Cristóbal López
"Los nuevos dueños de las empresas de
Cristóbal López salieron con los tapones de punta contra el Gobierno y la AFIP.
Denunciaron que ambos están haciendo una
tarea de pinzas para llevar a la quiebra al Grupo Indalo. Por un lado,
el Gobierno “está ahogando financieramente” al grupo, al no pagar trabajos
realizados por más de 1.200 millones de pesos; mientras que la AFIP dijo que
“no aceptará ninguna propuesta de pago de las deudas fiscales”, según el
comunicado que emitió el directorio de Oil Combustibles y el fondo de
inversiones OP Investments, que dirige Ignacio Rosner.
Allí
se planteó que desde hace varios meses el Gobierno dejó de pagarle al
Grupo Indalo todos los trabajos realizados. Por ejemplo, Vialidad Nacional
tiene una deuda de $600 millones, según los nuevos accionistas, y la Secretaría
de Transporte $56 millones, entre otros. "Nuestros reiterados pedidos al
Gobierno Nacional no obtuvieron respuesta", dijeron desde OP Investments.
Y agregaron: "Mientas el juzgado interviniente no apruebe el ingreso de
fondos por los inversores estratégicos, las empresas del Grupo quieren
alertar que no podrán hacer frente a los salarios del personal, pagos a la
AFIP, materias primas y demás obligaciones con el flujo de caja propio, ante la
morosidad señalada".
En
medio de un laberinto judicial, los asumidos nuevos dueños de Indalo
que aún no son reconocidos como tales por la Justicia, buscan garantizar la
continuidad de 4.000 puestos de trabajo directos y 11.000 indirectos, a quienes
ya les están avisando que no les van a poder pagar los salarios en los próximos
días.
Es
que OP Investments tiene dos frentes complicados.
Por
un lado, la Justicia federal,
donde quedó radicada la causa que investiga la maniobra defraudatoria por no
pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). En esta
investigación el juez Julián Ercolini ordenó una inhibición de bienes
sobre todo el grupo. “Esto impide cualquier venta y movimiento de acciones.
Por lo tanto, y con lo oposición de la AFIP en su carácter de querella y de los
vendedores judiciales, no hay ninguna venta al momento”, explicaron a Clarín fuentes
judiciales.
Ese
planteo se contrapone con los anuncios de OP Investments, que ya asumió la
conducción del Grupo Indalo. Es que para la Justicia, Cristóbal López y su
socio Fabián De Sousa siguen siendo los dueños. Y su escenario judicial podría
complicarse en las próximas semanas.
“Hemos
adquirido de manera irrevocable la totalidad de las acciones de control del ex
Grupo Indalo, y hemos iniciado el proceso de restructuración que permitirá
generar valor y crecimiento en las empresas que lo componen. Los anteriores
accionistas, no conservan participación ni injerencia alguna en la conducción
de las sociedades que integran el Grupo”, informó el grupo inversor de Rosner
hace unas horas.
Pese
a la intención de impulsar una importante inversión en el holding constituido
por 170 sociedades, el otro frente complicado que tiene OP Investments
es la AFIP. En primer lugar, ya consiguió que la Corte Suprema declare nulo
el primer concurso de acreedores de Oil Combustibles, que había abierto de
manera “fraudulenta” Cristóbal López, en la provincia de Chubut. Y como el
grupo inversor presentó el pedido para que se abra un nuevo concurso de
acreedores, la AFIP anticipó que también se opondrá.
Es
que el viernes pasado los abogados del fondo OP Investments le pidieron al juez
en lo comercial Héctor Hugo Vitale que abra un nuevo concurso de acreedores de
Oil Combustibles -la empresa que originó la deuda con la AFIP- ahora en manos
del fondo de inversiones que comanda Ignacio Rosner y con domicilio en la
ciudad de Buenos Aires. El objetivo es relanzar el holding de empresas y poder
pagar los sueldos de los empleados y las deudas de la compañía, principalmente
con la AFIP.
Para
poder abrir un nuevo concurso de acreedores, los abogados de OP Investments se
basan en un párrafo del fallo del máximo tribunal, donde se plantea la
necesidad de “restablecer el derecho de los acreedores que pudo resultar
conculcado, pero sin causar un daño injustificado al sujeto concursado”. Para
la gente que trabaja con los nuevos accionistas eso significa que el juez
Vitale puede abrir un nuevo concurso de acreedores, para recuperar las
compañías, por fuera del que había presentado Cristóbal López.
La
semana pasada Rosner expuso ante el juez Vitale y unos 20 acreedores el Plan
Estratégico de OP Investments para pagar a los acreedores y recuperar los
negocios de las compañías, con una inyección de fondos de US$ 300 millones, de
los cuales US$ 120 millones se comprometió a invertir la petrolera rusa Lukoil,
si se aprueba la venta de las empresas de Cristóbal López al fondo de
inversiones que lidera Ignacio Rosner. Allí también se propone la venta de
activos no estratégicos por US$ 100 millones, entre los que se destacan
Petrolera Cerro Negro y la planta de Paraná Metal, pero no incluye la venta de
los medios de comunicación. Y una propuesta de pago de $10.075 millones de
deudas a la AFIP, en un plan de 90 cuotas, con un prepago inicial de $972
millones.
Pero
la AFIP se opone a esa opción.
Según OP Investments, el “pago de las deudas originadas por el anterior
accionista mereció una respuesta desconcertante de la AFIP”.
¿La
razón? Si logra abrir el trámite en el fuero comercial, podrá acceder a una
moratoria que representará una quita, es decir pagará incluso hasta un 30%
menos de la deuda que mantiene con el organismo fiscal. A la fecha la deuda,
contabilizando intereses y punitorios supera los 10.000 millones de pesos,
según la AFIP.
El
organismo que dirige Alberto Abad insiste con que para la AFIP los dueños
siguen siendo “López y su socio De Sousa; y como tal, no hay facilidades de
pago (por substitución judicial) y seguiremos oponiéndonos ante la Justicia
ante el nuevo concurso de acreedores”.
La
respuesta del grupo inversor fue fulminante. En un reciente comunicado
señalaron que “está en peligro la continuidad de un importante grupo
industrial argentino y miles de puestos de trabajo”. Afirmaron que la AFIP
y el Gobierno “están ahogando financieramente” al grupo. Y apuntaron contra la
Justicia, por no aprobar aún el ingreso de fondos por parte de los inversores
estratégicos.
Consultados
por Clarín fuentes oficiales señalaron que sólo “se está cumpliendo con la
ley”, respecto al rechazo del concurso de acreedores. “Ellos deben pagar la
deuda completa sin quita porque con el dinero del Estado se financiaron por
años”.
Con
Cristóbal López cerca de ser procesado por fraude a la administración al
adeudar 8.000 millones de pesos por no pagar ante la AFIP el impuesto a los
combustibles, cerrando toda posibilidad a cualquier facilidad de pago del
fisco, los inversores que se adjudican la a adquisición del 100% de las
acciones del Grupo Indalo, ahora responsabilizan al Gobierno y al
organismo recaudador de empujar al holding a la quiebra.
En este escenario la Justicia federal
insiste en que con la inhibición de bienes vigente “no hay venta realizada” y
se espera el pronunciamiento del fiscal Gerardo Pollicita sobre esta situación.
También la decisión del juez Vitale, sobre el pedido de apertura de un nuevo
concurso de acreedores.
La causa se inició el 16 de marzo de
2016 con una denuncia de la diputada Elisa Carrió, en la que señaló que las
anteriores autoridades de la AFIP permitieron a Oil Combustibles "no
abonar en tiempo y forma" el ITC y el "uso indebido del dinero para
capitalizar las demás sociedades" del Grupo Indalo. Asimismo, la denuncia
sostuvo que parte del dinero recaudado "fraudulentamente se destinó a
satisfacer los retornos de los ex mandatarios Néstor y Cristina Kirchner, sus
empresas y sociedades".
Clarin
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