Entrevista: "Combatir la corrupción fortalece a la economía y al sistema democrático", dijo Isabel Groba Vieira, fiscal del caso Lava Jato

"Invitada por el ministerio de Justicia, Groba enumera las razones y las herramientas con las cuales Brasil logró combatir la impunidad de políticos y empresarios en la causa judicial más grande del mundo contra la corrupción.

Jamás alza su voz suave para enfatizar sus respuestas. No lo necesita: son lo suficientemente potentes para conmover a cualquier oído argentino sediento de justicia ante el lujurioso espectáculo de la corrupción local. Invitada por el ministerio de Justicia para compartir sus experiencias como una de los treces fiscales federales que investigan en la ciudad brasileña de Curitiba el árbol de causas contenidas en la mega operación anticorrupción conocida como Lava Jato, Isabel Groba VIeira desorbita los ojos del fiscal Ricardo Sáenz, su otro anfitrión en la Asociación de Magistrados, con una metralla de definiciones y el despliegue de instrumentos clave para poder investigar a los corruptos: equipos de fiscales con dedicación exclusiva y trabajo conjunto bajo el empuje de un procurador general decidido a investigar, cuerpos de peritos profesionales, un sistema de información bancaria unificado, expedientes electrónicos en los que todas las partes cargan sus pedidos y respuestas, condenas que llegan en menos de tres años y que luego de la segunda instancia ya abren las puertas de la cárcel, y siguen las sorpresas. Veamos.

¿Cuáles fueron las principales causas para que el Lava Jato fuese posible?

Inicialmente, la existencia de un órgano con independencia funcional como el ministerio público fiscal, y un poder judicial independiente. En razón de esa independencia funcional, la clave fue un trabajo coordinado, que contó con cooperación internacional, capacitación de fiscales y de un grupo de peritos auxiliares que ayudan en la evaluación de las pruebas reunidas. El trabajo coordinado de los fiscales que actúan en los procesos de primera instancia -como nuestro equipo con el juez Sergio Moro- y la procuraduría general de la república, que se ocupa de los casos de funcionarios que son juzgados por el Tribunal Supremo. También destacaría la existencia de la delación premiada, que le dio un gran impulso a la investigación, y es un mecanismo de mucha importancia para el combate contra el crimen organizado. En el caso del Lava Jato nos permitió expandir la investigación: ya firmamos 158 acuerdos de colaboración premiada. También fueron clave los acuerdos de lenidad (arrepentimiento) firmados con empresas vinculadas con los delitos. Ya firmamos diez.

¿Por qué cree usted que en la lucha contra la corrupción sistémica el Lava Jato pudo llegar más lejos de lo que se logró en otros escándalos como el Mensalao y el Petrolao?

Yo destacaría la sanción de dos leyes: la de crimen organizado y la ley anticorrupción, que trajo la posibilidad de celebrar los acuerdos de lenidad (para bajar las penas). Ambas se votaron en 2013, en la misma época en que hubo un movimiento para retirarle al ministerio público la capacidad de investigar mediante una enmienda constitucional, que por suerte no se aprobó. Fue clave la organización de los fiscales en fuerzas de tareas. Se armó un equipo con fiscales que tenían experiencia en acuerdos de delación premiada y en cooperación con otros países. Yo destacaría también las cualidades personales y la capacidad del juez Sergio Moro. En otras investigaciones anteriores, aún en casos de mucha repercusión pública, hubo muchas demoras, y el paso del tiempo es un gran aliado para los corruptos. Causa la prescripción de los delitos y la impunidad. Tuvimos grandes casos con mucha repercusión pública que duraron doce, quince, diecisiete años. En el proceso de Lava Jato ya tenemos 1.765 investigaciones judiciales, 97 prisiones preventivas, 210 condicionales coercitivas, 104 prisiones temporarias, seis presos en flagrancia y 144 condenas, en sólo tres años de proceso.

¿Cuáles fueron las herramientas más útiles para poder acortar los tiempos?

Un sistema propio de investigación de información bancaria, que fue desarrollado por el ministerio público fiscal durante la causa conocida como Mensalao (que investigaba el cobro de sobresueldos por parte de los legisladores) y por el cual los bancos son obligados a entregar datos en una base única y en un único formato que permite realizar múltiples cruces y rastreos de información en tiempos muy breves. También tenemos un sistema de procesamiento de datos telefónicos, tenemos un grupo de peritos que trabaja con nosotros de manera permanente y casi exclusiva, integrado por analistas de datos, contadores, economistas y técnicos informáticos. Todos nos ayudan a procesar el gran volumen de datos que la operación Lava Jato fue -y continúa- reuniendo. También trabajamos estrechamente con la agencia recaudadora de impuestos y, por supuesto, con la policía federal, que tiene su propio cuerpo de peritos de gran calidad. También quiero destacar la importancia del expediente electrónico, que imprime un ritmo mucho más veloz a las investigaciones. No hay papeles. Todas las partes que tienen acceso a los autos cargan sus peticiones o resoluciones y el resto las ve de inmediato. Las notificaciones también son electrónicas. Cuando hay audiencias -que son todas orales- se graban, se filman y también se incorporan al expediente electrónico.

¿Cuál es la importancia del procurador general Rodrigo Janot en el impuso de la investigación del Lava Jato?

El dio su apoyo permanente, no sólo con la creación de la fuerza de tareas de fiscales sino también con su ampliación y la permanencia de todos sus miembros. Es una actividad coordinada, porque en cada una de las investigaciones van surgiendo acusados que tienen fueros legislativos o políticos y que por eso deben ser juzgados por el Supremo Tribunal Federal, y en esos casos es el procurador Janot el que debe actuar. El toma nuestro trabajo como base para sus acusaciones, ahí nosotros lo auxiliamos a él.

¿Cómo resuelve el desafío de aceptar la delación premiada de un acusado por corrupción que podría aliviar su castigo aunque sea culpable?

En el Lava Jato los fiscales jamás le propusimos a ningún acusado un acuerdo de delación. Siempre fueron los abogados defensores los que vinieron a nosotros. Para firmarla, el arrepentido debe traer en forma completa la lista de ilícitos que cometió y las pruebas que avalen su testimonio. El objetivo del ministerio público es que en la relación costo-beneficio, la ganancia para la sociedad sea la mayor posible en cada caso.

Pero esa herramienta funciona como incentivo si el acusado tiene miedo de ser condenado. ¿Cree usted que existe una relación entre el uso de la delación premiada y el rápido avance de las condenas en el proceso Lava Jato?

Sin duda. En un escenario de impunidad no hay lugar para la colaboración premiada. Si los procesos se demoran, si hay chances de alcanzar la impunidad de uno u otro modo, la colaboración no va a ocurrir. Si por ejemplo es posible interponer infinitos recursos y apelaciones para demorar el proceso, la delación no es posible. En las causas del Lava Jato, las condenas pueden ser apeladas ante el Tribunal Regional Federal y eventualmente al Superior Tribunal de Justicia o a la Corte Constitucional, sólo sobre asuntos constitucionales. Otro avance importante fue el cambio de jurisprudencia con relación a la posibilidad de excepción provisoria de la pena, es decir de seguir en libertad cuando ya se recibió una condena: tras la confirmación de la sentencia por la segunda instancia, el condenado ya va a la cárcel. Esto también impulsó a los condenados a negociar acuerdos de colaboración.

Uno de los argumentos que se escucha aquí para acotar el avance de las investigaciones por corrupción es que las empresas involucradas son necesarias para el crecimiento económico. ¿Qué piensa usted?

Lo opuesto: combatir la corrupción fortalece a la economía y al sistema democrático. El correcto flujo de los recursos para las políticas públicas esenciales sólo se garantiza en un sistema con bajo nivel de corrupción. Los sobornos también causan grandes perjuicios en el sistema electoral, como reveló el Lava Jato.

¿Cómo sobreviven las empresas que confesaron actos de corrupción?

Las firmas que celebraron acuerdos de lenidad deben cumplirlos, promoviendo la reparación del daño e incorporando programas de compliance. Deben confirmar su intención de adecuarse a las normas para poder seguir operando. Los plazos para pagar las indemnizaciones son largos justamente para asegurar la posibilidad de cumplirlos. Odebrecht, por ejemplo, tiene 23 años para pagar sus multas. Sin ningún tipo de quita.

¿Por qué cree que es tan difícil para la Argentina armonizar sus procesos con lo que ocurre en Brasil?

No podria responderlo. Sí puedo asegurar que el caso Lava Jato sólo fue posible bajo las condiciones procesales y con las herramientas a las que me referí.

Jamás alza su voz suave para enfatizar sus respuestas. No lo necesita: son lo suficientemente potentes para conmover a cualquier oído argentino sediento de justicia ante el lujurioso espectáculo de la corrupción local. Invitada por el ministerio de Justicia para compartir sus experiencias como una de los treces fiscales federales que investigan en la ciudad brasileña de Curitiba el árbol de causas contenidas en la mega operación anticorrupción conocida como Lava Jato, Isabel Groba VIeira desorbita los ojos del fiscal Ricardo Sáenz, su otro anfitrión en la Asociación de Magistrados, con una metralla de definiciones y el despliegue de instrumentos clave para poder investigar a los corruptos: equipos de fiscales con dedicación exclusiva y trabajo conjunto bajo el empuje de un procurador general decidido a investigar, cuerpos de peritos profesionales, un sistema de información bancaria unificado, expedientes electrónicos en los que todas las partes cargan sus pedidos y respuestas, condenas que llegan en menos de tres años y que luego de la segunda instancia ya abren las puertas de la cárcel, y siguen las sorpresas. Veamos.

¿Cuáles fueron las principales causas para que el Lava Jato fuese posible?

Inicialmente, la existencia de un órgano con independencia funcional como el ministerio público fiscal, y un poder judicial independiente. En razón de esa independencia funcional, la clave fue un trabajo coordinado, que contó con cooperación internacional, capacitación de fiscales y de un grupo de peritos auxiliares que ayudan en la evaluación de las pruebas reunidas. El trabajo coordinado de los fiscales que actúan en los procesos de primera instancia -como nuestro equipo con el juez Sergio Moro- y la procuraduría general de la república, que se ocupa de los casos de funcionarios que son juzgados por el Tribunal Supremo. También destacaría la existencia de la delación premiada, que le dio un gran impulso a la investigación, y es un mecanismo de mucha importancia para el combate contra el crimen organizado. En el caso del Lava Jato nos permitió expandir la investigación: ya firmamos 158 acuerdos de colaboración premiada. También fueron clave los acuerdos de lenidad (arrepentimiento) firmados con empresas vinculadas con los delitos. Ya firmamos diez.

¿Por qué cree usted que en la lucha contra la corrupción sistémica el Lava Jato pudo llegar más lejos de lo que se logró en otros escándalos como el Mensalao y el Petrolao?

Yo destacaría la sanción de dos leyes: la de crimen organizado y la ley anticorrupción, que trajo la posibilidad de celebrar los acuerdos de lenidad (para bajar las penas). Ambas se votaron en 2013, en la misma época en que hubo un movimiento para retirarle al ministerio público la capacidad de investigar mediante una enmienda constitucional, que por suerte no se aprobó. Fue clave la organización de los fiscales en fuerzas de tareas. Se armó un equipo con fiscales que tenían experiencia en acuerdos de delación premiada y en cooperación con otros países. Yo destacaría también las cualidades personales y la capacidad del juez Sergio Moro. En otras investigaciones anteriores, aún en casos de mucha repercusión pública, hubo muchas demoras, y el paso del tiempo es un gran aliado para los corruptos. Causa la prescripción de los delitos y la impunidad. Tuvimos grandes casos con mucha repercusión pública que duraron doce, quince, diecisiete años. En el proceso de Lava Jato ya tenemos 1.765 investigaciones judiciales, 97 prisiones preventivas, 210 condicionales coercitivas, 104 prisiones temporarias, seis presos en flagrancia y 144 condenas, en sólo tres años de proceso.

¿Cuáles fueron las herramientas más útiles para poder acortar los tiempos?

Un sistema propio de investigación de información bancaria, que fue desarrollado por el ministerio público fiscal durante la causa conocida como Mensalao (que investigaba el cobro de sobresueldos por parte de los legisladores) y por el cual los bancos son obligados a entregar datos en una base única y en un único formato que permite realizar múltiples cruces y rastreos de información en tiempos muy breves. También tenemos un sistema de procesamiento de datos telefónicos, tenemos un grupo de peritos que trabaja con nosotros de manera permanente y casi exclusiva, integrado por analistas de datos, contadores, economistas y técnicos informáticos. Todos nos ayudan a procesar el gran volumen de datos que la operación Lava Jato fue -y continúa- reuniendo. También trabajamos estrechamente con la agencia recaudadora de impuestos y, por supuesto, con la policía federal, que tiene su propio cuerpo de peritos de gran calidad. También quiero destacar la importancia del expediente electrónico, que imprime un ritmo mucho más veloz a las investigaciones. No hay papeles. Todas las partes que tienen acceso a los autos cargan sus peticiones o resoluciones y el resto las ve de inmediato. Las notificaciones también son electrónicas. Cuando hay audiencias -que son todas orales- se graban, se filman y también se incorporan al expediente electrónico.

¿Cuál es la importancia del procurador general Rodrigo Janot en el impuso de la investigación del Lava Jato?

El dio su apoyo permanente, no sólo con la creación de la fuerza de tareas de fiscales sino también con su ampliación y la permanencia de todos sus miembros. Es una actividad coordinada, porque en cada una de las investigaciones van surgiendo acusados que tienen fueros legislativos o políticos y que por eso deben ser juzgados por el Supremo Tribunal Federal, y en esos casos es el procurador Janot el que debe actuar. El toma nuestro trabajo como base para sus acusaciones, ahí nosotros lo auxiliamos a él.

¿Cómo resuelve el desafío de aceptar la delación premiada de un acusado por corrupción que podría aliviar su castigo aunque sea culpable?

En el Lava Jato los fiscales jamás le propusimos a ningún acusado un acuerdo de delación. Siempre fueron los abogados defensores los que vinieron a nosotros. Para firmarla, el arrepentido debe traer en forma completa la lista de ilícitos que cometió y las pruebas que avalen su testimonio. El objetivo del ministerio público es que en la relación costo-beneficio, la ganancia para la sociedad sea la mayor posible en cada caso.

Pero esa herramienta funciona como incentivo si el acusado tiene miedo de ser condenado. ¿Cree usted que existe una relación entre el uso de la delación premiada y el rápido avance de las condenas en el proceso Lava Jato?

Sin duda. En un escenario de impunidad no hay lugar para la colaboración premiada. Si los procesos se demoran, si hay chances de alcanzar la impunidad de uno u otro modo, la colaboración no va a ocurrir. Si por ejemplo es posible interponer infinitos recursos y apelaciones para demorar el proceso, la delación no es posible. En las causas del Lava Jato, las condenas pueden ser apeladas ante el Tribunal Regional Federal y eventualmente al Superior Tribunal de Justicia o a la Corte Constitucional, sólo sobre asuntos constitucionales. Otro avance importante fue el cambio de jurisprudencia con relación a la posibilidad de excepción provisoria de la pena, es decir de seguir en libertad cuando ya se recibió una condena: tras la confirmación de la sentencia por la segunda instancia, el condenado ya va a la cárcel. Esto también impulsó a los condenados a negociar acuerdos de colaboración.

Uno de los argumentos que se escucha aquí para acotar el avance de las investigaciones por corrupción es que las empresas involucradas son necesarias para el crecimiento económico. ¿Qué piensa usted?

Lo opuesto: combatir la corrupción fortalece a la economía y al sistema democrático. El correcto flujo de los recursos para las políticas públicas esenciales sólo se garantiza en un sistema con bajo nivel de corrupción. Los sobornos también causan grandes perjuicios en el sistema electoral, como reveló el Lava Jato.

¿Cómo sobreviven las empresas que confesaron actos de corrupción?

Las firmas que celebraron acuerdos de lenidad deben cumplirlos, promoviendo la reparación del daño e incorporando programas de compliance. Deben confirmar su intención de adecuarse a las normas para poder seguir operando. Los plazos para pagar las indemnizaciones son largos justamente para asegurar la posibilidad de cumplirlos. Odebrecht, por ejemplo, tiene 23 años para pagar sus multas. Sin ningún tipo de quita.

¿Por qué cree que es tan difícil para la Argentina armonizar sus procesos con lo que ocurre en Brasil?

No podria responderlo. Sí puedo asegurar que el caso Lava Jato sólo fue posible bajo las condiciones procesales y con las herramientas a las que me referí."