"La
filtración de datos sobre familiares de funcionarios de primera
línea del Gobierno nacional que participaron del blanqueo de capitales provocó
un cisma dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La
primera derivación del escándalo fue el reemplazo del responsable de
informática del ente recaudador, en un acto reflejo activado por su titular,
Alberto Abad. Indirectamente, el funcionario desplazado pagó el costo de la
difusión pública de los nombres del hermano del Presidente, Gianfranco Macri;
de su amigo, el constructor Nicolás Caputo; del primo del jefe de Gabinete de
ministros, Alejandro Peña Braun; allegados y empresarios de primera línea con
los respectivos montos exteriorizados hasta el 31 de marzo. Pero de fondo,
existe otra pulseada simultánea por el destino de la empresa telepostal OCA,
que enfrenta a Abad con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien puja por
mantenerla a flote y así poder negociar con el líder camionero Hugo
Moyano.
A
través de la Disposición 238-E/2017, la AFIP oficializó ayer la renuncia del
subdirector general de la Subdirección General de Sistemas y
Telecomunicaciones, Jorge Enrique Linskens, dando por finalizadas sus funciones
al frente del área informática. Su reemplazo es quien actualmente se
desempeñaba al frente de la Subdirección de Auditoría Interna, Néstor Sosa,
hombre del riñón de Abad. En este último cago recaló Pedro Ocamica. Linskens
fue la primera víctima tras 24 horas frenéticas donde Abad prometió una ardua
investigación interna sobre el origen de las filtraciones conocidas el domingo
pasado. Dentro del ente recaudador confirmaron esa información enlistada y que
también se suponía que estaba resguardada bajo secreto fiscal, lo que justificó
el enojo inmediato que bajó desde la Casa Rosada apenas aparecieron nombres
como el de Marcelo Mindlin y hasta de un familiar del secretario de Legal y
Técnica, Pablo Clusellas.
Pero
para un ala del Gobierno, el timing de la aparición de los datos que impactan
en la primera línea oficial despertó la sospecha de que el affaire tuvo
vinculación con una creciente interna entre Abad y Quintana por la situación de
OCA. La semana pasada no hubo acuerdo entre los pedidos del secretario de
Coordinación Interministerial para que el ente recaudador no avance sobre la
deuda que registra la empresa telepostal por casi $4.000 millones. Para el
fisco no hay posibilidad de hacer ingresar a la firma en el marco del artículo
32 de la Ley 11.683 para un plan excepcional de moratoria como los que
obtuvieron cientos de empresas durante la gestión de Ricardo Echegaray. Abad no
otorgó ninguno desde que desembarcó en la gestión Cambiemos y remitió una
disposición interna por la cual ordenó que no se tramitaran más. El pedido de
Quintana sobre la empresa de distribución más grande del país con 7 mil
empleados tuvo respuesta negativa. Más allá de la vigencia, la empresa es una
carta de negociación que el Gobierno pretende utilizar con Moyano para mantener
buena relación con el sindicalismo y evitar fricciones innecesarias. Al líder
camionero le atribuyen estar por detrás de Patricio Farcuh, formal cabeza de
OCA.
Desde
el Gobierno vieron crecer la interna: con una disposición, Abad podría volver a
reinstaurar la aplicación del mentado artículo 32 para una ley que, en la
letra, se encuentra vigente. En los pasillos de la AFIP niegan que este
escenario sea una opción que no traiga reminiscencias a su antecesor durante la
era K. En este contexto, la filtración adquirió otro cariz que excedió la
sensibilidad del secreto fiscal. Entendieron un mensaje por detrás de los
nombres que fueron publicados y dieron por sentado que la lista es más extensa
y que las revelaciones podrían tener más capítulos. También descreyeron de la
meteórica investigación interna que derivó en la renuncia formal de Linskens,
12 horas después de que trascendieran periodísticamente los datos reservados.
El funcionario desplazado es planta permanente de AFIP. No renuncia sino que
será reciclado en otro sector. No es la primera vez que la AFIP queda bajo la
mira por la difusión de datos bajo secreto fiscal de personalidades. Dos
denuncias penales se dilataron en los tribunales federales que expusieron
bandos internos antagónicos que se acusaban entre sí."
Ambito
Financiero
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