Nota de opinión: "Biancuzzo, el directivo de la empresa estatal al que acusan de recibir US$ 7,6 millones" Iván Ruiz

"Reunión con Biancuso [SIC]", era el título del correo electrónico que redactaron el 6 de agosto de 2009 los empresarios que ya construían dos plantas potabilizadoras en el conurbano por unos $ 4000 millones.

El mail contenía apuntes sobre los temas a tratar con Oscar Raúl Biancuzzo, director de Infraestructura de AySA. Ése era su cargo formal. En la práctica era el brazo operativo para la construcción de las plantas y manejaba el contacto con las empresas. ¿Cuál era el primer ítem de ese correo electrónico? "DGI", el código utilizado en el submundo ilegal de Odebrecht y sus socios para marcar los sobornos. Lo mismo ocurrió con otro mail (que ya está en poder de la Justicia) al año siguiente. Primer ítem: DGI, es decir, coimas.

Biancuzzo (69 años) no sólo era la mano derecha de Carlos Ben, el presidente de AySA. Llevaba toda una vida ligado al rubro: entró en los ochenta en Obras Sanitarias, trabajó en Aguas Argentinas y desembarcó en AySA. Conocía todo como para poner en marcha una obra faraónica, como la construcción de dos plantas potabilizadoras. Pero su voz tenía eco en las altas esferas de la empresa pública de aguas y en la Secretaría de Obras Públicas, según pudo reconstruir LA NACION entre distintas personas que lo frecuentaron.

Pero este ingeniero mecánico no podría haber ejecutado ninguna de estas tareas sin el aval de Ben y del sindicalista José Luis Lingieri. Poco de lo que sucede en la empresa se le escapa al gremialista de Obras Sanitarias, por eso la Justicia también investiga los contactos entre estos tres personajes. Biancuzzo quedó más expuesto: firmó documentos clave para adjudicar las licitaciones que contienen decenas de irregularidades, tal como reveló LA NACION en abril.

A nadie le resulta extraño dentro de AySA: era el responsable tanto de los grandes trazos que debían seguir las licitaciones como del desarrollo de la obra. La Justicia entiende que Biancuzzo es un personaje clave para investigar el pago de sobornos y seguir la ruta del dinero que desembolsaron tanto los brasileños Odebrecht y Camargo Correa como sus socios locales. El juez Sebastián Casanello ordenó inhibir sus bienes y los de su familia al considerar que "habrían sido el resultado de conductas ilícitas". Su hijo, Ariel Alejandro Biancuzzo (42 años), también quedó bajo la lupa: oficialmente empleado por la empresa agropecuaria familiar, también trabajó para Enacsat SA, una firma que se dedicaba a realizar obras para AySA mientras su padre estaba en la empresa pública. Así comenzó la investigación sobre el incremento de su patrimonio y el de Ben: familiares de ambos estarían vinculados con una decena de empresas que se dedicaban a romper y arreglar las calles durante las intervenciones de la compañía de aguas.

Pero algo ocurrió. Biancuzzo se alejó de AySA en 2011, apenas meses después de haber recibido US$ 7,6 millones de sobornos, según confesó el ex directivo de Odebrecht Luiz Antonio Mameri. Aunque los motivos de su desplazamiento no están claros, LA NACION pudo reconstruir de distintas fuentes que el cambio de rumbo fue motivado por una disputa interna con el propio Ben. Desde ese momento Biancuzzo se corrió definitivamente de las actividades de la empresa. Ya jubilado, monotributista, espera su turno para declarar acusado por corrupción ante la Justicia.

Denuncian que los poderes ejecutivos de la Argentina y de Brasil ponen obstáculos

Los procuradores generales de la Argentina y de Brasil, Alejandra Gils Carbó y Rodrigo Janot, denunciaron ayer que los Poderes Ejecutivos ponen "obstáculos" que dificultan el desarrollo de la investigación conjunta sobre los delitos que integran la investigación Lava Jato. Según detallaron, el Ministerio de Justicia brasileño "exigió una intervención directa en la redacción del Acuerdo de Constitución" de los equipos conjuntos de investigación, mientras que la cancillería argentina propuso que ese equipo fuera negociado por los Poderes Ejecutivos mediante un tratado internacional. "Ambas solicitudes desvirtúan la herramienta de cooperación entre los órganos judiciales competentes para la investigación", remarcaron Gils Carbó y Janot.

La Nación