"Hasta que no haya una condena...", se sincera un juez con despacho en Comodoro Py. Abre las manos resignado y deja la frase sin terminar. Desde que entró en vigor la nueva ley del arrepentido (N° 27.304), en noviembre, ningún imputado en una causa de corrupción aceptó colaborar con la Justicia a cambio de una reducción de pena. Cuando se habla de corrupción, no hay arrepentidos. La falta de sentencias sobre ex funcionarios, los temores por la seguridad física de los testigos y hasta el desconocimiento de las partes implicadas en el trato son algunos de los motivos que enumeraron ante LA NACION jueces, fiscales, abogados e imputados en casos de corrupción que sacudieron la agenda pública en los últimos años. Los datos del Programa de Protección a Testigos, la herramienta que otorga el Estado a los arrepentidos para garantizarles seguridad e ingresos económicos, son contundentes: el 32% de los integrantes están vinculados a delitos de lesa humanidad; el 26%, a caus...
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