"El
titular del gremio de los porteros (SUTERH) y presidente del Partido Justicialista
porteño, Víctor Santa María, se ha sumado a la lista de importantes dirigentes
sindicales investigados por graves hechos de corrupción. La investigación que
lo compromete seriamente por lavado de dinero comenzó en la Unidad de
Información Financiera (UIF), organismo que luego la presentó ante la Justicia,
donde ya intervienen el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo,
mientras se completa la búsqueda de información local e internacional.
Se
trata de una serie de operaciones inmobiliarias y financieras sospechosas por
casi cuatro millones de dólares realizadas por el Sindicato Único de
Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh). En algunas de esas
operaciones se repiten empresas proveedoras con un mismo domicilio vinculadas
al sindicato y a dos empresarios, Damián Fernando Bila y Andrés Leandro
Stangalini, y a las sociedades Alto Trust Ltd. y Vica Trust, radicadas en
Suiza. Posteriormente, Alto Trust cambió su denominación por Primafides Suisse
SA
Está
comprobado, además, que empresas proveedoras del Suterh -en rubros diversos
tales como publicidad, informática, turismo, construcciones, seguridad, gestión
administrativa, servicios de internación o sanitarios y venta de productos
farmacéuticos- compartían un modus operandi por el cual
acreditaban fondos y aportes mediante cheques del sindicato para luego dar
lugar a extracciones, anticipos de dividendos y formas contables para retirar
dinero en efectivo, operaciones que generalmente suponen maniobras irregulares
de sobre o subfacturación.
El
informe de la UIF sostiene que "no se puede descartar la utilización de
maniobras de sobre o subfacturación que permitan fugas o canalizaciones de
fondos desde el Suterh hacia las firmas analizadas. Tales los casos de las
sociedades proveedoras Servifarma24 SA y la actual Máxima Salud SA, registradas
por la AFIP como usuarias de facturas apócrifas".
Según
la UIF, cabe sospechar que los fondos administrados por el sindicato "y
pertenecientes a los trabajadores" hayan sido derivados a través de esas
sociedades para "destinarlos a fines ajenos a la actividad sindical".
Agrega el informe que José Francisco Santa María y sus hijos Víctor, actual
titular del sindicato, y Catalina podrían ser "beneficiarios finales
(titulares) de Alto Trust Ltd., sociedad que sería administradora de Vica
Trust". A su vez, a fines del año pasado, Víctor Santa María habría dejado
de ser beneficiario de Vica Trust, siendo reemplazado por la esposa de José
Francisco Santa María. En marzo del corriente año se habrían verificado débitos
en ese trust por poco más de 2,5 millones de dólares.
Uno
de los empresarios sospechados, Stangalini, fue denunciado en 2011 por el
abogado Ricardo Monner Sans por haber intentado ingresar más de medio millón de
dólares sin declarar en Uruguay.
Las
fundadas sospechas entroncan con una larga tradición, tristemente arraigada en
parte del sindicalismo argentino, caracterizada por la corrupción a costa del
dinero de los trabajadores y la perpetuación de dinastías familiares que
transmiten de generación en generación la titularidad de un gremio, como si se
tratara de verdaderas monarquías.
En
el caso de los porteros, José Francisco Santa María manejó largamente el
sindicato desde 1985 hasta 2005, año en que pasó la corona de secretario
general a su hijo Víctor, reelegido por última vez en junio pasado. Por
supuesto, esos traspasos se realizan mediante elecciones cuyas reglas siempre
benefician al sector oficialista del sindicato.
Si
bien Víctor Santa María ha negado toda vinculación con cuentas y firmas en
Suiza y aseguró desconocer Alto Trust y Vica Trust, admitió, en cambio, que su
gremio es dueño de más de cien propiedades.
Santa
María estuvo procesado en dos causas: una por la quiebra del Banco Patricios y
otra por un plan de viviendas del gremio, pero fue sobreseído en ambas. También
se lo investiga porque en el balance 2015 de Interacción SA, la firma
aseguradora de riesgos del trabajo que pertenece al sindicato, habría 203
millones de pesos que carecían de respaldo contable y alrededor de 5000 juicios
en contra que no estarían registrados. Por este motivo, la Superintendencia de
Seguros de la Nación había efectuado una denuncia. El año pasado el
superintendente, Edgardo Podjarny, fue secuestrado y asaltado por delincuentes
que demostraron conocer muy bien sus hábitos, y sufrió golpes y culatazos
durante su cautiverio. Una de las fuertes hipótesis que se manejaron en
aquellos momentos fue la de una venganza por su denuncia.
Nadie
duda del creciente poder económico del Suterh, propietario también, a través de
su Fundación Octubre de Trabajadores de Edificios, del diario Página 12 y de
una densa galaxia de medios y entidades culturales que incluyen, entre muchas
otras empresas y entidades, radios; un fideicomiso cinematográfico; dos
teatros; revistas como Caras y Caretas y El Planeta Urbano; la editorial
Octubre, y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET),
que ha comprado diez pisos en el edificio de la Sociedad Hebraica, en Sarmiento
al 2200.
La
reciente condición de editor asumida por Santa María, sobre todo en Página 12,
es utilizada como un escudo para evitar cualquier examen sobre su sospechosa
conducta económica. Denunciar el manejo turbio de los fondos sindicales se
convertiría, según esta perspectiva, en un ataque a la libertad de expresión.
El argumento no sólo es falaz. Invierte, además, la verdadera relación entre
ambos fenómenos. Hay que interrogarse acerca de si Santa María no ha adquirido
medios de comunicación para blindar ante la opinión pública movimientos
económicos injustificables. La Argentina de los últimos años, sobre todo
durante el kirchnerismo, al que este sindicalista adscribe con fervor, ha sido
pródiga en este tipo de maniobras.
La
Justicia tiene que determinar no sólo si el Suterh y sus dirigentes han lavado
dinero, sino el origen de los cuantiosos fondos de la familia que gobierna el
sindicato desde hace décadas como si se tratara de un bien familiar."
La Nación
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