"Desde 2001, las organizaciones de la sociedad civil presentamos no menos de 50 pedidos formales de información a ambas cámaras del Congreso sobre diversos temas: gastos y asignaciones presupuestarias, número de empleados, sueldos, declaraciones juradas patrimoniales de los legisladores, becas y subsidios otorgados, y un largo etcétera.
Muy
pocos de estos pedidos obtuvieron respuesta en tiempo y forma. Solamente de
aquellos iniciados a partir de 2012, ocho se convirtieron luego en recursos de
amparo ante la justicia federal. En la totalidad de estos casos los jueces de
distintas instancias fallaron a favor de las ONG y tanto la Cámara de Diputados
como el Senado fueron instados a entregar la información solicitada. Sin
embargo, en ninguno de los pedidos se entregaron todos los datos requeridos, y
desde el inicio del planteo hasta que se obtuvo algo de información el proceso
llevó más de cinco años.
Lamentablemente,
de esto puede deducirse que la transparencia y el acceso a la información no
son un valor que el Congreso y sus integrantes consideren como una base
necesaria para generar confianza y una mejor comunicación con la ciudadanía.
Un
dato resulta llamativo: ninguno de los pedidos de las ONG motivó la publicación
proactiva de esta información por parte de ninguno de los partidos políticos
que durante ese lapso se alternaron en la conducción de las cámaras. Es decir,
no ejercieron lo que se conoce como transparencia activa. La salvedad es la
difusión, incipiente todavía, de datos parciales sobre becas, subsidios y
sueldos en el último período. Por el contrario, cada administración inició su
gestión anunciando el relanzamiento de páginas web institucionales, en las que
se priorizaron el diseño llamativo y la publicidad de los presidentes de las
cámaras en detrimento de la calidad del contenido informativo y el armado de
una plataforma basada en las necesidades e inquietudes del usuario. En muchos
casos, como ocurrió a principios de 2016, se quitó deliberadamente información
relacionada con los proyectos de ley. De un día para otro se removieron datos
sobre sus autores, las provincias a las que representan y hasta los textos de
las propuestas mismas.
El
Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que midió en tres
oportunidades a los congresos de la región (2012, 2014 y 2016), ubicó a la
Argentina por debajo de sus vecinos en casi todas las variables consideradas, a
la par de Venezuela y muy lejos de Paraguay, Perú, Ecuador y Bolivia. Este
índice es un parámetro comparativo que, entre otros parámetros, evalúa la
cantidad y calidad de la información que los congresos latinoamericanos ponen a
disposición de los ciudadanos.
Este
año ambas cámaras del Congreso se sumaron a la Alianza para el Gobierno Abierto
(OGP, por sus siglas en inglés), de la que la Argentina es parte desde 2012,
con otros 70 países. Esto implica que cada dos años debe presentar planes de
acción en materia de políticas de transparencia, diseñadas junto a las
organizaciones de la sociedad civil.
Los
compromisos que el Poder Legislativo asumió este año en el marco de ese acuerdo
distan mucho de constituir políticas reales y ambiciosas de apertura: son una
respuesta insuficiente a demandas históricas de diversos actores de la
política, la sociedad civil y la academia. Esta actitud del Congreso contrasta
con los compromisos más desafiantes que el Poder Ejecutivo presentó en julio
como parte del tercer plan de acción nacional.
En
medio de este panorama desalentador, las autoridades de la Cámara baja
decidieron hace algunas semanas aumentarse una vez más el sueldo sin debate
abierto y a espaldas de la ciudadanía. Ese hecho, de fuerte impacto mediático y
discutido hasta el hartazgo en las redes sociales, motivó a la Cámara de
Diputados a no entregar la información correspondiente a un pedido hecho en
marzo de 2017 sobre el canje de pasajes aéreos y terrestres por dinero en
efectivo por parte de legisladores de todos los bloques. Este monto canjeado
significa para cada legislador casi un sueldo más al mes. "No queremos
otro escándalo. Vamos a esperar que los ánimos mediáticos se calmen y te lo
vamos a dar más adelante", justificó un funcionario de la presidencia de
la Cámara. Por este motivo, algunas organizaciones presentaron aún otro recurso
de amparo por la negativa a entregar información.
Desafortunadamente,
respuestas como ésta son la regla y no la excepción. La transparencia no es
algo que pueda declamarse y no ejercerse, sino que exige un compromiso real y
comprobable. No es posible construir un país serio ni mejorar la confianza en
nuestras instituciones cuando éstas operan bajo un manto de secretismo."
Directora
ejecutiva de la fundación Directorio Legislativo y miembro del comité directivo
de la Alianza para el Gobierno Abierto
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