Nota del Editor
Nuestra sociedad, en
especial la clase media, frente a ciertos hechos, tiene abruptos cambios de
humor y de olvido. Es dificil no recordar, por ejemplo, la Plaza de Mayo llena
de gente vivando al dictador Galtieri despues de la invasión de las Malvinas.
Cuando fuimos vencidos, como era de esperar, a los pocos días, la plaza se
volvió a llenar para repudiar a los autores de “los años de plomo”, que tanto
daño causaron.
Frente a la corrupción se tiene
actitudes ambiguas y/o incoherentes. La corrupción en nuestra país es
sistémica. Difícilmente un sector social esté fuera de ella. Obviamente que con
distintos grados de responsabilidad y complicidad.
Hasta ahora, a pesar de la
gravedad del problema, el reclamo social ha sido muy tímido. No se ven
enormes cantidades de ciudadanos en la calle reclamando justicia.
Si no se capitaliza la
experiencia, se corre el riesgo de buscar un chivo expiatorio y luego olvidar
que el problema es complejo y extendido.
La nota
Señala Steven Pinker en su
obra Los ángeles que llevamos adentro, (Editorial Paidós) que “son
las personas que identifican su política con la palabra liberal las más
susceptibles de subrayar la ecuanimidad y la autonomía (como) virtudes
esenciales del liberalismo clásico”. Estas son las cualidades que permiten,
entre otras, que las personas determinen sus actitudes y decisiones por sí
mismas, por encima de los dictados de la tribu, la autoridad o la tradición. En
ocasiones, como acontece actualmente en Argentina, el fervor político lleva a
las sociedades a una pérdida paulatina e inconsciente del sentido de la
ecuanimidad. Son momentos en que conviene distanciarse de las perspectivas
partidarias y analizar los acontecimientos desde una altura más abarcadora.
Según el analista Rosendo
Fraga, “la estrategia electoral del oficialismo este año fue derivando del
anti-kirchnerismo al anti-peronismo” buscando una polarización que ha hondado
la famosa grieta y “ha llevado a una virtual parálisis del sistema político”.
Por su parte, el periodista y escritor Jorge Asís, en el tono cáustico que lo
caracteriza, ha denunciado la instalación de un clima de “revanchismo gorila”.
Si bien son opiniones personales y subjetivas, diversos acontecimientos
de los últimos meses han contribuido a que ésta sea una opinión presente en
otros observadores independientes.
Uno de los ejes de la
estrategia electoral del oficialismo ha consistido en impulsar los procesos
judiciales sobre la corrupción del kirchnerismo, lo que no habla bien de la
imparcialidad que le es exigible al Poder Judicial. A estos efectos, el
Gobierno cuenta con la inestimable colaboración de jueces que han perdido todo
sentido de la objetividad, como Carlos Bonadío, o de fiscales, como Carlos
Stornelli, que parecen actuar al dictado de las necesidades electorales del
Gobierno. La fotografía distribuida por la Gendarmería Nacional del contador de
la familia Kirchner, disfrazado adrede con casco y chaleco antibalas, rodeado
de decenas de gendarmes armados hasta los dientes, como si de un peligroso
narcotraficante se tratara, es otra prueba del uso partidista de las
instituciones con fines electorales.
La iniciativa de expulsar
de la Cámara de Diputados al ex ministro Julio De Vido en base a su inculpación
en varios procesos penales ha dado lugar a un espectáculo de muy bajo nivel,
que sólo Margarita Stolbitzer ha tenido la decencia de señalar. Es posible que
muchos de los admiradores con que cuenta Elisa Carrió se hayan sentido
profundamente emocionados por un discurso flamígero que terminó ubicando a De
Vido en el sexto círculo del infierno del Dante, donde van los “infames
traidores a la Patria”. La verborrágica diputada continuó luego su raid
en la televisión caracterizando a la Cámara de Diputados como un “circo romano
lleno de ladrones”, una suerte de “Sodoma y Gomorra”, una descalificación que
por su generalidad alcanzaba a amigos y adversarios. Si alguien cree que de
esta forma se fortalece “el peronismo de Pichetto” –como con inteligencia
reclama Luis Alberto Romero- creo que sencillamente se equivoca.
Las intervenciones de
varios diputados, dando por sentado hechos presuntamente delictivos que no han
sido aún probados en ningún proceso, y utilizando descalificaciones personales
de todo tipo, guardaban un cierto parecido de familia con los despreciables
escraches que se han popularizado en Argentina, en los que no se pone en duda
la culpabilidad de la víctima. Esta forma primitiva de justicia por mano
propia, donde el acusador hace de testigo y juez, emitiendo una sentencia sobre
hechos no verificados en un proceso judicial, es una metodología indigna
de honorables diputados que parecieran haber olvidado sus
convicciones republicanas.
La regla de la ecuanimidad
consiste en aplicar a los otros la misma regla que reclamamos que se aplique a
nosotros. En este sentido, vale recordar algún caso donde los roles están
intercambiados para ilustrar esta pérdida de ecuanimidad que hemos señalado. En
el año 2001 Mauricio Macri fue procesado por el juez Carlos Liporace como
partícipe necesario en un delito de contrabando agravado, que conllevaba una
pena de 2 a 10 años de prisión. Según informó el diario La Nación en aquel
momento, ante las especulaciones mediáticas, Macri defendió su inocencia y
desmintió su alejamiento como titular del Club Boca Juniors. “Por ahora,
seguiré siendo el presidente de Boca. Hoy no hay ninguna posibilidad de que me
vaya, si todavía ni fui procesado. Si algún día voy a juicio y me condenan,
renunciaré. No voy a renegar del estatuto que yo mismo reformé”, había dicho el
dirigente de Boca, en referencia a la normativa del club, que lo obligaba a
dejar su cargo si tenía “condena firme”.
La invocación del
principio de presunción de inocencia por el entonces dirigente futbolístico
Mauricio Macri, era correcta, pero el presidente Macri debió recordar aquel
incidente para utilizar la misma regla en el juzgamiento actual de sus
adversarios políticos.
En relación con este
tema, el coro de voces que se ha alzado en la Cámara de Diputados frente
al fenómeno de la corrupción política, no deja de tener un costado hipócrita.
Ningún proyecto de ley concreto, dirigido a elevar el nivel ético de las
instituciones ha sido presentado, cuando los diputados tienen a su alcance una
fórmula sencilla: llevar al plano nacional lo que marca el artículo 57 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Dice esta norma: “Nadie puede ser
designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un
delito doloso en perjuicio de la Administración pública. El funcionario que
fuese condenado por sentencia firme por delito contra la Administración será
separado sin más trámite”.
Esta disposición de la
Constitución de la CABA no vulnera el principio constitucional de presunción de
inocencia dado que se limita a elevar el listón de exigencias para todos
aquellos que aspiran a asumir responsabilidades en la función pública.
Simplemente se quiere garantizar que estas personas no estén afectadas ni
siquiera por una sombra de dudas sobre su pasado. Claro que es una regulación
enormemente peligrosa cuando no se cuenta con una Poder Judicial imparcial e
independiente. Por ejemplo, Macri no podría haber presentado su candidatura a
presidente si hubiera existido una norma de estas características, puesto que
registraba un procesamiento por escuchas ilegales.
Lo que interesa a los
fines de este análisis es señalar que en un sistema republicano, la ley debe
ser igual para todos. Es inaceptable que se pretendan utilizar criterios más
exigentes para juzgar situaciones particulares como se ha pretendido hacer con
el diputado De Vido. La presunción de inocencia rige para todos y si lo que se
pretende es reducir su ámbito de vigencia en el espacio más sensible de la
función pública, hay que dictar una ley general para todo el mundo. Una
sensibilidad compenetrada con la ecuanimidad que demanda el liberalismo
auténtico, no puede aceptar otra fórmula.
Comentarios
Publicar un comentario
Nos interesa conocer su opinión sobre el blog. Gracias.