Nota de opinión: "Quién es quién en la operación Indalo" por Ari Lijalad

“Hace algunas semanas se conoció que Cristóbal López y Fabián de Sousa buscan desprenderse del Grupo Indalo. Entre los compradores está Jorge Rosner, financista del Grupo Macri y de Clarín. Pero también el fondo OP Investments, radicado en Estados Unidos. Hasta Marcelo Tinelli opinó sobre la venta. Un joven pero potente buffete de la city porteña interviene en el negocio. Todo a pesar de que las empresas que integran el holding están inhibidas por orden del juez Ercolini por una deuda con AFIP. ¿Quién es quién en esta operación que puede reducir aún más el arco de medios críticos al gobierno?

El futuro del Grupo Indalo, el holding multirubro comandado hasta ahora por Cristóbal López y Fabián De Sousa, es una de las incógnitas centrales de los últimos días. Si bien hace meses que circulan versiones de una venta debido a la ruinosa situación fiscal y judicial que atraviesan, ahora los rumores se convirtieron en avances concretos. Quedan, sin embargo, varios obstáculos para que se concrete el pase de manos. Una operación que incluye fondos radicados en Estados Unidos, un financista ligado a los grupos Macri y Clarín, abogados de la city, a Marcelo Tinelli, jueces permeables que mantienen inhibidos los bienes en disputa y un Gobierno que, entre otras cosas, tiene especial interés en esta operación por el destino de los medios de comunicación del Grupo Indalo, entre ellos C5N y Radio 10, que asomaban como voces discordantes en el afinado coro mediático oficialista.

Compraventa

Los vendedores son más conocidos. Se trata de Cristóbal López y Fabián De Sousa, que construyeron un grupo empresario partiendo de sus negocios con el juego y luego diversificado hacia la energía, combustibles, infraestructura, alimentos, industria, finanzas y medios de comunicación. Su antigua relación con la familia Kirchner es vox populi. Lo mismo sus asuntos con el fisco: acumulan una deuda de más de 8 mil millones de pesos con la AFIP, generada al no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). La idea de López y De Sousa era deprenderse de algunas empresas para pagar la deuda, pero el juez contencioso administrativo Enrique Furnari impidió que se desmembrara el Grupo hasta que no resolviera el pago de su deuda. La AFIP denunció penalmente a ambos dueños de Indalo, causa que quedó en manos del juez Julián Ercolini –de los más permeables y maleables de Comodoro Py– que inhibió todos sus bienes. Con este panorama, López dejó trascender que no soportaría ir preso y aceleró las negociaciones para desprenderse de sus empresas. El primer intento fallido fue con los mendocinos del Grupo Terranova, cercanos a Macri. Ahora aparecieron nuevos interesados.

Los compradores reales son aún un misterio. Alguna de las partes de esta operación decidió filtrarla a la prensa. La vía elegida, el diario La Nación. El pasado miércoles, el periodista Hugo Alconada Mon publicó que el Grupo Indalo quedará en manos de un financista, Ignacio Jorge Rosner. Al día siguiente, el mismo medio y el mismo periodista dieron por concretada la venta del Grupo Indalo al fondo OP Investments, pese a que las empresas que integran el holding están inhibidas por orden del juez Ercolini.

OP Investments es un nombre genérico que utilizan los fondos de inversión. Aún no se sabe quiénes serán realmente los que aporten el dinero. Estos inversores emitieron un comunicado donde anuncian la adquisición del 100 por ciento del Grupo Indalo que, según el texto, comprende más de 170 sociedades.

“OP Investments firmó el acuerdo de adquisición el pasado 20 de octubre”, afirmaron. El único dato que dieron es que está radicado en Estados Unidos. Según el portal opencorporates.com, en Estados Unidos hay varios fondos con ese nombre.

El financista

Diez años en el Grupo Macri, diez años en el Grupo Clarín. Ese es el núcleo del currículum de Ignacio Jorge Rosner, que parece ser el ariete de la operación Indalo.

Cuando reveló su nombre como el armador de la operación, el periodista Alconada Mon lo presentó de forma escueta: “Egresado en 1975 del colegio Cardenal Newman –en la promoción anterior a la del presidente Mauricio Macri–, Rosner trabajó para el Grupo Clarín, integró el directorio de Papel Prensa, pasó por los grupos agropecuarios El Tejar y La Banda, y desde 2005 es el director ejecutivo del fondo Latin American Assets Management LLC, con oficinas en Buenos Aires, San Pablo, México DF, Nueva York y Londres”. Hay algunos datos más en la biografía de este financista.

En su perfil de Linkedin, Rosner revela que no sólo compartió el Newman con Macri. Al igual que el presidente, también se recibió de ingeniero civil en la Universidad Católica Argentina. Luego hizo un seminario en el Massachusetts Institute of Technology entre 1991 y 1992. Dice que tiene más de 30 años de experiencia en medios, negocios agropecuarios, energéticos, eléctricos y en la construcción. Detalla su paso por proyectos de infraestructura como las hidroeléctricas Yaciretá y Piedra del Águila, entre otros.

En 1985 ingresó a IECSA, por entonces aún bajo el mando del pater familia, Franco Macri. Se quedó hasta 1995, cuando pasó al Grupo Clarín.

El currículum de Rosner muestra una prolífica carrera dentro del Grupo Clarín, donde integró los directorios de sus principales empresas. En 1998 ya era director de CIMECO, la compañía que comparten Clarín y La Nación para administrar los diarios La Voz del Interior y Los Andes de Mendoza. Compartía la mesa de trabajo, nada menos, que con Julio César Saguier, José Antonio Aranda y José Saenz Valiente. Es decir, parte de los dueños de los diarios y su abogado de confianza. En 1999 fue director titular en CTI y en 2002 llegó a ocupar la vicepresidencia.

En 2000 ya figura como director titular en el directorio del Grupo Clarín comandado por Héctor Magnetto y José Antonio Aranda. El cargo de director titular lo tenían también Lucio Pagliario (el cuarto accionista del Grupo), los Sáenz Valiente (abogados de confianza), Saturnino Herrero Mitjans (lobbista principal), el histórico Alejandro Urricelqui, el directivo de Goldman Sachs Muneer Satter y Robert Goad. No era, parafraseando la frase atribuida a Magnetto, un puesto menor. Otros personajes del Grupo Clarín, como el sobrino de Magnetto, Pablo Casey o Luis María Blaquier eran directores suplentes. Rosner estuvo también en los directorios de Multicanal, La Voz del Interior, PEM, AGR y UNIR.

Ingeniero civil de formación, en 2005 asumió como “Managin Director” de Latin American Assets Management, un fondo de inversiones. Mantiene ese cargo hasta el presente.

Fuera de Clarín, sus negocios se concentraron en Agropecuaria Labanda y Agropecuaria Oran, que según informa las fundó en 1994. En 2013 se sumó al directorio de El Tejar, con inversiones agrículas en Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia. A principios de 2013 Rosner tuvo 32 cheques rechazados por un total de 525.429 pesos, librados desde su empresa Agropecuaria La Banda. El 10 de mayo de ese año pago las multas correspondientes pero, según el informe que arroja el sistema Nosis, no pagó los cheques.

En abril de 2013 Rosner también tuvo un trabajo extraño: ingresó a la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). Fue durante la gestión de Alejandro Battaglia, que fue rector normalizador de esa institución. Battaglia fue denunciado por malversación de fondos y otras irregularidades. Renunció en abril de 2014. Al mes siguiente Rosner dejó de trabajar en la UNPAZ. Battaglia pasó por el kichnerismo, apostó por la frustrada candidatura de Florencio Randazzo en 2015 y finalmente recaló en las filas del macrismo, puntualmente bajo las órdenes del Ministro de Justicia, Germán Garavano. Un vínculo que, a la luz de la operación Indalo, no debería despreciarse.

Comodoro Py

“La justicia y la AFIP aprobarán la venta de acciones de Indalo a este grupo OP, de unos señores Rosner, Burgio y Dellatorre??”, disparó Marcelo Tinelli en su twitter. El empresario y conductor mantiene un pleito con el Grupo Indalo y está especialmente interesado en el devenir de la empresa.

Desde OP Investments afirmaron que van a mantener las fuentes de trabajo (aproximadamente 4 mil directas y 8 mil indirectas) y “atender a las obligaciones fiscales y previsionales con la AFIP y demás deudas existentes”. A primera vista, no es tan simple.

“La orden que tenemos es destruirlos”, le dijeron desde la AFIP al periodista Alconada Mon. La frase revela el claro interés del Gobierno en esta operación, que repercute entre otras cosas en “destruir” un grupo empresario que tiene medios no oficialistas.

Hay un dato clave en toda la operación, y es la situación judicial del Grupo Indalo y sus dueños, López y De Sousa. En concreto, fueron denunciados por la AFIP por una deuda que ronda los 8 mil millones de pesos. Sus problemas se agravaron a principios de 2016, cuando el juez contencioso administrativo, Esteban Furnari, dictó una medida cautelar que le impidió al Grupo Indalo dividirse hasta que no solucione su pleito con AFIP. El organismo conducido por Alberto Abad también hizo una denuncia penal, que recayó en manos del juez Ercolini. El abogado de la AFIP es Ricardo Gil Lavedra, espada judicial de los funcionarios macristas y brazo ejecutor del plan Justicia 2020 del ministro Germán Garavano.

En junio Ercolini citó a indagatoria a López y al ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray; el 13 de julio decretó la inhibición general de bienes para López y De Sousa y para 34 sociedades que componen el Grupo Indalo. A las pocas semanas también se metió la Corte. A fines de agosto los supremos frenaron el avance de un concurso preventivo de Oil Combustibles, la firma que acarrea la deuda. Ya en julio de 2017, la Corte pidió el expediente de ese concurso preventivo, luego de traerlo de un juzgado en Chubut a otro en Capital Federal.

Con todos estos condimentos judiciales, sería extraño que un grupo inversor se lanzara sin red a esta operación de gran envergadura y de riesgo. Esto implica dos hipótesis: o buscaron publicitar el negocio para presionar al juez Ercolini y para que el Gobierno les faciliten el trámite; o –lo que es es más probable– la red estaba tendida y el resultado acordado.

Según un comunicado emitido por los compradores, los vendedores López y De Sousa informaron de la operación al juez Ercolini. Pero la cuestión no es tan sencilla. El aviso al juzgado es apenas el inicio. Ercolini debe informar a todas las partes del expediente, como la AFIP y los veedores del proceso. Todos ellos emitirán su opinión y luego Ercolini podrá definir si aprueba la venta o no. Un eje clave es el pago de la deuda con AFIP. Es decir, la posición que asumirá el Gobierno ante la operación. Lo lógico sería que antes de cualquier definición se salde esa deuda, un pago que pueden hacer incluso los nuevos compradores.

Todas las voz

En su comunicado OP Investments informó que “se encuentra en el proceso de toma de control, cuyo objetivo principal es implementar un plan de reestructuración general, que incluye asistencia financiera, la recuperación del crédito corporativo, venta de activos no estratégicos e inversión en los negocios principales”. En síntesis: no les interesa todo el Grupo Indalo, sólo los negocios rentables, por lo que iniciarán un proceso de achicamiento. En concreto, uno de los “activos no estratégicos” son los medios de comunicación.

El propio Tinelli reveló la respuesta que le dieron cuando envió un emisario a negociar por la deuda que tienen con él: “El fondo OP dice: No te vamos a pagar nada. La compañía es inviable. No nos interesa. O la comprás vos o la concursamos o quebramos. Unos dulces”.

“En el campanario mediático resuena potente la melodía oficial y casi nadie ejecuta otra melodía (…) Desde la asunción de Macri, los medios con mayores audiencias viven una etapa de oficialismo desaforado”, escribió Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación y uno de los mayores especialistas en torno a estudios sobre concentración de medios. En una entrevista con Daniel Tognetti en Radio Del Plata, a propósito de la operación Indalo, Becerra agregó que “la concentración de los medios cada vez tiene un componente financiero mayor. Son grupos golondrinas que podrían vaciar un medio y después hacer nido en otro lado”. Parece ser el caso, ya que la compra la realizará un fondo de inversiones.

Por otro lado, al Gobierno intervendrá, por acción u omisión, en el destino de los medios del Grupo Indalo: C5N, Radio 10, Mega 98.3, Radio Pop 101.5, el portal MinutoUno e Ideas del Sur, entre otros. Desde el decreto 267 por el cuál Macri cercenó los aspectos centrales de la ley audiovisual los medios audiovisuales pueden venderse con la licencia adentro. Antes eso estaba prohibido. El único requisito es darle aviso al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Este puede aceptar o rechazar el traspaso de forma explícita. Pero también dejar hacer: si no se pronuncia por 90 días, la operación queda aprobada.

La inhibición de bienes que dispuso el juez Ercolini incluye las sociedades que controlan los medios del Grupo Indalo. Son Telepiu (C5N), Votionis (Radio 10 y Mega 98.3), DH Com (Radio Pop 101.5), Desarrollos Electrónicos Informáticos (Minutouno.com) y Radio Productora 2000 (FM 97.5 Vale). El juez deberá definir sobre su destino.

Tanto en las filtraciones periodísticas como en su comunicado oficial, los inversores que planean quedarse con el Grupo Indalo destacaron que se trata de un fondo radicado en Estados Unidos. La jugada fue bien pensada. Por un lado, aún no se conocen más detalles, pero varios de los estados norteamericanos operan como guaridas fiscales, entre ellos Delaware, Miami, Nevada o Wyoming. De hecho, según la organización Tax Justice Network, Estados Unidos es la tercer guarida fiscal más opaca, luego de Suiza y Hong Kong. No es un detalle menor: si se trata de fondos de inversión será difícil conocer quiénes son sus beneficiarios finales.

Pero otro aspecto importante es que al tratarse de capitales radicados en Estados Unidos pueden quedarse con el 100 por ciento de medios de comunicación, cosa que no sería posible con otros países. Como en tantos temas, Menem lo hizo. Pese a que, como explica el especialista Santiago Marino, la propia ley de radiodifusión de la dictadura prohibía el ingreso extranjero a medios de comunicación, en 1991 Menem firmó un Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (PPRI) con Estados Unidos, ratificado al año siguiente por el Congreso. “Con este marco legal se encuadró el ingreso de capital extranjero –oriundo de los EEUU– en el mercado de la radiodifusión argentino”, sintetiza Marino. Luego hubo acuerdos similares con otros países. En 2003, la ley de preservación de bienes y patrimonios culturales (conocida entonces como “Ley Clarín”) estableció que los extranjeros no podían tener más de un 30 por ciento de los medios de comunicación, excepto si existía un acuerdo previo. Es el caso.

Los abogados

La operación Indalo quedó en manos del estudio Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán, un joven pero potente buffete de la city porteña. Específicamente, según informó el supuesto comprador, a cargo de dos de sus socios, Santiago Dellatorre y Damián Burgio.

Dellatorre y Burgio egresaron juntos de la Universidad Católica en 1990. Dellatorre enseguida entró al estudio Bruchou, Fernández Madero, Lombardi & Mitrani, uno de los grandes en serio de la city. Burgio, en cambio, ingresó al Poder Judicial, puntualmente al fuero Comercial. Fue secretario del juez Enrique Butty, que integró la sala B de la Cámara Comercial. Luego pasó al estudio Bruchou, Fernández Madero, Lombardi & Mitrani y finalmente, fundó junto a sus colegas el estudio Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán.

El estudio Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán tiene como principal cliente al grupo Mindlin, uno de los empresarios favoritos de Macri y cuyo nombre circuló como uno de los posibles inversores en la compra de Indalo, luego desmentido por la empresa. Estos abogados asesoraron a Marcelo Mindlin en muchos negocios, entre ellos la compra de IECSA al primo presidencial Angelo Calcaterra, también cliente del buffete.

El buffete, que obtuvo el puesto 16 en el ranking de los mejores estudios jurídicos de la city que realiza la revista Apertura, también tiene clientes importantes como los bancos ICBC, Merrill Lynch, Credit Suisse, Citibank e Itaú, financieras como Morgan Stanley y Goldman Sachs, multinacionales como Monsanto y Coca Cola. Quedará por verse si estos u otros de sus clientes se suman a la aventura del desembarco en el Grupo Indalo.

El financista

Diez años en el Grupo Macri, diez años en el Grupo Clarín. Ese es el núcleo del currículum de Ignacio Jorge Rosner, que parece ser el ariete de la operación Indalo.

Cuando reveló su nombre como el armador de la operación, el periodista Alconada Mon lo presentó de forma escueta: “Egresado en 1975 del colegio Cardenal Newman –en la promoción anterior a la del presidente Mauricio Macri–, Rosner trabajó para el Grupo Clarín, integró el directorio de Papel Prensa, pasó por los grupos agropecuarios El Tejar y La Banda, y desde 2005 es el director ejecutivo del fondo Latin American Assets Management LLC, con oficinas en Buenos Aires, San Pablo, México DF, Nueva York y Londres”. Hay algunos datos más en la biografía de este financista.

En su perfil de Linkedin, Rosner revela que no sólo compartió el Newman con Macri. Al igual que el presidente, también se recibió de ingeniero civil en la Universidad Católica Argentina. Luego hizo un seminario en el Massachusetts Institute of Technology entre 1991 y 1992. Dice que tiene más de 30 años de experiencia en medios, negocios agropecuarios, energéticos, eléctricos y en la construcción. Detalla su paso por proyectos de infraestructura como las hidroeléctricas Yaciretá y Piedra del Águila, entre otros.

En 1985 ingresó a IECSA, por entonces aún bajo el mando del pater familia, Franco Macri. Se quedó hasta 1995, cuando pasó al Grupo Clarín.

El currículum de Rosner muestra una prolífica carrera dentro del Grupo Clarín, donde integró los directorios de sus principales empresas. En 1998 ya era director de CIMECO, la compañía que comparten Clarín y La Nación para administrar los diarios La Voz del Interior y Los Andes de Mendoza. Compartía la mesa de trabajo, nada menos, que con Julio César Saguier, José Antonio Aranda y José Saenz Valiente. Es decir, parte de los dueños de los diarios y su abogado de confianza. En 1999 fue director titular en CTI y en 2002 llegó a ocupar la vicepresidencia.

En 2000 ya figura como director titular en el directorio del Grupo Clarín comandado por Héctor Magnetto y José Antonio Aranda. El cargo de director titular lo tenían también Lucio Pagliario (el cuarto accionista del Grupo), los Sáenz Valiente (abogados de confianza), Saturnino Herrero Mitjans (lobbista principal), el histórico Alejandro Urricelqui, el directivo de Goldman Sachs Muneer Satter y Robert Goad. No era, parafraseando la frase atribuida a Magnetto, un puesto menor. Otros personajes del Grupo Clarín, como el sobrino de Magnetto, Pablo Casey o Luis María Blaquier eran directores suplentes. Rosner estuvo también en los directorios de Multicanal, La Voz del Interior, PEM, AGR y UNIR.

Ingeniero civil de formación, en 2005 asumió como “Managin Director” de Latin American Assets Management, un fondo de inversiones. Mantiene ese cargo hasta el presente.

Fuera de Clarín, sus negocios se concentraron en Agropecuaria Labanda y Agropecuaria Oran, que según informa las fundó en 1994. En 2013 se sumó al directorio de El Tejar, con inversiones agrículas en Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia. A principios de 2013 Rosner tuvo 32 cheques rechazados por un total de 525.429 pesos, librados desde su empresa Agropecuaria La Banda. El 10 de mayo de ese año pago las multas correspondientes pero, según el informe que arroja el sistema Nosis, no pagó los cheques.

En abril de 2013 Rosner también tuvo un trabajo extraño: ingresó a la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). Fue durante la gestión de Alejandro Battaglia, que fue rector normalizador de esa institución. Battaglia fue denunciado por malversación de fondos y otras irregularidades. Renunció en abril de 2014. Al mes siguiente Rosner dejó de trabajar en la UNPAZ. Battaglia pasó por el kichnerismo, apostó por la frustrada candidatura de Florencio Randazzo en 2015 y finalmente recaló en las filas del macrismo, puntualmente bajo las órdenes del Ministro de Justicia, Germán Garavano. Un vínculo que, a la luz de la operación Indalo, no debería despreciarse.

Comodoro Py

“La justicia y la AFIP aprobarán la venta de acciones de Indalo a este grupo OP, de unos señores Rosner, Burgio y Dellatorre??”, disparó Marcelo Tinelli en su twitter. El empresario y conductor mantiene un pleito con el Grupo Indalo y está especialmente interesado en el devenir de la empresa.

Desde OP Investments afirmaron que van a mantener las fuentes de trabajo (aproximadamente 4 mil directas y 8 mil indirectas) y “atender a las obligaciones fiscales y previsionales con la AFIP y demás deudas existentes”. A primera vista, no es tan simple.

“La orden que tenemos es destruirlos”, le dijeron desde la AFIP al periodista Alconada Mon. La frase revela el claro interés del Gobierno en esta operación, que repercute entre otras cosas en “destruir” un grupo empresario que tiene medios no oficialistas.

Hay un dato clave en toda la operación, y es la situación judicial del Grupo Indalo y sus dueños, López y De Sousa. En concreto, fueron denunciados por la AFIP por una deuda que ronda los 8 mil millones de pesos. Sus problemas se agravaron a principios de 2016, cuando el juez contencioso administrativo, Esteban Furnari, dictó una medida cautelar que le impidió al Grupo Indalo dividirse hasta que no solucione su pleito con AFIP. El organismo conducido por Alberto Abad también hizo una denuncia penal, que recayó en manos del juez Ercolini. El abogado de la AFIP es Ricardo Gil Lavedra, espada judicial de los funcionarios macristas y brazo ejecutor del plan Justicia 2020 del ministro Germán Garavano.

En junio Ercolini citó a indagatoria a López y al ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray; el 13 de julio decretó la inhibición general de bienes para López y De Sousa y para 34 sociedades que componen el Grupo Indalo. A las pocas semanas también se metió la Corte. A fines de agosto los supremos frenaron el avance de un concurso preventivo de Oil Combustibles, la firma que acarrea la deuda. Ya en julio de 2017, la Corte pidió el expediente de ese concurso preventivo, luego de traerlo de un juzgado en Chubut a otro en Capital Federal.

Con todos estos condimentos judiciales, sería extraño que un grupo inversor se lanzara sin red a esta operación de gran envergadura y de riesgo. Esto implica dos hipótesis: o buscaron publicitar el negocio para presionar al juez Ercolini y para que el Gobierno les faciliten el trámite; o –lo que es es más probable– la red estaba tendida y el resultado acordado.

Según un comunicado emitido por los compradores, los vendedores López y De Sousa informaron de la operación al juez Ercolini. Pero la cuestión no es tan sencilla. El aviso al juzgado es apenas el inicio. Ercolini debe informar a todas las partes del expediente, como la AFIP y los veedores del proceso. Todos ellos emitirán su opinión y luego Ercolini podrá definir si aprueba la venta o no. Un eje clave es el pago de la deuda con AFIP. Es decir, la posición que asumirá el Gobierno ante la operación. Lo lógico sería que antes de cualquier definición se salde esa deuda, un pago que pueden hacer incluso los nuevos compradores.

Todas las voz

En su comunicado OP Investments informó que “se encuentra en el proceso de toma de control, cuyo objetivo principal es implementar un plan de reestructuración general, que incluye asistencia financiera, la recuperación del crédito corporativo, venta de activos no estratégicos e inversión en los negocios principales”. En síntesis: no les interesa todo el Grupo Indalo, sólo los negocios rentables, por lo que iniciarán un proceso de achicamiento. En concreto, uno de los “activos no estratégicos” son los medios de comunicación.

El propio Tinelli reveló la respuesta que le dieron cuando envió un emisario a negociar por la deuda que tienen con él: “El fondo OP dice: No te vamos a pagar nada. La compañía es inviable. No nos interesa. O la comprás vos o la concursamos o quebramos. Unos dulces”.

En el destino de los medios de comunicación también influye el interés del gobierno de Macri. Por un lado, por su ya expresa intención de homogeneizar el mapa mediático. “Todas las voz”, como satirizó Sebastián Fernández.

“En el campanario mediático resuena potente la melodía oficial y casi nadie ejecuta otra melodía (…) Desde la asunción de Macri, los medios con mayores audiencias viven una etapa de oficialismo desaforado”, escribió Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación y uno de los mayores especialistas en torno a estudios sobre concentración de medios. En una entrevista con Daniel Tognetti en Radio Del Plata, a propósito de la operación Indalo, Becerra agregó que “la concentración de los medios cada vez tiene un componente financiero mayor. Son grupos golondrinas que podrían vaciar un medio y después hacer nido en otro lado”. Parece ser el caso, ya que la compra la realizará un fondo de inversiones.

Por otro lado, al Gobierno intervendrá, por acción u omisión, en el destino de los medios del Grupo Indalo: C5N, Radio 10, Mega 98.3, Radio Pop 101.5, el portal MinutoUno e Ideas del Sur, entre otros. Desde el decreto 267 por el cuál Macri cercenó los aspectos centrales de la ley audiovisual los medios audiovisuales pueden venderse con la licencia adentro. Antes eso estaba prohibido. El único requisito es darle aviso al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Este puede aceptar o rechazar el traspaso de forma explícita. Pero también dejar hacer: si no se pronuncia por 90 días, la operación queda aprobada.

La inhibición de bienes que dispuso el juez Ercolini incluye las sociedades que controlan los medios del Grupo Indalo. Son Telepiu (C5N), Votionis (Radio 10 y Mega 98.3), DH Com (Radio Pop 101.5), Desarrollos Electrónicos Informáticos (Minutouno.com) y Radio Productora 2000 (FM 97.5 Vale). El juez deberá definir sobre su destino.

Tanto en las filtraciones periodísticas como en su comunicado oficial, los inversores que planean quedarse con el Grupo Indalo destacaron que se trata de un fondo radicado en Estados Unidos. La jugada fue bien pensada. Por un lado, aún no se conocen más detalles, pero varios de los estados norteamericanos operan como guaridas fiscales, entre ellos Delaware, Miami, Nevada o Wyoming. De hecho, según la organización Tax Justice Network, Estados Unidos es la tercer guarida fiscal más opaca, luego de Suiza y Hong Kong. No es un detalle menor: si se trata de fondos de inversión será difícil conocer quiénes son sus beneficiarios finales.

Pero otro aspecto importante es que al tratarse de capitales radicados en Estados Unidos pueden quedarse con el 100 por ciento de medios de comunicación, cosa que no sería posible con otros países. Como en tantos temas, Menem lo hizo. Pese a que, como explica el especialista Santiago Marino, la propia ley de radiodifusión de la dictadura prohibía el ingreso extranjero a medios de comunicación, en 1991 Menem firmó un Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (PPRI) con Estados Unidos, ratificado al año siguiente por el Congreso. “Con este marco legal se encuadró el ingreso de capital extranjero –oriundo de los EEUU– en el mercado de la radiodifusión argentino”, sintetiza Marino. Luego hubo acuerdos similares con otros países. En 2003, la ley de preservación de bienes y patrimonios culturales (conocida entonces como “Ley Clarín”) estableció que los extranjeros no podían tener más de un 30 por ciento de los medios de comunicación, excepto si existía un acuerdo previo. Es el caso.

Los abogados

La operación Indalo quedó en manos del estudio Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán, un joven pero potente buffete de la city porteña. Específicamente, según informó el supuesto comprador, a cargo de dos de sus socios, Santiago Dellatorre y Damián Burgio.

Dellatorre y Burgio egresaron juntos de la Universidad Católica en 1990. Dellatorre enseguida entró al estudio Bruchou, Fernández Madero, Lombardi & Mitrani, uno de los grandes en serio de la city. Burgio, en cambio, ingresó al Poder Judicial, puntualmente al fuero Comercial. Fue secretario del juez Enrique Butty, que integró la sala B de la Cámara Comercial. Luego pasó al estudio Bruchou, Fernández Madero, Lombardi & Mitrani y finalmente, fundó junto a sus colegas el estudio Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán.

El estudio Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán tiene como principal cliente al grupo Mindlin, uno de los empresarios favoritos de Macri y cuyo nombre circuló como uno de los posibles inversores en la compra de Indalo, luego desmentido por la empresa. Estos abogados asesoraron a Marcelo Mindlin en muchos negocios, entre ellos la compra de IECSA al primo presidencial Angelo Calcaterra, también cliente del buffete.

El buffete, que obtuvo el puesto 16 en el ranking de los mejores estudios jurídicos de la city que realiza la revista Apertura, también tiene clientes importantes como los bancos ICBC, Merrill Lynch, Credit Suisse, Citibank e Itaú, financieras como Morgan Stanley y Goldman Sachs, multinacionales como Monsanto y Coca Cola. Quedará por verse si estos u otros de sus clientes se suman a la aventura del desembarco en el Grupo Indalo.”

Nuestras voces