Noticia: "Caso Skanska: ejemplo de impunidad"

Nota del Editor

El caso Skanska se inició en el año 2006 y aún está sin resolverse. Este artículo de la LN es de 2011, cuando todavía el Juez era Norberto Oyarbide (hoy renunciado), conocido por el manejo político de las causas. En la nota también se menciona a otros jueces (camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah) que realizaron actos escandalosos en este caso a la luz pública.

La nota

"La Sala I de la Cámara Federal ha dado un paso tan importante como nefasto para ampliar la impunidad con la que, en forma creciente, se protege a funcionarios y ex funcionarios sospechosos de graves actos de corrupción.

Lo hizo en el llamado caso Skanska, uno de los principales escándalos de la última década, asociado con el presunto pago de sobreprecios y coimas durante la ampliación de los gasoductos.

Pues bien, no hubo pagos de sobreprecios ni de coimas, y el caso Skanska dejó de ser un caso para ser una simple ampliación de los gasoductos, según se desprende del fallo de los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

Lo preocupante es que uno de los principales argumentos de los magistrados es que la sospechosa ampliación de la red de gasoductos fue primordialmente una "decisión de gobierno".

En la misma resolución se sobreseyó por "inexistencia de delito" al secretario de Energía, Daniel Cameron, y al ex interventor del Enargas Fulvio Madaro, quien estaba procesado por cohecho y fraude. También se sobreseyó a ejecutivos de las empresas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur, y se revocó el procesamiento de Néstor Ulloa, ex titular de Nación Fideicomisos. Ulloa está procesado en una causa paralela que tramita el juez en lo penal económico Javier López Biscayart, en la que se investiga una usina de facturas truchas, que entregó esos comprobantes a Skanska por servicios nunca realizados para justificar erogaciones de dinero que, se sospechaba, encubrían el pago de coimas a funcionarios.

Luego del fallo de la Sala I, aquella causa por evasión sería prácticamente lo único que quedaría en pie del caso Skanska, aunque aún es posible que el caso llegue a la Cámara de Casación.

La adjudicación de las obras fue una "decisión política de ampliar la red de gas" para aumentar el suministro, sostuvieron los camaristas. Recordemos que una de las licenciatarias, Transportadora de Gas del Norte, en reiteradas oportunidades le comunicó por escrito a Madaro que las constructoras, como Skanska, cotizaban las obras por encima de los precios de plaza. Pero finalmente Madaro dispuso, de todos modos, que las obras se realizaran.

Sostuvieron los camaristas en un fallo muy crítico sobre el juez instructor, Norberto Oyarbide, que no hubo sobreprecios y para ello se basaron en un cuestionado peritaje contable realizado por los peritos de la Corte Suprema de Justicia, avalado por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y cuya nulidad había pedido el fiscal federal Carlos Stornelli.

Tampoco aceptaron la existencia de coimas para consentir los sobreprecios. Existe en la causa una grabación que menciona las coimas, pero esta misma Sala I la había declarado nula tiempo atrás. En esa grabación, un auditor de Skanska confesó que se pagaron "comisiones indebidas" y otro imputado declaró que funcionarios del Gobierno le pidieron que consiguiera las facturas falsas.

Conocido el fallo, el ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido expresó su asombro porque aún se está discutiendo en la Cámara de Casación la validez de la grabación. Por su parte, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) consideró que los sobreseimientos son "una nueva dosis de impunidad a la corrupción".

Por desgracia, es así. A diferencia de otros casos de presunta corrupción, Skanska posee amplia documentación probatoria. Pero, como puede advertirse, el camino de la impunidad se preparó primero al anular pruebas comprometedoras y, luego, al no tenerse en cuenta otras. De este modo, despojado de esos cruciales elementos, el hecho se reduce a una "decisión de gobierno".

A la lentísima instrucción del cuestionado juez Oyarbide le ha seguido ahora un escandaloso fallo de la Cámara Federal, que encierra todo un mensaje de tranquilidad a aquellos funcionarios comprometidos en casos similares. Y un mensaje de impunidad para los que en estos momentos puedan estar delinquiendo"

La Nación