamente con las directivas del Poder Ejectivo. Fue reemplazado por un abogado vinculado con el Presidente.

La iniciativa del Ejecutivo está impulsada por las exigencias de la OCDE para ingresar a la organización tal como se propone el gobierno.

La nota: 

"Laura Alonso abrió el debate de la ley de responsabilidad penal para empresas en el Senado y volvió a pedir que el procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, tome declaración a los ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht que confesaron haber pagado 35 millones de dólares de coimas en Argentina.

Se trata del artículo 37 del proyecto, incorporado a último momento por presión de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), que creaba un acuerdo administrativo para los empresarios acusados de hechos ilícitos, con intervención de la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

Fue creado tras la resistencia de los diputados de Cambiemos a permitir un principio de retroactividad para las penas y así sentar en el banquillo a los brasileños. Pero la oposición lo eliminó en el recinto, por considerarlo "inconstitucional".

Alonso exigió reincorporarlo: "Lo que se busca con el artículo 37 es obtener un acuerdo administrativo de las personas físicas como de empresas del sector público que hayan participado en actos de corrupción. Y generar el pago de las multas correspondientes y el pago de contratos. Por eso es importante la intervención del Procurador del Tesoro", remarcó.

El Procurador Saravia Frías nunca estuvo de acuerdo en tomar declaración y una vez caído el artículo, inició actuaciones administrativas en las dependencias oficiales que interactuaron con Odebrecht.

En una rueda de prensa posterior a su exposición, la jefa de la oficina anticorrupción confirmó esas actuaciones, recordó que Odebrecht fue suspendida del registro de constructores, pero ratificó la decisión de pedir un marco legal para escuchar a los brasileños en el despacho de Saravia Frías.

"Es importante volver a hablar de las instituciones del Estado, la procurador del Tesoro tiene un rol muy importante y lamentablemente en administraciones anteriores no cumplieron su función", le respondió a LPO.

Alonso propuso otros cambios sobre el proyecto que se reescribió en el recinto de Diputados, en medio de una sesión a los gritos y plagada de cuartos intermedios. Cambiemos había aprobado el dictamen en comisión sin presencia de la oposición y se animó a discutirlo en minoría, sin un final feliz posible. 

La funcionaria pidió limitar los delitos sugeridos para las empresas a cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicas y otros ilícitos vinculados a la administración pública. Así había llegado el proyecto original y fue otro de los retoques realizados en el recinto de Diputados.

Planteó cambiar el primer párrafo del artículo 20, para que "dejar claro" que el acuerdo de colaboración eficaz es a cambio de suspender la persecución pero "no lo exime de responsabilidad penal".

Y unificar el artículo que extiende el plazo de los delitos de la administración pública con el que los declara imprescriptibles, que se contradicen entre sí y obligaron a una aclaración de Emilio Monzó.

Carlos González Guerra, director de política criminal, cuestionó que las penas se hayan elevado hasta el 20% de la facturación de las empresas. "Estamos debatiendo un nuevo código penal y uno de los problemas es justamente la desproporción de penas. Lo ideal es bajarlas y que se consideren los agravantes para que los jueces balanceen", planteó.

E insistió en que no tiene sentido obligar a las empresas a someterse a un programa de cumplimiento (compliance) interno, sino en acorralarlo con posibles penalidades.

El chubutense Juan Pais (FpV-PJ) recordó que ya existe legislación penal tributaria y aduanera para empresas y pidió legislación comparada para saber en cuantos países existen legislaciones similares. "66% de los países que tienen una norma para controlar empresas son de tipo penal y un 5% tienen un mix entre penal y administrativo", respondió Alonso.

El debate de la ley seguirá mañana y la semana próxima, cuando podría surgir un dictamen para tratarse en la sesión del miércoles 16 y devolverlo a Diputados hasta nuevo aviso."

LPO