Investigación: "Sin grieta: la opacidad unifica a las fundaciones de los políticos" por Alejandro Rebossio

"La mayoría de las fundaciones creadas por las principales figuras o partidos políticos ocultan la información sobre las donaciones que reciben. 

Amparados en una ley que no los obliga a detallarlas públicamente, no informan quiénes les dan dinero, ni cuánto reciben de cada uno de esos aportantes. La sciolista Fundación Dar nunca presentó un balance ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y las del PRO, Pensar y Suma, apenas dieron algunos nombres en sus resultados contables de 2013 a 2015.

Sólo una fundación del partido gobernante, Formar, detalló el flujo de dinero que recibe de empresas, cámaras y personas, según surge de la documentación solicitada por Chequeado ante la IGJ y obtenida para esta investigación. Y de esa información surgen múltiples zonas oscuras, cuestionables o que podrían llegar a ser ilegales.

Empresas públicas y proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donaron entre 2013 y 2015 fondos a Formar, que preside y presidía Guillermo Dietrich, actual ministro de Transporte de la Nación y entonces subsecretario de Transporte porteño, y que estaba y está dirigida por una mayoría de funcionarios porteños que antes respondían a Mauricio Macri y ahora a Horacio Rodríguez Larreta. El Banco Ciudad fue el tercer mayor donante de la fundación en aquel período, con unos $105 mil pesos de aquel tiempo, equivalentes a US$15.085 de entonces, según el tipo de cambio promedio del año del cierre de cada ejercicio. En 2013, el banco estaba presidido por Federico Sturzenegger, actual jefe del Banco Central, y en 2014 y 2015 por el hoy ministro de Interior, Rogelio Frigerio.

Empresas públicas y proveedores de la Ciudad donaron entre 2013 y 2015 fondos a la fundación Formar de Guillermo Dietrich.

De una lista de 403 donantes, la empresa Subterráneos de Buenos Aires SE (Sbase) ocupó el puesto 52º, con $40 mil, equivalentes a 4.319 dólares. Sbase es dueña de la red concesionada a Metrovías y se encarga de las obras de extensión del subte. Entre 2010 y 2016 estaba presidida por Juan Pablo Piccardo. En la posición 98º figuró la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA), con $20 mil, equivalentes a 2.159 dólares. En 2015, cuando se desembolsó ese dinero, su presidente era Darío Sarquis, actual gerente general del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).

No se trata de cifras siderales como las que se decía que costaba una campaña presidencial en 2015: $1.000 millones. Eso sí: la ley impedía que se erogaran más de 250 millones de pesos. La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, explicó a este medio con claridad: “De acuerdo con la norma vigente, los partidos o alianzas sólo pueden recibir fondos públicos y aportes de personas físicas para las campañas electorales. La Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos prohíbe que, dentro y fuera de la campaña, las agrupaciones reciban contribuciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas, así como las que exploten juegos de azar. Cuando se trata de financiar campañas electorales, la ley prohíbe todo aporte de personas jurídicas (compañías, organizaciones), aunque pueden hacerlo fuera del período electoral. En cambio, los aportes a fundaciones de cualquier clase están regulados por la ley de fundaciones y no están alcanzados por la ley de financiamiento de los partidos”.

Por eso, a pesar de que sus estatutos y balances dan cuenta de tareas de formación política y actividades solidarias, las fundaciones de políticos estuvieron sospechadas de contribuir con la campaña presidencial en la que se enfrentaron Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa, según los testimonios que en off the record dieron los propios recaudadores de sus partidos al equipo de investigación de Chequeado.

Tres fundaciones están ligadas a los máximos líderes del PRO: Pensar, que preside el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera; Suma, que conducía la actual vicepresidenta de la Nación y ex senadora por el PRO, Gabriela Michetti; y Formar. Pensar declaró que recibió entre 2013 y 2015 ingresos por 11,5 millones de pesos. Formar, por $6 millones; y Suma, por 5,9 millones de pesos.

Todos estos datos surgen de los balances que las tres fundaciones presentaron fuera del tiempo legal estipulado por la IGJ, recién en 2016, cuando el kirchnerismo dejó de gobernar. Aún no proporcionaron los correspondientes al año pasado. Las sociedades deben acercar sus balances a la IGJ en los cuatro meses y medio posteriores al cierre del ejercicio. Si incumplen, deberían recibir multas y hasta se les podría quitar la personería jurídica, siempre de acuerdo con la gravedad del hecho.

De las tres fundaciones del PRO, sólo una, Formar, informó uno por uno los CUIT (no los nombres) de sus donantes y lo hizo a partir de un pedido de la jefa del Departamento de Control Contable de Entidades Civiles de la IGJ, Catalina Dembitzky. Ante la misma requisitoria de esta funcionaria, Pensar sólo detalló la identidad de los donantes que aportaron el 25% de los fondos en 2014 y el 15% en 2015, pero ninguno de 2013. Suma, que comenzó a operar en 2014, informó ese año, sin que se lo pidiera la IGJ, el nombre de sus aportantes, pero en 2015 no lo hizo pese a la solicitud de Dembitzky.

Pero, al menos, los políticos del PRO presentaron balances ante las autoridades. La Fundación Dar, que preside José Scioli, hermano del ahora diputado nacional por Unidad Ciudadana Daniel Scioli, nunca presentó siquiera uno. Tampoco cumplió con la obligación de informar sus autoridades. Aquella fundación alquilaba oficinas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuando Daniel Scioli era su gobernador. Consultado por Chequeado, un asesor del hoy diputado de Unidad Ciudadana se limitó a responder: “Él no tiene ninguna fundación”. Sin embargo, tras su derrota de 2015 había prometido dedicarse a ella. José Scioli tampoco respondió las consultas.

La Fundación Dar, que preside el hermano de Daniel Scioli, nunca presentó un balance.

Luego de dejar la Casa Rosada, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fundó el Instituto Patria. Esta asociación civil consiguió la personería jurídica el 16 de agosto de 2016. Cumplió con la obligación de informar a la IGJ quiénes son sus autoridades -Fernández de Kirchner es la presidenta honoraria- y aún no ha tenido que presentar el primer balance. Su estatuto establece que sólo recibe donaciones de individuos y de hasta $24 mil anuales. Su vocero asegura que recibe en total alrededor de $200 mil por mes, es decir, unos $2,4 millones por año.

Cuando Massa dejó el kirchnerismo en 2013 se acercó a la Fundación Metropolitana y a su presidente, el ex senador por el Frepaso Pedro Del Piero. Pero en el massismo niegan vínculos con cualquier fundación, incluida ésta, que tiene como vicepresidente al kirchnerista Arnaldo Bocco, ex director del Banco Central.

De este breve repaso puede concluirse que la Fundación Formar, la de Dietrich, es la más transparente de las relevadas, pero expertos en financiamiento político advierten conflictos de interés por las donaciones de empresas públicas y proveedores.

“La ley de ética pública nacional, de 1999, y la de la ciudad, de 2015, son tan generales que en este caso no hay delito en términos de la primera ni falta grave en términos de la segunda, pero sí merece una condena ética porque hay un conflicto de interés que el gobierno debería reconocer para prevenir posibles delitos”, señaló el director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano, el abogado Germán Emanuele. Su colega Marcelo Giullitti, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), reconoció que “hay conflictos de interés, que es algo que no está prohibido porque el marco normativo es difuso, pero habría que ver si las donaciones se produjeron en tiempos de campaña electoral, con lo que podría haber un fraude a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, o justo cuando los proveedores recibieron algún contrato de la Ciudad, con lo que podría sospecharse de sobornos”.

“No hay delito en términos de la ley de ética pública nacional y la porteña, pero merece una condena ética porque hay conflictos de interés que se deberían reconocer para prevenir otros delitos”.

Entre los diez principales aportantes de Formar figuran diversos contratistas de la Ciudad: Friends Food, firma de catering que abastece hospitales, escuelas y colonias de vacaciones que pertenece a Rubén Forastiero, ex presidente del club Argentinos Juniors (ver este primer documento y este segundo); la constructora Lanusse, que preside Fernando Lanusse y ha hecho diversas obras como la Villa Olímpica; su competidora Planobra, de Patricio Farcuh, el dueño de OCA que ha participado de diversos proyectos, como el mantenimiento del Metrobus, junto con SES SA, la firma del amigo presidencial Nicolás Caputo (ver este primer documento y este segundo); y Mejoramiento Hospitalario, que dirige Mariana Gómez y que ha mantenido y remodelado diversos centros de salud porteños (ver este primer documento, este segundo, este tercero y este cuarto).

Del puesto 11º al 20º aparecen otros proveedores: SES SA, que ha hecho obras como las remodelaciones de los hospitales Ramos Mejía y Moyano (ver este primer y este segundo documento); Bricons, que preside Mario Raspagliesi y construyó parte del Metrobus, comisarías y escuelas; Teylem, compañía de Víctor Lusardi que se ha encargado desde el catering de hospitales hasta la instalación de los contenedores verdes; CRIBA, de los Tarasido, que ha construido la Casa de Gobierno en Parque Patricios y el Centro de Exposiciones; Mejores Hospitales, de la misma familia, que ha remodelado el de niños Ricardo Gutiérrez; Mantelectric, de Carlos Pérez San Martín, que se ocupa desde el mantenimiento de centros de salud hasta el alumbrado público y la instalación de semáforos en el piso para que los vean los peatones adictos al celular; Siderum, que dirige Fabián Rodríguez y abastece de comida a escuelas y colonias de vacaciones; y Arkino, que se dedica al mismo negocio y lidera Manuel Martin.

Consultado por este medio sobre las donaciones, el vocero de Dietrich respondió: “Todo está presentado a la IGJ y no hay ninguna actividad que se haya realizado por fuera de lo que la ley permite”. Giullitti, de ACIJ, comentó: “Habría que ver si las empresas públicas donaban también a otras fundaciones, incluidas las de otros partidos, pero como esa información no la tenemos no podemos saberlo”.

Sobre los aportes del Banco Ciudad, el portavoz de Frigerio contestó que durante sus dos años de gestión allí apoyó a “diferentes ONG”, tanto políticas como sociales, de salud y educación, como Fundaleu, Caritas, INECO, Red Solidaria y hasta la Fundación Octubre, del Sindicato de Trabajadores de Edificios (Suterh), que conduce el kirchnerista Víctor Santa María. El vocero de Sturzenegger lo deslindó de responsabilidad: “Fue algo que se realizó en y desde el Banco Ciudad, no fue un tema personal de él”.

Sobre la contribución de AUSA en 2015, el vocero de la empresa prometió: “Averiguo y te digo, pero el presidente entonces era Sarquís”. Pero no precisó más. Consultada la secretaria de Sarquis, respondió que era AUSA la que debía contestar. Acerca del aporte de Sbase de aquel año, su ex presidente Piccardo contestó: “No estaba al tanto de una donación de ese tipo. Me dicen en Subte que fue una por mesa corporativa en un evento. Entiendo que no es una donación”. Cuando se le contó que Formar lo había contabilizado como tal, replicó: “En Subte figura de otra forma”.

Además de Dietrich, otros políticos del PRO integraban el consejo de administración de Formar en tiempos de las donaciones analizadas: Felipe Miguel, actual jefe de Gabinete porteño que asesoraba a su antecesor en el cargo, Rodríguez Larreta, entre 2011 y 2015; Jorge Lucchesi, presidente de la Junta Comunal 15; Santiago Lucero Torres, director de Planificación del Ministerio de Defensa desde 2016 y ex coordinador general de la Agencia de Control Gubernamental de la Ciudad; Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano y Transporte capitalino, que antes fuera subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión hasta 2015; y Gabriel Astarloa, procurador General del distrito donde hasta hace dos años era director General de Concesiones.

Otros donantes importantes de Formar fueron la agrícola Bañado del Salado y su casa matriz, Adecoagro, la empresa que conduce Mariano Bosch y en la que el multimillonario húngaro-estadounidense George Soros era accionista hasta agosto pasado. Figuran, además, la Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores y la de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito; el gerente de Planeamiento del Banco Comafi, Pablo Pochat; la fabricante de cuadernos Ángel Estrada, de los Agárdy; y el grupo financiero Fiorito, de la familia homónima que era dueña del Banco Quilmes y que ahora busca quedarse con el Finansur, del empresario y ex dueño del Grupo Indalo, Cristóbal López.

Los donantes de Pensar, la fundación emblema del macrismo que dirigía el actual secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, apenas se conocen. De los nombres revelados en sus balances de 2014 y 2015, a la cabeza aparece una de las empresas nacionales que dejó de fabricar notebooks en la Argentina y comenzó a importarlas por la eliminación de aranceles, Air SRL, de la familia Airoldi; Despegar, uno de los unicornios que tanto admira Macri y que fundó Roberto Souviron; Vod Argentina, la razón social de Qubit, el Netflix argentino que creó Mariano Primavera; el estudio de abogados Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (BFML), que también aportó a Formar; OSDE, la prepaga que conduce Tomás Sánchez de Bustamante; y Minera Alumbrera, de la suiza Glencore. Después están otras dos ex fabricantes de computadoras portátiles: Exo, que preside Luis Szychowski, y PC Arts, la empresa de Carlos Suaya dueña de la marca Banghó. También figuran IRSA, el grupo de shoppings, campos y banca de Eduardo Elsztain; y Establecimiento El Orden, otra empresa de Adecoagro.

Entre las autoridades de Pensar están destacados funcionarios de la Nación: Michetti; el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; los ministros Sergio Bergman y Jorge Triaca; el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi; y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco. También están Rodríguez Larreta y su vicejefe, Diego Santilli; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; los senadores por Cambiemos, Esteban Bullrich y Federico Pinedo; Sturzenegger y el constructor Caputo.

De Suma, la fundación que presidía Michetti hasta abril pasado, sólo está disponible al público el detalle completo de los donantes de 2014. Aquel año su mayor sostén fue el banco español Santander Río. Lo siguieron la petrolera Pan American Energy (PAE, cuyo 60% es de la británica BP, 20% de la china CNOOC y 20% de la familia Bulgheroni); la Fundación Banco Macro, entidad de los Brito; OPM Inmobiliaria, que opera con el nombre comercial Rukán y pertenece al fondo Pegasus, que a su vez era propiedad del ahora vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana; Farmacity, empresa en la que Quintana redujo su participación accionaria; Banco Comafi y la sociedad financiera Fliacer Participaciones, ambos de la familia Cerviño; y el Banco Galicia, de los Escasany, Ayerza y Braun.

Michetti dejó la presidencia de Suma apenas después de que el juez federal Ariel Lijo la sobreseyera en abril pasado en la causa por el origen de los US$50 mil dólares que pertenecían a la fundación y que le robaron de su casa días antes de asumir como vicepresidenta de la Nación. En el mismo fallo, Lijo archivó la investigación sobre el funcionamiento de Suma y otras cuatro fundaciones de políticos del PRO (Formar, Fundar, Creer y Crecer y Pericles), porque “no se verificó ningún hecho delictivo”. Los otros directivos de Suma eran hasta abril Frigerio; Pinedo; el diputado nacional por Cambiemos y ex ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro; y la directora del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Silvana Giudici. Desde entonces, la fundación quedó en manos de personas sin cargos políticos, como su nueva presidenta, Karen Zeolla.

El juez Ariel Lijo archivó la investigación sobre Suma y otras cuatro fundaciones de políticos del PRO.

En 2015, cuatro ONG especializadas en transparencia política, Poder Ciudadano, ACIJ, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Fundación Directorio Legislativo, propusieron 12 reformas y advirtieron que “el financiamiento de los partidos carece de los controles debidos” y “en general se desconoce de dónde surgen los aportes que sostienen” las campañas. A la luz de los datos, el reclamo continúa vigente.

Esta investigación contó con la colaboración de Manuel Tarricone (@ManuelTarricone), periodista de la Redacción de Chequeado.

Este artículo forma parte del proyecto “Chequeado Investigación: Etapa II”, que cuenta con la participación del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon como codirector de la iniciativa junto con la directora de este medio, Laura Zommer. En 2017 se publicará una decena de producciones en el sitio especial “Chequeado Investigación”. Todas estas piezas son financiadas por Chequeado gracias al apoyo de Open Society Foundations (OSF).

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