La Cámara Federal de San Martín revocó ayer el embargo que había
sido ordenado sobre los bienes del intendente de Vicente López, Jorge Macri,
primo del presidente de la Nación.
Jorge Macri tiene una causa abierta en su contra desde hace más de
un año por un presunto caso de lavado de dinero vinculado con la compra de un
departamento en Miami, Estados Unidos. Nunca fue citado a indagatoria, pero la
jueza que lo investiga, Sandra Arroyo Salgado (la ex mujer del fiscal Alberto
Nisman), había dispuesto un embargo de 8 millones de pesos sobre los bienes del
intendente y los de su ex mujer Florencia de Nardi.
Ayer, los jueces de la Cámara Federal de San Martín, Alberto
Agustín Lugones y Hugo Daniel Gurruchaga le dieron la razón a las defensas y
levantaron las órdenes de embargo.
El argumento central de los camaristas fue que la causa todavía
está en un estado "embrionario" (a pesar de que lleva un año y cinco
meses de trámite) y que con las pruebas reunidas hasta hoy no hay fundamentos
suficientes para sostener la "verosimilitud" del hecho denunciado.
Según la Cámara, la jueza tampoco fundamentó el "peligro en
la demora" que justificaría embargar ahora a los acusados, cuando la
operación que se investiga fue reportada como sospechosa en 2011.
La causa contra Jorge Macri y su ex mujer se inició el 16 de mayo
de 2016 por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado
de Activos (Procelac). Este organismo había recibido documentos de la Unidad de
Información Financiera (UIF), el organismo antilavado, que investigó a Jorge
Macri por sospechas en la operación de compra de un departamento de la avenida
Brickell, en Miami. El inmueble fue adquirido en abril de 2011 por la sociedad
Icon Unit 1704 LLC, integrada por el intendente de Vicente López y su ex mujer.
De acuerdo con lo declarado, pagó por el departamento 365.000 dólares.
Según informó Macri cuando le pidieron explicaciones, la firma
obtuvo el dinero con dos créditos. De acuerdo con la denuncia que motivó esta
causa, uno de los préstamos "carecía de razonabilidad económica" y el
otro no tenía "respaldo documental que lo avalara".
Esperando informes
"Aun cuando la pesquisa lleva un poco más de un año en
trámite en sede judicial, se encuentra en un estado embrionario pues de momento
se están requiriendo informes a entidades bancarias y financieras, a la AFIP, a
Migraciones, al Banco Central y otros organismos del país y en el
extranjero", sostuvieron ayer los camaristas.
Explicaron que el embargo, como medida para resguardar bienes,
puede ser dictado en cualquier momento del proceso, incluso antes de los
llamados a indagatoria (como pasó en este caso).
Pero advirtieron que ordenar un embargo en un momento así es una
decisión excepcional que debe ser debidamente fundada. Según Lugones y
Gurruchaga, la jueza no lo hizo."
La Nación
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