Entrevista: Alejandra Gils Carbó: “No tengo nada contra Mauricio Macri”. Jorge Fontevecchia

Nota del Editor

Los presidentes procuran tener amigos en los puestos claves, especialmente en aquellos que tienen funciones de investigación y/o control. Fue así durante el kirchnerismo. Y también en este gobierno. Tres casos actuales: Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción, Gustavo Arribas en la Agencia Federal de Investigaciones y Bernardo Saravia Frías en la Procuración del Tesoro de la Nación.

Hay que recordar también que Macri quiso nombrar dos jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia argumentado que el Congreso estaba en receso. La maniobra era ilegal y tuvo que dar marcha atrás.

Hace tiempo que el gobierno le apuntó los cañones a Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación, designada por Cristina Fernández de Kirchner. Y a pesar de los embates se propone seguir en su puesto. Recientemente fue denunciada por una supuesta maniobra iligal en la compra de un edificio por parte de la Procuración.

Gils Carbó es miembro de "Justicia Legitima". Una organización de "magistrados progresistas" en el ámbito de la justicia, que "no tiene afiliación partidaria como se ha querido hacer creer", según sus propias declaraciones.

La entrevista

"—Doctora Gils Carbó, usted ha cursado una maestría en economía política en los últimos años e hizo la mayor parte de su carrera judicial en el fuero comercial. Son treinta años dedicados al tema. ¿Por qué la economía argentina, a lo largo de todos estos años, no ha logrado crecer de manera sostenible?

—Bueno, no es que sea economista. Hice una maestría en economía política argentina para poder entender mejor mi trabajo. No soy una experta, pero convengamos que en los últimos tiempos hubo un fenómeno que cambió el esquema de los Estados que es la globalización. Un mercado global y financiero que les hace muy difícil a los gobiernos tener control de lo que sucede. No sólo en cuanto a variables económicas, sino también jurídicas y políticas en su propio país. Los Estados fueron debilitándose, perdiendo fuerza en el marco de este mercado global que cambia las reglas. Han cambiado las variables, las del mercado de trabajo, las posibilidades que tiene una economía de diversificarse…

—En el período de 2004 a 2005, cuando le tocaron todos los concursos, los APE (acuerdos preventivos extrajudiciales), se creó la imagen de que usted era muy dura con las empresas. Le pregunto para tratar de entender su visión sobre las empresas, sobre su responsabilidad, la experiencia que tuvo luego de la crisis de 2001. ¿Cómo fueron esos años y cuál fue su experiencia con los empresarios?

—Bueno, no, yo no creo haber sido dura con ninguna empresa. Nunca he llamado la atención por poner en problemas a alguna empresa, ni a algún banco o una compañía de seguros. Entiendo muy bien la importancia y el efecto en cadena que se provoca poniendo en dificultades a una gran empresa, un banco, una compañía de seguros. 

"Cuando impugné la fusión Cablevisión-Multicanal, Kirchner era presidente y su relación con Clarín, óptima"

—Usted tuvo el caso del acuerdo del Grupo Clarín a través de lo que luego terminó siendo Cablevisión-Multicanal. Probablemente a partir de su intervención se haya ganado la animadversión del Grupo Clarín. Cuénteme cómo fue el proceso específico del APE de la empresa del Grupo Clarín en aquel momento.

—Bueno, era justamente este proceso, un acuerdo preventivo extrajudicial con mucho déficit para defensa de los acreedores. Había dos aspectos, que eran la manera en que se llegaba a un acuerdo con los titulares de obligaciones negociables que, de acuerdo con el prospecto de misión, sólo se pueden modificar. Imagínese que quienes compran obligaciones negociables en el mercado son básicamente ahorristas, gente común que a través del banco muchas veces invertía. Durante los años 90 hubo mucha fe en una Argentina “del primer mundo” con ese dólar tan barato. Muchas empresas invirtieron y se veía cómo la unanimidad que exigía el prospecto de misión para cambiar los términos del pago aparecía burlada a través de acuerdos preventivos extrajudiciales, donde no había manera real de controlar cómo se llegaba a esas mayorías. Yo denuncié irregularidades en esa forma de colectar las mayorías legales y también denuncié lo que resultaba evidente que se estaba formando: un conglomerado monopólico multimedia que implicaba un riesgo para la libre circulación de la información y la libre formación del consenso en la democracia.

—¿Eso era porque el acreedor era luego la misma persona que era dueña de la empresa competidora?

—Exacto, ese acuerdo preventivo era parte del negocio de la fusión Multicanal-Cablevisión. La empresa Fintech financió el pago, digamos, el acuerdo preventivo extrajudicial. Pero no iba a conseguir una autorización de la Comisión de Telecomunicaciones para operar medios por su falta de especialidad. Era un fondo, un hedge fund. Pero sí lo iba a lograr Clarín. Entonces había una opción de compra detrás, de manera que si se perfeccionaba el APE, Clarín pasaba a ser el titular del 60%, conseguía los permisos que se requerían y las autorizaciones. Reducía su deuda y esa gran reducción era parte del negocio que se cristalizaba en la fusión. Al impugnar el acuerdo preventivo extrajudicial se impugnaba la fusión. Por eso había dos temas: el de los derechos de los acreedores y el de la fusión monopólica.

"Ese gesto de independencia motivó mi designación con el 90% de los votos del Senado."

—En ese momento Clarín tenía una muy buena relación con el gobierno, o sea que usted se enfrentó a Clarín y al gobierno. Me refiero, para los desmemoriados o la gente más joven, al gobierno de Néstor Kirchner.

—Sí, esa fusión estaba siendo aprobada en el momento en que yo la impugno, cuando Néstor Kirchner era presidente. Ese fue uno de los factores con los que pude acreditar mi independencia en la función y que luego motivaron mi designación como procuradora, votada por más del 90% del Senado.

—¿En ese momento se quedó sola? ¿Tenía al kirchnerismo, a la mayor empresa de medios y, si mal no recuerdo, a gran parte del Poder Judicial en contra?

—Tenía en claro lo que estaba en juego y, como siempre, hice prevalecer mis principios por sobre las consecuencias que me pudiera provocar defender algo tan importante como el libre consenso en democracia. ¡Me iniciaron siete pedidos de juicio político que se tramitaban al galope!

—¿Se puede decir que Clarín nunca le perdonó su intervención en aquel fallo y mantiene una animadversión con usted? ¿Siente eso?

—Bueno, no sé si le pondría un nombre. Hay hechos que son ciertos. Sí me trajo consecuencias desfavorables si lo vemos, por ejemplo, en la calidad de algunas notas que hacen sobre mí. ¡Han llegado a decir que declaré un asueto para poder ver un partido de Messi!

—¿La actitud de “La Nación” es distinta en ese punto?

—Mire, en ambos casos debo decir, también con Clarín, que no es todo un medio contra la procuradora. Hay periodistas y periodistas. Algunos han dejado entrever críticas a esa posición y yo, por mi parte, dictaminé muchas veces en favor de Clarín en materia de libertad de expresión.

—Doctora, en cuanto al Correo, ¿cuál fue su intervención en el caso del concurso, cuál es su opinión sobre el estado actual de esa causa y por qué se llegó a la situación en la que hoy estamos?

—Mire, la única intervención que yo recuerdo, porque es un expediente que tiene muchos años, la hice cuando se presentó un acuerdo de pago por la empresa ante la Cámara y yo dije que la Cámara no era competente para examinarlo sino que había que presentarlo en la primera instancia, respetando el rol de la doble instancia. Esa es la única intervención que recuerdo. No podría opinar sobre el caso porque el día de mañana tal vez puedo intervenir en un recurso ante la Corte.

—Bien. Usted dio decenas de conferencias y en varias de ellas habló sobre las sociedades off shore. Me llamó la atención una que tituló “Sociedades pantalla y fraude off shore”. ¿Cuál es su opinión sobre lo que revelaron los Panamá Papers?

—Muchas veces, en mi desempeño como fiscal general, advertí sobre el accionar de las sociedades off shore, que justamente se llaman así (“fuera de la costa”) porque el país que las crea no permite que actúen en su propio territorio. Imagínese que eso sólo ya nos indica que no son un instrumento adecuado para el bienestar económico, sino que son más bien un instrumento para defraudar, para ocultar. La finalidad principal es ocultar al beneficiario de los negocios que realizan. ¿Por qué? Porque estas sociedades se caracterizan por tener una mínima base documental, un papel firmado por un representante, que es el único sustrato material de la sociedad, y cuando se los investiga resultan ser jubilados o indigentes. Gente que por su situación puede quedar al margen de una persecución penal o patrimonial.

"No sé si Clarín me tiene en la mira. Pero hay hechos. ¡Una vez dijeron que había dado asueto para ver a Messi!"

—Tal vez el caso Panamá Papers nos sirva para hacer algo de didáctica. Porque es verdad que tanto Coca-Cola como las principales empresas de Argentina están en algún paraíso fiscal. Tanto como que hay una enorme diferencia entre una compañía que radica un holding allí porque actúa en varios países y necesita centralizar su actividad y una empresa fantasma armada con acciones innominadas y un indigente como titular. Sería útil marcar la diferencia entre una función que podríamos llamar lógica o normal y su degradación, el haberlas convertido en otra cosa, ¿verdad?

—Sí, exacto. Lo que pasa es que esa economía que empezó siendo totalmente ilegítima, para ocultar ganancias de enriquecimiento ilícito de funcionarios y capos narcos, empezó a estar relacionada con la economía legítima. Por eso sigue habiendo cien paraísos fiscales, y muchos de ellos dependen de Estados Unidos, Gran Bretaña, son protectorados o islas con enorme cobertura. Hoy, separar la economía legítima de la ilegítima no es tan fácil. Y estas sociedades fueron utilizadas para otra clase de negocios o estructuras empresarias, que ya no tenían un objeto ilegal.

—La cuestión es: los grupos que actúan en distintos países y necesitan un sitio que sirva como holding actúan de manera legal y pagan los impuestos en los países en los que operan. Bueno, en ese caso se comprende que elijan un lugar donde no tengan que volver a pagar impuestos para mantener sus holdings.

—Eso es verdad. Pero tampoco hay que confundirse con ese argumento de evitar la doble tributación. Que muchas veces se soluciona con acuerdos entre países. Lo que en principio fue una herramienta para evitar el doble pago terminó siendo utilizado para defraudar familias, trabajadores, para doblar la regla más básica del derecho patrimonial y de la responsabilidad.

—Usted fue profesora de la Universidad Católica, de la de Belgrano, de la Austral, pero comenzó en 1988 en la del Salvador, que en ese momento y durante mucho tiempo fue conducida por Bergoglio, primero como obispo y luego como cardenal. Vi recién una foto suya con él en el Vaticano. ¿Cómo ha sido su relación con él?

—Bueno, la verdad es que lo conocí ya como papa. La primera vez, cuando fuimos a consultarlo sobre los archivos del Vaticano que podían tener información sobre hechos de la dictadura. Se le pedían informes al Vaticano como si tuviera un Gran Hermano con datos de todos los fieles, y lo cierto era que no estaba bien individualizada la información. Entonces fuimos a que nos asesoraran, a ponernos de acuerdo sobre cómo debían hacerse esos pedidos, para que los fiscales y jueces observaran esas reglas. Más adelante nos unió el trabajo en algo que creo que es su principal interés, como jesuita que es, con los pies en la tierra y no hablando tanto del cielo: ayudar a los más necesitados, los marginales, los enfermos, los adictos.

—El presidente Macri la acusa de no preocuparse lo suficiente por el narcotráfico.

—Es exactamente lo contrario. Desde que creé la Procunar, la Procuraduría de Narcocriminalidad, donde no había ningún equipo especializado en narcotráfico, se produjeron los golpes más fuertes en la historia de la Justicia a las grandes complicidades policiales y judiciales. El jefe de Policía de la provincia de Santa Fe, Hugo Tognoli, condenado; el jefe de Drogas Peligrosas de Córdoba, Rafael Sosa, condenado por encubrimiento; el juez Raúl Reynoso, a quien invitaban siempre a dar conferencias sobre narcotráfico. Recuerdo que el Ministerio de Seguridad, en ese momento, estaba indignado: lo consideraban uno de los más efectivos, el que más decomisos hacía, el que más gente detenía. Sí, a los perejiles. Jefes, nunca.

"Las off shore son un instrumento para defraudar, para ocultar al beneficiario de los negocios que realizan."

—Doctora, el Gobierno hace gala del aumento del decomiso de droga, del aumento de casos en los que se apresa a los más grandes y no a pequeños dealers, y por lo que usted dice eso es resultado no sólo de esta gestión sino de los cambios producidos por las procuradurías especiales.

—No me atrevería a decir tanto. La verdad es que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha puesto mucho empeño, mucho trabajo. Hay policía que realmente arriesga su vida todos los días luchando contra el narcotráfico. De ninguna manera niego el trabajo que se está haciendo y la importancia de los decomisos. Pero usted sabe que cuando uno decomisa droga, el narcotráfico no desaparece. Suben el precio, la droga se vuelve más cara para los adictos, se enriquecen aún más. Esa clase de combate no hizo desaparecer el narcotráfico. Por el contrario, aumentó. Entonces, lo que sí es un aporte del Ministerio Público es la política criminal, que es una línea que he establecido a través de las procuradurías que trabajan, que asisten a todos los fiscales del país. Que es ir por los grandes zares del negocio. Porque los dealers, los soldaditos, estas mujeres mal llamadas “mulas”, que cargan la droga en su cuerpo, son reemplazables, no les importan, son un número.

—Seguir el dinero permite llegar al fondo de la cuestión.

—Claro. En materia de narcotráfico hay que ir hacia el dinero. En general siempre se concibió la organización criminal como un grupo de personas que participan en actividades delictivas. Hoy parecen grupos de actividades delictivas en las que participan personas, porque se encarcela a sus cabecillas y la organización sigue funcionando, incluso manejada desde la cárcel. Entonces hay que desarticular, hay que ir por el narcotráfico violento y evitar la dominación territorial.

—Entiendo, por lo que usted dice, que es injusta la acusación respecto de que usted no se preocupa por el tema narcotráfico que le hace el Presidente. Para que me quede claro: ¿usted le reconoce a la actual gestión una mayor preocupación por el tema narcotráfico y éxito en la lucha contra él?

—Le reconozco a la ministra Patricia Bullrich un gran trabajo en materia de narcotráfico.

—Doctora, Macri sostiene que usted no tiene “autoridad moral” para el cargo. ¿Por qué cree que hace esa afirmación?

—Bueno, lo ha dicho con motivo de la citación a indagatoria en una causa que le voy a explicar en detalle. Eso sorprende, porque él llegó a presidente estando procesado. Así que para nada es una causal. La única causal para remover un procurador es el mal desempeño de la función a través de un juicio político, no por opiniones que, a veces, son interesadas. Digo interesadas porque aun desde antes de haber asumido como presidente Mauricio Macri decía, una vez en el gobierno, que yo tenía que renunciar para colocar un hombre de su confianza. Pero no es eso lo que dice la Constitución Nacional. Ningún presidente puede, por su voluntad, poner como procurador a una persona de su confianza.

—Esteban Righi, su predecesor, en su renuncia dijo: “La naturaleza del cargo de procurador no es compatible con las manifestaciones propias de la militancia partidaria, no obstante no puedo ocultar que jamás creí que fuera posible ejercer tan alta función en condiciones de asepsia política”. ¿Es incompatible un cargo como el suyo y como el que tenía Righi con la militancia política?

—En mi opinión sí, es incompatible. Y lo quiero aclarar. Cuando los constituyentes pensaron en este Ministerio Público como cuarto poder autónomo, independiente, hubo todo un período de crecimiento. Ese desarrollo para que ese poder se hiciera realidad es parte del proceso de maduración de nuestra democracia. Cuando el kirchnerismo postuló a Daniel Reposo, que venía de la militancia, hubo un gran debate sobre la incompatibilidad de que fuera procurador alguien que tenía una filiación política. Fue un debate positivo, de madurez institucional. Con motivo del fracaso de esa postulación, me buscaron a mí, que soy la primera empleada judicial que llega a procuradora general, con 25 años de carrera, 20 como fiscal y sin haber tenido jamás afiliación partidaria. Sé que hasta el Presidente me acusa de ser militante K, lo cual me genera una enorme incomodidad. Examinaron con lupa mis pruebas de independencia, que no sólo incluyen la impugnación a la fusión Cablevisión-Multicanal contra el deseo del entonces presidente, sino también en el caso Sociedad Comercial del Plata, una denuncia caratulada: “Banco Nación sobre estafa”. La presidenta del Banco al momento de los hechos era Felisa Miceli, y al momento de radicar la denuncia, ministra de Economía de Kirchner. 

"Estudié en la Sal pero conocí a Bergoglio ya Papa. Nos une la misma pasión: ayudar a los más necesitados"

—Cuando Macri dice que necesita como procurador a alguien “de mi confianza”, ¿no es ésa una contradicción frente a su acusación de militante K que le hace a usted?

—Bueno, está diciendo eso. Es lo que hizo con el jefe de Gobierno Rodríguez Larreta al nombrar fiscal general al ministro Martín Ocampo, que era diputado del PRO. Con lo cual la razón que está dando para pedir mi desplazamiento no es la real. También me acusó en el programa de Mirtha Legrand de estar detrás de las causas Correo, Panamá Papers y Avianca. Más allá de que sea falso, lo que demuestra es una enorme resistencia a aceptar el rol de frenos y contrapesos que debe tener el Ministerio Público Fiscal, cuya obligación es investigar las denuncias de corrupción de todo gobierno, cuando asume, en ejercicio, cuando se va, cuando no está más. Por eso no siento esto como un ataque personal. Se ataca a la institución, al rol que debe cumplir como garantía de independencia judicial.

—¿Cuál es su opinión, su balance, sobre el estado general de la Justicia en la Argentina?

—Los últimos tiempos parecen turbulentos, pero yo he visto cómo han salido a la luz problemas de los que nunca se había hablado, temas como la vinculación de los servicios de inteligencia con la Justicia, algo que siempre fue un tema tabú. O como debatir si la independencia no sólo debe ser del poder político, sino también del poder económico. Eso es algo muy positivo.

—A ver... Puede que haya fiscales con afinidad al Gobierno, los puede haber contrarios al Gobierno y, de hecho, usted es el mejor ejemplo al ser llamada a indagatoria. No todos actúan de manera uniforme. Hay fiscales que usted nombró que son más afines a su pensamiento y su pensamiento, no parece afín al del Gobierno. Sería interesante aprovechar un reportaje largo como éste, incluso para que les sirva al Presidente y a la sociedad, para entender su posición. ¿Hay fiscales que tienen la mirada de Justicia Legítima, no comulgan con el Gobierno y a la vez simpatizan con el kirchnerismo o es una equivocación? Si así fuera, ¿en qué se basa esa equivocación?

—Dos cosas le voy a aclarar. Primero, yo no designo fiscales. O sea, concursos públicos, televisados, filmados, anónimos, con cinco miembros de jurado que son fiscales, los examina el Senado, que da la aprobación, y los designa el Poder Ejecutivo. Conclusión: no designo ni designé nunca fiscales a dedo. Y eso de que los fiscales o jueces estén comprometidos con intereses políticos, lo veo como un fenómeno reducido. No es así. Justicia Legítima surgió en un momento en que se advirtió, o se temió, cierta influencia del poder económico sobre algunos jueces en el caso particular de la llamada Ley de Medios. Con la idea de defender la independencia y la autonomía, un núcleo importante de jueces, fiscales y defensores, puso sobre el tapete el debate de la independencia de los jueces y fiscales del poder económico.

—Déjeme leerle algunas de esas acusaciones. Usted dice que no nombra fiscales. Pero al mecanismo de designación de fiscalías estratégicas se agrega, además, el traslado de fiscales a otros destinos al asignado en el concurso, sin respetar el lugar fijado en el acuerdo del Senado. Fiscales que habían sido nombrados para Neuquén o Goya pero terminaban en Comodoro Py. Usted conoce esos casos: el fiscal Barbella, el fiscal Córdoba, el fiscal Guzmán, el fiscal García, que terminan en causas que involucran a funcionarios kirchneristas. ¿Existe a su juicio algún grado de justificación en las sospechas respecto de que se nombran fiscales para un lugar y luego son trasladados a causas con alta sensibilidad política y de que usted lo haría a propósito, para beneficiar a los funcionarios kirchneristas acusados o para dilatar sus causas?

—Bueno, no ha sido así en absoluto. Le voy explicando por partes, si me permite. De hecho, nadie puede dar un ejemplo de eso. A veces sucedía que el Senado daba acuerdo y el Poder Ejecutivo le daba decreto a un fiscal para una fiscalía que no estaba habilitada porque la habilitación, a veces, depende o de que se cree el juzgado, o de que haya presupuesto para habilitarla. Entonces yo me encontraba con fiscales nombrados por el Poder Ejecutivo a los que tenía que tomarles juramento y ya empezaban a cobrar el sueldo. Bueno, si no está habilitada su fiscalía, no sé, de Goya, de General Pico o de Santiago, los hago a trabajar en otra fiscalía. Con el déficit de fiscales federales que hay, apenas 400 para todo el país, y el genuino reclamo de la sociedad en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, no voy a tener un fiscal sentado en el escritorio diciéndole: “Espere que se cree su fiscalía para ponerse a trabajar”. A eso obedecen muchos de esos traslados. Nunca hice un traslado a fiscalía de Comodoro Py de personas ajenas a Comodoro Py. A lo mejor habrán sido designadas en otra fiscalía.

—Usted habrá visto el programa de Majul donde el fiscal Moldes, de Zapala, se quejaba de que había sido trasladado y hacía una denuncia concreta de que usted tenía un problema con él y que por eso lo había hecho.

—Para nada. Es justo al revés. Me puedo equivocar de localidad, pero era el propio fiscal Moldes quien quería pasar a otra fiscalía. Por algún tema personal, prefería una fiscalía distinta del lugar para el cual le habían dado el acuerdo. Eso fue todo.

—Leonel Gómez Barbella, designado para la fiscalía de General Pico, termina como fiscal en la causa Papel Prensa. Entonces, hay personas que suponen que usted lo colocó a propósito. Y hubo otros casos.

—Le explico. Vayamos punto por punto. Esa fiscalía, la número 5, estaba concursada. Mientras tramita el concurso, uno debe designar un fiscal subrogante. Siempre observé que cada fiscalía de Capital tuviese un fiscal porque tienen grandes responsabilidades y mucho trabajo. Entonces tenía un fiscal como Gómez Barbella, que había sido designado para una fiscalía no habilitada y lo puse unos meses a cubrir ese cargo, hasta que se designó el fiscal. En las fiscalías de Comodoro Py caen casos relevantes y sensibles de manera continua. No elegí un fiscal para el caso Papel Prensa ni para ningún otro.

—El caso de Abel Córdoba, por ejemplo. Tuvo acuerdo del Senado para ocupar el Tribunal Oral Federal en Neuquén y primero se lo coloca en Procuvin y luego en el Tribunal Oral Federal de la Ciudad de Buenos Aires, donde se tramitan varios juicios a Cristina Kirchner.

—Cuando creo las procuradurías, si hubo algo que signó mi gestión fue la federalización. Cuando llegué, las unidades fiscales especializadas sólo estaban cubiertas por fiscales de Capital. Entonces cubrí procuradurías con fiscales de las provincias, muchas veces porque realmente los fiscales de las provincias estaban aislados, no sólo en apoyo sino en participación. En esas condiciones se desarrollaron personas muy valiosas, y una de ellas es Abel Córdoba. Estuvo en la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que interviene en casos de abusos policiales. Así que vea qué importante fue la labor de Abel Córdoba.

—Trato de encontrar explicaciones de los rumores, incluso de los mitos que corren sobre usted, doctora. Fíjese: Barbella estaba designado para La Pampa y terminó en Comodoro Py.

—Ahora no está en Comodoro Py, está en una fiscalía de la provincia de Buenos Aires. Fue un breve interregno que tuve que cubrir para designar al concursado, que creo que fue el fiscal Picardi.

"Macri me critica pero desde la ProcuNar dimos los golpes más grandes vs. la trama narco-policial-judicial."

—Lo que trato de traer a la luz son los motivos de las sospechas sobre usted para intentar, incluso, desarmarlas. Tenemos a Barbella, que iba a La Pampa y terminó en Comodoro Py. A Córdoba, que era para Neuquén y terminó en el juicio de...

—Le explico. Córdoba primero estaba en Procuvin y después pidió un cambio de jurisdicción junto al fiscal Palazzani. Los dos pidieron el cambio. La facultad de trasladar fiscales no sólo en la ley del Ministerio Público, sino en todas las leyes de Ministerio Público de la región, se da con el solo requisito de que el fiscal dé su conformidad. O sea, no es algo ilegal irregular. La mayoría de los fiscales de Comodoro Py fueron trasladados por procuradores anteriores. Digo, para terminar con eso de que cualquier traslado es antidemocrático, como se lo quiere presentar, porque incumple el acuerdo del Senado.

—Está, como usted marca, dentro de la ley, y así fue que se pronunció después cuando se le hicieron reclamos judiciales por haber autorizado esos traslados. Entonces, le pregunto: ¿no cree que esos traslados generaron las sospechas respecto de su intervención a favor de las causas en las que se juzgaba al gobierno anterior con una serie de fiscales que eran nombrados para Goya, para Neuquén, para Corrientes, para distintos lugares y varios de ellos terminaban en Comodoro Py? Ya le mencioné a Barbella, le mencioné a Córdoba. Carlos García, designado en Tartagal, también termina en Comodoro Py.

—Mire, si le nombro a los fiscales trasladados a Comodoro Py no terminamos más. Se la hago más fácil: los únicos fiscales designados por concurso en Comodoro Py son Picardi y Ochoa. Todo el resto son trasladados. Así que si vamos a cuestionar los traslados a Comodoro Py, van a meter en cuestión a diez fiscales. (NDR: Luego de la entrevista, la procuradora se comunicó con PERFIL para corregir su respuesta: “Dije que los únicos fiscales de Comodoro Py que no fueron trasladados son Ochoa y Picardi. Esto no es así”, aclaró).

"Los agravios no son personales. Atacan a la institución, al rol que cumple como garante de independencia judicial"

—Entiendo. ¿Qué tiene para decirles a quienes suponen que usted es kirchnerista e interviene trabando causas, todo lo contrario de lo que hoy sucede en Brasil, y que así, en Argentina, la Justicia es parte del problema?

—A la opinión pública le diría que tengo treinta años de Justicia, nunca tuve una afiliación partidaria y lo que hice como procuradora es en la misma línea de lo que hice como fiscal general: modernizar, generar que los fiscales tengan mayores herramientas con estas procuradurías especializadas en temas de crimen organizado, con la dirección de análisis criminal que comparte información de todos los fiscales para llevar un sistema de alerta y monitoreo con mucho compromiso por la seguridad ciudadana.

—Pero algo falla.

—Son las campañas o las difamaciones que me llegan por distintos motivos, ya le digo. Después de tantos años como fiscal y procuradora, una deja rencores y sinsabores en sectores del poder económico y del poder político. La actuación en equipo durante todos estos años, abrir el ministerio también a la población más necesitada, colocar oficinas en las villas, el trabajo de la oficina de víctimas en el edificio de Perón…

—Creo entenderle que una cosa es no tener afiliación política y otra es tener una ideología. Lo que usted dice es que tiene una ideología que puede chocar contra sectores más conservadores; por ejemplo, el Colegio de Abogados de la calle Montevideo. A lo mejor irrita a ciertas personas conservadoras, más allá de que usted no sea kirchnerista, sino de ideas progresistas.

—No sólo es una cuestión de ideología. En el caso del Colegio de Montevideo, lo que veo son acciones que pretenden quebrar la institucionalidad. Guillermo Lipera era uno de los postulados a procurador. Este Colegio, además, hizo una acción judicial que está en trámite y que justamente se movió estos días para que se declare inconstitucional que haya juicio político para los fiscales y para la procuradora, en plan de lograr que no pueda ser removida por juicio político sino por decreto. No sólo una cuestión de ideología. Acá hay cuestiones concretas para atacar la institucionalidad.

—¿Puede ser también que el hecho de ser mujer, de haber sido nombrada por una presidenta, de haberse opuesto a la fusión Cablevisión-Multicanal, de enfrentarse a Clarín con la importancia que tuvo Justicia Legítima en su momento a partir de la Ley de Medios, que todo esto haya producido una especie de condensación alrededor suyo como para que se la vea como un significante de Cristina Kirchner?

—Sí, pero ojo que no es sólo mi caso. Es, también, un fenómeno regional. Usted ve en estos momentos a la fiscal Luisa Ortega hostigada por Maduro de la misma manera que se me hostiga a mí, utilizando una causa judicial, pretendiendo remover a la fiscal general de Venezuela de maneras diferentes a las que establece la Constitución, prescindiendo de la Asamblea Nacional. El procurador Rodrigo Janiot de Brasil, también está siendo acusado por Temer, que está generando sospechas sobre su honestidad. No soy la única procuradora acusada de la región. Lo hemos hablado en la última reunión de fiscales generales que se hizo la semana pasada en la Procuración. Esa hostilidad del poder en contra del procurador y el fiscal es especialmente violenta cuando se trata de una mujer. Se puso como ejemplo el caso de Luisa Ortega, el de Eugenia Villagrán, de Guatemala, y el mío también. Tiene que ver la figura femenina. Todavía hay un sustrato patriarcal en el pensamiento de la sociedad, que es lo que ha llevado a excluir a las mujeres de cargos importantes por muchísimo tiempo.

—Y en el caso específico de Argentina, la relación de amor-odio que produce Cristina Kirchner, ¿cree que se proyecta sobre su figura?

—No veo cómo puedan relacionarme tanto con Cristina Kirchner. De paso, quiero decir que no la conocía cuando se me postuló. Al contrario, yo fui el contrapunto del candidato Daniel Reposo. Lo que veo claro, cuando Macri dice que quiere que renuncie, es que lo dice para nombrar a un hombre de su confianza. Un varón. 

"Le reconozco a la ministra Bullrich un gran trabajo contra el narco. Puso mucho empeño y trabajo"

—Doctora, entremos en el caso de Brasil. Hace un par de meses entrevisté al juez Sérgio Moro en Curitiba y él me destacaba la enorme importancia que tenía el Ministerio Público Fiscal en todas las investigaciones que se habían hecho. No sólo el Lava Jato sino la causa del Mensalão. Haciendo una comparación, rápidamente, uno ve que allí los jueces federales de cualquier distrito pueden juzgar a los funcionarios del Poder Ejecutivo. En Argentina sólo los jueces de Comodoro Py. Y si avanzamos más, usted firmó un acuerdo con su colega Janiot en Brasil y marcaba las diferencias. ¿Cómo Janiot puede actuar en causas determinadas y usted no? La pregunta es: ¿el sistema judicial argentino está armado para que sea difícil avanzar en condenas al poder político, o si lo prefiere, el poder político-económico? ¿Está constituido de una manera tal que dificulta conseguir los mismos resultados que en Brasil?

—Y... un poquito de razón le tengo que dar. Pero no es el sistema judicial sino el sistema legislativo. Nosotros tenemos leyes procesales que son obsoletas, tenemos un Código Penal Acusatorio pero este gobierno suspendió la ejecución. Un sistema acusatorio donde los fiscales tienen a cargo las investigaciones se caracteriza por que siempre se trabaja en equipo, se caracteriza por que esa flexibilidad y ese dinamismo del fiscal permiten acelerar los tiempos. La celeridad y la transparencia que da un sistema acusatorio es mucho más adecuada que el sistema actual, que en ese sentido constituye, al ser un sistema semiinquisitivo, un límite para un resultado mejor.

—Doctora, usted estuvo con Janiot y mi pregunta es: ¿cómo cree que va a evolucionar el caso del Lava Jato y qué consecuencias puede tener en la Argentina? ¿Cuál es su pronóstico?

—Este caso se va a esclarecer. Hay equipos binacionales argentinos y brasileños. Del equipo que se ha formado, nosotros fuimos la primera delegación cuando se libera la confidencialidad, que en definitiva no se liberó del todo porque Brasil tiene un régimen muy estricto en cuanto a la impunidad de los delatores.

—Eso en la Argentina sería ilegal.

—En Argentina ese régimen no está admitido. Por lo cual esto es un límite para que se pueda tener información sobre todo el acuerdo. Pero hemos conformado un equipo binacional de fiscales con la aprobación del convenio firmado con el procurador Janiot y aprobado por la Cancillería brasileña, así que habrá margen para compartir información.

—Doctora, se cumplen 25 años del mani pulite y muchas veces se compara lo que significó para Italia y lo que viene siendo la acumulación de dos causas en Brasil, el Lava Jato ahora y el Mensalão. ¿Cuál es su evaluación de lo que fue el mani pulite, cómo la Justicia cambió la política italiana, cómo la Justicia brasileña está cambiando la política brasileña?

—Creo que este gran impacto que ha tenido la causa Odebrecht, que realmente concitó nuestra atención como Ministerio Público desde el primer momento, puede abrir un nuevo orden. Es una señal muy fuerte en contra de la corrupción. Por eso es tan importante que la causa avance. Nuestro compromiso ha sido incondicional: si bien no intervengo en la causa, puse a disposición de los fiscales todos los recursos que necesitan y pensamos que esto va camino a un esclarecimiento en los tiempos necesarios para hacer una buena acusación.

—Le voy a hacer una pregunta previa a su condición de procuradora. Usted mencionó el caso Skanska, que ahora reabrieron. A mí me toca en particular porque PERFIL lo publicó en 2006 y habiendo grabaciones de los ejecutivos de Skanska reconociendo el pago de coimas, el juez dictaminó que no eran pruebas válidas. Eran exactamente las mismas pruebas con las que el juez Moro en Brasil avanzó con el Lava Jato. En el caso Skanska estaban los ejecutivos que confesaban haber pagado la coima pero el juez desestimó la prueba por una cuestión formal. En retrospectiva, ¿la Justicia no tendría que pedir perdón? Quiero decir, ¿no habría una necesidad de que pidan perdón por esas cosas que no se han hecho?

—El fiscal Rodríguez, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que fue el que apeló el caso y obtuvo la reapertura de la causa, más que pedir perdón por lo no hecho, lo que tiene que hacer ahora es justicia. Es dar una respuesta con una condena o con una absolución, como corresponda.

—¿Usted cree que con estos cambios que se produjeron no se repetirá lo que sucedió en la gestión anterior, donde los casos de corrupción no fueron juzgados o no se llegó a ninguna condena mientras el gobierno estaba en el poder? ¿Es optimista respecto a que esto no volverá a suceder?

—Creo que sí, porque la sociedad no lo toleraría. Por mi parte, siempre he trabajado para generar mecanismos para que los fiscales puedan trabajar mejor, para que obtengan los mejores resultados poniendo a su disposición equipos técnicos de apoyo. La sociedad ya no lo tolera. Creo que ésa es la mayor fuerza para que haya un cambio de verdad.

—Doctora, entro en el tema de la supuesta corrupción que le toca a usted, que es la del edificio de la calle Perón 667, donde hoy funciona el Ministerio Fiscal. ¿Por qué la han llamado a indagatoria y cuál es su mirada respecto del pedido del fiscal y de la decisión del juez de convocarla?

—Le repito, esto lo enmarco dentro de un engranaje más de este proceso en el que se busca el desplazamiento de la procuradora, y lo anunciaron los principales editorialistas de la secuencia: los diarios más poderosos del país. La secuencia iba a ser indagatoria, procesamiento, decreto. Se alzaron muchas voces, incluso dentro de la propia coalición que conforma el Gobierno. Yo tengo absoluta tranquilidad sobre la causa. El tema es así: esta licitación, adjudicada al edificio de Perón que era patrimonio histórico de la familia Bemberg, la ganó el oferente que ofreció el mejor precio, que además era inferior a la tasación oficial. Entonces uno piensa: “Bueno, si ganó el más barato, ¿dónde está la trampa? ¿Qué, no se presentó nadie?”. No, sí se presentaron. Hubo cinco oferentes más que en las licitaciones anteriores. Tres habían fracasado y yo estaba habilitada para hacer una compra directa, así que si quería manipular una adquisición, ¿para qué me iba a rodear de todo un procedimiento público? Ese procedimiento fue público, y yo desafío a que me muestren otro expediente de licitación que tenga más controles que éste, porque realmente no creo que exista. Intervinieron 24 funcionarios de distintas áreas de la Procuración, Presupuesto, Arquitectura, Planificación Edilicia, Contrataciones, Informática, la Secretaría General de Administración, a cargo de personas que hace diez, veinte años estaban en la Procuración, Logística, la Asesoría Jurídica que es la que controló toda la elaboración del pliego y la adjudicación que no firmó una persona sino cinco funcionarios. Más algo que ya funcionaba en la época de Righi: una Comisión de Adjudicación formada por letrados de distintas áreas de la Procuración. Un proceso de la mayor transparencia. Desde el primer día le remití a la comisión bicameral todo el expediente, hicieron un montón de audiencias a lo largo de uno o dos meses donde nunca citaron a nadie. No lo hicieron porque tuvieron el expediente para ver que no había nada que observar. Luego se intenta darle un color a lo que no tenía con una citación que pide un fiscal, donde se menciona como “sospechoso” que se haya incluido en el pliego la exigencia de una cochera y un auditorio. ¿Sospechoso pedir una cochera para un edificio en el Microcentro? ¿Y un auditorio para reuniones institucionales? En fin. Si eso es sospechoso es porque, de verdad, no hay nada serio para decir. Sumado a esta hipótesis que inventa el fiscal, yo me habría repartido una cifra que hoy serían 80 mil dólares con otros cinco funcionarios, miti-miti. Con lo cual me hubiesen quedado 13.333 mil dólares. O sea, ¡armé una compra para robarme ese dinero cuando por mis manos pasaron miles de millones cuando durante 13 años fue fiscal general de la Cámara Comercial! Usted vio en qué barrio vivo, en qué casa vivo. Todo mi movimiento financiero es la cuenta de ahorro sueldo que tengo hace treinta años donde entra lo que gano y sale lo que gasto. No tengo sociedades offshore ni cuentas en el exterior. Por lo tanto creo que la hipótesis del fiscal es, al menos, extravagante. 

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—¿Usted cree que el fiscal y el juez que confirma el llamado a indagatoria son parte de este objetivo de instalar la idea de que usted tendría que dejar de ser procuradora?

—Sé que el fiscal tuvo fuertes presiones. El juez delegó la causa, él construyó la hipótesis de acusación y el juez ahora la retoma. Pero pienso que alguien le pondrá un límite a esto.

—Entiendo su argumento respecto de que cinco funcionarios se repartan una cantidad de dinero ínfima, que no guardaría relación con el monto de las causas que usted ha manejado; y puedo entender que se sienta muy segura de usted misma. Ahora, si uno lee el dictamen del fiscal y del juez llamando a indagatoria, y analiza el comportamiento de Guillermo Bellingi, su colaborador, queda la sensación de que realmente hubo corrupción. Casi que está probado, si se mira la fecha del escribano certificando el llamado a una licitación… que no se había producido. Nadie paga tres veces más una comisión inmobiliaria, que no suele ser mayor a un 3,4%. Es decir, la sensación que queda es que este señor realmente participó de un acto de corrupción, más allá de que usted no haya tenido nada que ver.

—Mire, esta irregularidad que usted bien dice y que debe ser materia de investigación no surge en absoluto del expediente. Nosotros nos enteramos por los medios de lo que cobró el medio hermano de este señor Guillermo. Que no es que fuera mi colaborador, digo, porque en algunos medios dijeron que era como mi mano derecha y no, nada que ver. Es un hombre que había escrito con Poder Ciudadano una obra llamada Contratos públicos transparentes, y como parte del rediseño del proyecto incluía agilizar los procesos de contrataciones y hacerlos más transparentes, se lo contrató.

—¿Usted no lo conocía de antes?

—No lo conocía. Ni lo busqué yo. Lo googleó la oficina de Recursos Humanos, pidió recomendaciones y esta persona tenía cátedras, aparecía como experto en el tema contrataciones y nosotros teníamos que rehacer los reglamentos. Se le dio por función agilizar los circuitos de información para los trámites. Ahora, si su medio hermano cobró tres millones de pesos como comisión por parte de la inmobiliaria, bueno, eso no es dinero que haya salido del Estado. La comisión que los vendedores, la familia Bemberg, pagó a la inmobiliaria es singularmente elevada, pero eso habría que preguntárselo a ellos. De esa cifra una parte la cobra el hermano y lo que hay que investigar es si efectivamente hubo una venta de humo. ¿Por qué digo venta de humo? Porque si usted mira el expediente no hay ninguna irregularidad: mejor precio, incluso inferior a la tasación, 24 funcionarios controlando el trámite. Hay que investigar qué acuerdo tenía el medio hermano de Bellingi, qué participación tuvo él en el acuerdo con la inmobiliaria, hecho que está fuera del expediente y que, por esa razón, recién nos enteramos a través de los medios. Ahora, ¿forzar un nexo entre Guillermo Bellingi y la procuradora? No lo hay. Sólo era un empleado que realizó un acuerdo con la inmobiliaria del vendedor.

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—Asumamos por un instante de que usted no tiene nada que ver con esto. Cuando uno mira los argumentos que están en la causa, suena inexplicable por qué la familia Bemberg firma un acuerdo con esta inmobiliaria en la que acepta pagar un porcentaje fuera de lo normal: 5% si la venta se realizaba en cinco millones de dólares, 10% si se realizaba en más de siete y 15% si superaba los nueve, todo por la gestión, preparación y trámites de presentación de la documentación correspondiente al pliego. Y se agrega: Licitación Pública Número 1 de 2013. En la fecha certificada por escribano público, la licitación no se había presentado.

—Hubo tres licitaciones anteriores. Se sabía que seguíamos buscando. Además hacían investigaciones de mercado antes de hacer la licitación. Por eso es posible que algunos propietarios de edificios supieran antes de que la licitación se abriera.

—Quiero seguir su línea de pensamiento cuando usted me plantea de seguir la ruta del dinero, por ejemplo, en la droga. Entonces le pido que usted se ponga en fiscal.

—Mi línea de pensamiento es que hay que investigar si hubo un hecho de corrupción. E investigarlo con el mayor rigor.

—Uno mira esto y piensa: “Está claro que este señor hizo uso indebido de una información”. Es el medio hermano del señor en la licitación el que cobra el doble o el triple de la comisión. Luego, la inmobiliaria no estaba autorizada para ser proveedor del Estado.

—No, sí estaba. No era un proveedor de insumos, se estaba comprando un edificio.

—Mire, aquí en la causa dice que...

—Eso que está leyendo no forma parte del expediente de licitación. Es un acuerdo privado entre el vendedor y su inmobiliaria.

—Yo sólo intento aclarar la situación. No la suya, sino la de la compra del edificio, más allá de que usted no tenga que ver. Acá lo que se explica es que no tenían la habilitación como proveedor del Estado que el pliego licitatorio requería. Se había previsto sacar el ítem de las exigencias del pliego y presentarlo a posteriori.

—Ah, ya sé a lo que usted se refiere. La autorización para contratar con el Estado, que es un documento fiscal, se requiere en el momento de la firma. Es como un certificado que tiene una validez de tres meses. En su momento se observó que no era necesario pedirlo al principio. Ya habían fracasado tres licitaciones, entonces pedirlo al principio, cuando ese documento tiene tres meses de validez y la licitación siempre dura más de tres meses, era como un obstáculo. Se estableció pedirlo en el momento de la firma, pero eso no fue para favorecer a nadie, sino a todos. En la mayoría de las licitaciones es así.

—Leo el dictamen de Julián Ercolini. ¿No siente usted, doctora, que tuvo un colaborador infiel?

—Es posible. Pero le aclaro que tengo cinco mil.

—Bueno, pero éste era, digamos, alguien importante.

—Tampoco importante. Un asesor.

—Número dos de contratación, ¿cuál es su...?

—No. Tenía cargo de subdirector de Administración, que no es un cargo elevado aunque suene importante.

—De contrataciones.

—Era un asesor del área de contrataciones. Vino para realizar un nuevo reglamento, para estudiar cómo era el funcionamiento de la administración.

—Era como el lobo en el gallinero, parece.

—No puedo decir nada. Porque hay una causa penal en trámite, hay un disciplinario en trámite, entonces yo no debo hacer ninguna insinuación. Esta persona tenía antecedentes en esa materia, por eso se la contrata. No la conocía, no era mi colaborador directo. Lo vi dos o tres veces en todos estos años, en reuniones generales, no era de mi gabinete, no era de mi equipo.

—Usted, de hecho, una vez radicada la denuncia lo suspendió en el cargo...

—Sí, se inició un disciplinario y lo suspendí.

—Si lo que leí es correcto, hizo un reclamo, volvió a la biblioteca de la fiscalía y sigue cobrando su sueldo.

—Se venció el plazo que está previsto reglamentariamente para la suspensión y, bueno, se espera que sea inminente el pronunciamiento del instructor del sumario, que es el fiscal de Investigaciones Administrativas.

—Claro. Pero que vuelva a trabajar una persona sobre la que existen tan fundadas sospechas… ¿Resulta lógico?

—Por eso está en la biblioteca, lejos de la actividad jurisdiccion, mientras es proceso siga en marcha, y espero que pronto se pueda resolver definitivamente si estuvo implicado o no, si va a ser cesanteado o seguirá en funciones. Otra cosa no se pudo hacer

—¿La amargó mucho?

—Sí, mucho. Porque el edificio Perón fue como una parte central de la visión estratégica de este nuevo Ministerio Público Fiscal. Sé que el Estado no sufrió perjuicio alguno, al contrario: adquirió barato un inmueble que es un patrimonio histórico de la familia Bemberg. 

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—Uno podría decir que este hombre estafó a los Bemberg porque igual hubieran comprado ese edificio sin tener que pagar siete millones de pesos de comisión.

—Usted lo ha dicho. No tengo idea de por qué pagaron ese 10%. Pero no había que pagar nada a nadie para que Arfinsa, la empresa de los Bemberg, ganara esa licitación. Eso se ve claramente en el trámite, por eso jamás en los dos meses que la comisión bicameral tuvo el expediente se hizo una sola pregunta, no llamaron a ninguno de los funcionarios.

—Perdón, doctora, solamente para que el público lo tenga claro: ¿No hubiera sido posible que el hermano de este funcionario cobrase tres millones de pesos, un porcentaje normal de comisión por un edificio del valor del que se compró, y hayan tenido que subirlo a 10% para que la inmobiliaria pudiera cobrar? Es decir, el porcentaje está triplicado para que una parte vaya al hermano de este funcionario de la Procuraduría. Al menos ésa es la sospecha.

—Tanto como eso no sé. Lo que yo le puedo decir es que al no pagar comisión el Estado es probable que la inmobiliaria le haya dicho el vendedor, bueno, entonces me pagás vos el 6%. Ahora, ¿cómo se salta de ahí a 10? No lo sabemos.

—Cuando apareció la última parte de la denuncia muchos dijeron, bueno, aún si usted no tuviese responsabilidad alguna, le cabría la responsabilidad política de tener un funcionario que hizo esto. Supongamos que se prueba que las sospechas son fundadas. ¿Usted asume alguna responsabilidad respecto de la situación, independientemente de que al Estado no le haya costado dinero?

—Para asumir responsabilidad uno debe tener, en el ámbito penal, dominio del hecho. Eso quiere decir que conoció el hecho o debió haberlo conocido. En el político, tendría que haber dejado algo sin hacer, sin haber controlado. Pero si usted examina el expediente verá, y lo desafío, que no encuentra más áreas y más controles en otra licitación que en esta.

Ejercí todos los controles, los funcionarios que avalaron son funcionarios de carrera de la Secretaría de Administración, de Logística, Arquitectura, de Planificación, de la Asesoría Jurídica, Auditoría Interna, mejor precio. Si un superior jerárquico va a ser responsable de lo que haga cualquier empleado infiel, entonces el presidente de la Nación sería responsable por cualquier hecho ilícito de toda la gran administración pública.

—Entiendo. Doctora Gils Carbó, usted ganó, a los 16 años, el campeonato de la Federación de Esgrima. Me pregunto, después de saber que dijo que era una cuestión de honor resistir en el cargo y que no pensaba renunciar ante ninguna presión ¿A los 59 todavía sigue espadeando?

—(Risas) No he dicho que sea una cuestión de honor, he dicho que es una gran responsabilidad institucional. Bueno, a lo mejor no es casual que el deporte que haya elegido haya sido la esgrima, porque es un deporte de táctica y estrategia, y el trabajo de fiscal también es de táctica, de estrategia, de planificación, de conocer al adversario, de estudiar al otro.

—Me parece que en su carrera usted, en general, ha demostrado tener una actitud contracíclica: se enfrentó a situaciones que muchas otras personas hubiesen preferido no vivir.

—Digamos que tengo fuertes convicciones, me guío por mis principios y creo que es eso lo que da la legitimidad. Veo a veces a quienes piensan que hay que ponerse del lado donde alumbra el sol, del lado del poder, para estar bien, para acomodarse. La realidad es que lo que da, lo que salva, es la legitimidad, la coherencia. 

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—Pero usted es brava. Me han hablado de usted desde la época en la que era fiscal general y tiene fama de brava, sigue espadeando contra todo el mundo.

—Bueno, contra todo el mundo no. Pero he sido proactiva en la defensa de los más débiles de la sociedad, y en ese sentido sí he espadeado. Porque hay que darle voz al que no tiene voz, hay que darle más argumentos al que tiene escasa posibilidad de defenderse por asimetrías del mercado de la sociedad.

—¿Qué le diría al presidente Macri? Me atrevo a proponerle un múltiple choice: Que tiene un prejuicio con usted. Que se quede tranquilo, usted no está en su contra. Que no es su intención discriminarlo. Que no tiene prejuicios contra él.

—No tengo ni prejuicios ni nada contra él. No soy una enemiga. No elegí la confrontación. Recién salí a hablar cuando sentí que tenía todo el aparato del Estado utilizado por el Gobierno para provocar mi desplazamiento y yo siento que tengo una responsabilidad institucional ante el Ministerio Público y la sociedad de hacer respetar la Constitución. Yo creo que este debate que se está dando ahora, sobre que un presidente no puede elegir al procurador, es parte de la madurez de nuestra democracia. Es positivo el debate que se está dando, esto nos hará crecer como sociedad.

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