Proyecto de Ley: Creación de una Comisión Nacional de Anticorrupción

Nota del Editor:

Con el número 5882-D-2016 los diputados Augusto Carlos Alejandro Echegaray (UCR Buenos Aires) y Diego Nanni (UCR Salta), en septiembre 2016,  presentaron un proyecto de Ley creando la Comisión Nacional Anticorrupción, para ser aprobado por el Congreso. El proyecto abarca los hechos comprendidos entre 2003 – 2015

El proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1: Créase una Comisión Nacional Anticorrupción que tendrá por objeto contribuir a esclarecer la trama de acciones de funcionarios públicos y particulares que permitieron la perpetración de hechos ilícitos y prácticas de corrupción cometidos en perjuicio de la Administración Pública Nacional en el período 2003/2015 .

Artículo 2: Serán funciones específicas y taxativas de la Comisión las siguientes:

a) recibir denuncias y pruebas sobre los hechos referidos en el artículo anterior y remitirlas a la justicia si ellas estuvieren relacionadas con la presunta comisión de delitos;

b) denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos probatorios que se pretende esclarecer;

c) conocer el estado de causas judiciales en trámite relacionadas con los hechos que investiga;

d) investigar las denuncias, pruebas recibidas y evidencias que surjan del análisis de documentación que requieran;

e) emitir un informe final transcurrido un año desde su constitución, con una explicación detallada de los hechos investigados, describiendo los procedimientos denunciados como ilegales, proponiendo de considerarlo pertinente la sanción de leyes o el dictado de reglamentos administrativos que pudieren tender a evitar las prácticas corruptas. Dicho plazo podrá ser prorrogado por única vez por un período igual o menor por decisión de la mayoría de sus miembros.

Artículo 3: La Comisión tendrá las siguientes facultades:

a) solicitar todo tipo de documentación, informes y datos, escrito u oral, relacionado con los hechos investigados, tanto de los organismos de la administración pública como del ámbito privado. Asimismo, podrá solicitar su colaboración a los gobiernos y organismos provinciales y a la Ciudad autónoma de Buenos Aires. Los funcionarios y organismos están obligados a proveer estos informes, datos y documentos y a facilitar el acceso a los mismos;

b) recibir toda clase de elementos probatorios sujeto a su oportuna valoración;

c) requerir y recibir testimonio de personas. El testigo prestará juramento o promesa de decir verdad, y antes de declarar se lo apercibirá de las penas en caso de que afirmare una falsedad o atenuare o callare la verdad en todo o en parte, salvo que la respuesta pudiera autoincriminarlo. En caso de reticencia o negativa a declarar se dará intervención al juez competente;

d) practicar inspecciones en lugares públicos, semipúblicos y privados, allanando por sí el ámbito que se trate;

e) exigir la exhibición de cualquier clase de prueba instrumental reservada o secreta o no a las personas públicas o privadas, pudiendo revisar y secuestrar toda clase de documentación y correspondencia que guarde relación con los hechos investigados;

f) requerir el auxilio de la fuerza pública;

g) solicitar a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, y jefes de reparticiones autónomas y autárquicas, empleados de organismos centralizados y descentralizados, sociedades anónimas del estado, fuerzas armadas, de seguridad y policiales, del Poder legislativo y del Poder Judicial la colaboración de los empleados y funcionarios técnicos de su dependencia, los que por su trabajo no tendrán remuneración especial;

h) solicitar autorización judicial para impedir que se ausente del país una persona cuya declaración sea necesaria para la investigación.

La Comisión deberá requerir autorización judicial previa en los casos previstos en los incisos d), e) y f) del presente artículo. Asimismo, podrá solicitar la intervención del juez competente en cualquier otro caso que lo considere pertinente.

Artículo 4: El incumplimiento, resistencia, desobediencia, reticencia, demora, o cualquier otra interferencia en el cometido de las funciones de la Comisión podrá importar en su caso, la comisión de delitos tipificados en el Código penal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que corresponda.

Artículo 5: La comisión estará integrada por diecisiete (17) miembros, todos ad honorem, a saber:

a) tres diputados pertenecientes a distintos bloques parlamentarios,

b) tres senadores pertenecientes a distintos bloques parlamentarios,

c) dos representantes de la Asociación de entidades periodísticas Argentinas,

d) un representante por cada uno de los cultos católico, judío, evangélico e islámico,

e) tres representantes por las organizaciones no gubernamentales especializadas en control público,

f) dos representantes del Consejo Interuniversitario Nacional.

Artículo 6: La comisión dictará su propio reglamento interno, elegirá un Presidente, un vicepresidente y un secretario. Asimismo, podrá constituir los equipos técnicos que juzgue convenientes.

La comisión decidirá por simple mayoría.

La Comisión quedará disuelta al momento de presentarse el informe al que se refiere el inciso e) del artículo 2.

Artículo 7: La Comisión se denominará “Comisión Nacional Anticorrupción” y tendrá su sede en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, quien además proveerá la infraestructura, la apoyatura técnica y el personal necesario para su desenvolvimiento.

Artículo 8: Facúltase al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a realizar las actuaciones que correspondan a fin de integrar la comisión. A tales efectos deberá solicitar, dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la promulgación de la presente ley, a los organismos y organizaciones a que se refiere el artículo 5 el nombre de las personas que lo representarán.

Artículo 9: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

En los últimos tiempos la sociedad se ha visto conmovida por la exposición pública de diversas evidencias de la perpetración de hechos de corrupción de una magnitud inédita por parte de las más altas autoridades del anterior gobierno nacional.

A modo de ejemplo podemos citar: la coima del caso Skanska, la mafia de los medicamentos, la valija de Antonini Wilson, el caso Ciccone, el triple crimen de Gral. Rodriguez y la mafia de la efedrina, la tragedia de once y el desvío de los subsidios ferroviarios, la malversación de los fondos de “futbol para todos”, la megacorrupción de la obra pública simbolizada por Lázaro Baez, José López y Julio De Vido, el escándalo del manejo de los fondos de “sueños compartidos” de madres de plaza de mayo, la administración paralela de fondos públicos por Milagros Sala, los privilegios corruptos del grupo empresario de Cristobal López, las maniobras de contrabando y sobrefacturación e importaciones apócrifas en la Aduana, etc.

Todo ello exhibe una matriz de corrupción sistémica y perversa, en la que toda la gestión de recursos públicos se puso al servicio de una gigantésca e inédita maquinaria de apropiación de fondos públicos, por parte de funcionarios públicos y sus socios de ocasión, promovida desde el vértice del poder.

Esta sucesión de casos ha tenido un doble impacto en nuestro país:

a.    Hacia el interior de la sociedad, extendió un sentimiento de impunidad que

afecta un pilar básico del sistema democrático, la igualdad ante la ley. Se afectó la credibilidad de la sociedad en la justicia, en particular la justicia federal, encargada de investigar la mayoría de los casos más resonantes de corrupción, generando la percepción que muchos de quienes deben ser los principales defensores del respeto a la legalidad resultan cómplices o complacientes con quienes la violaron abiertamente.

b. De cara al mundo, si no avanza la justicia, se daña la credibilidad de la Argentina en el concierto internacional.

Resulta fundamental la superación de este obstáculo que afecta el normal desenvolvimiento de la actividad pública y privada de los argentinos.

Con la finalidad de superar esta trampa cultural que condiciona la vida institucional argentina, el ex Senador Nacional Ernesto Sanz propuso en el año 2011 la creación de una Comisión de Investigación de Corrupción en el Estado, que inspirada en la labor de la histórica CONADEP, cumpla el objetivo de reunir testimonios y pruebas y elaborar un informe final que ponga a disposición de la Justicia sobre hechos de corrupción ocurridos a partir del año 2003 y que represente un Nunca Más para la corrupción sistematizada en Argentina.

La recuperación democrática de 1983, más allá del liderazgo de Raúl Alfonsín, tuvo dos hitos para cimentar la cultura democrática argentina.

Primero, la constitución de la CONADEP, que realizó un trabajo sin antecedentes en nuestra nación construyendo una recopilación que expone los peores años de la historia argentina con altura, severidad y solidez.

Y segundo, a partir del informe de aquella comisión, de la conciencia colectiva generada desde ese grupo de intelectuales, religiosos y activistas honorables, se funda el histórico juicio a las Juntas Militares.

En estos momentos, los argentinos también nos encontramos ante un desafío, que expresado en lo político, tiene origen en lo cultural. Así como en 1983 nuestra sociedad se debatía entre democracia o dictadura, hoy estamos desafiados por un debate de época: democracia republicana o populismo autoritario.

En tal sentido consideramos que, así como la democracia se edificó hace poco más de treinta años bajo la idea de verdad y justicia, hoy entramos en una segunda etapa que implica definir contenidos de esa democracia.

El progreso democrático requiere una justicia que actúe en tiempo y forma quitando del imaginario colectivo la sensación de que un manto de impunidad se tiende protegiendo corruptos a lo largo y ancho del país.

A su vez, la magnitud de los hechos hasta ahora conocidos que se insinúan como la punta de un iceberg de dimensiones colosales, ponen en duda que la estructura e integración actual de la justicia federal estén en condiciones de afrontar tamaño desafío. Muestra de ello es que los principales impulsores de las investigaciones más impactantes han sido periodistas, medios de comunicación y legisladores.

Por ello es que consideramos una contribución de vital importancia para la consolidación de una democracia republicana la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción que recabando testimonios y documentación referidos a presuntos hechos de corrupción permita colaborar con el esclarecimiento de los mismos y la sanción de las conductas ilícitas.

La comisión no tendrá el objetivo de administrar justicia. Lejos de ello, tendrá la obligación de facilitar información y colaborar en la medida que le sea solicitado, y denunciar en la medida que corresponda, ante la Justicia los casos que así lo ameritasen. Su finalidad es simbólica en tanto debe marcar un quiebre en materia de transparencia pública en Argentina, fomentando la búsqueda de la verdad sin resentimientos y la participación de la sociedad civil en el control del poder público.

A su vez, pretende ser un mensaje de esperanza, que promueva la confianza social en nuestro futuro común, que eleve el tono moral de los argentinos y se convierta en una herramienta transformadora y revolucionaria del destino de nuestras instituciones, normas y valores que estructuran nuestra sociedad.

Por su parte, tiene sustento en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que sabiamente define al grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento como un “atentado contra el sistema democrático”, junto con aquellos que sancionan la interrupción del orden institucional por la fuerza.

También en el principio de la publicidad de los actos, uno de los pilares del estado de derecho, que hace a la esencia del control de los mismos.

Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.