Nota del Editor
Tomás Lukin es, junto con Santiago O´Donnell, coautor del libro "ArgenPapers" de reciente publicación.
La nota
“Si a escala global los Panama Papers
permiten conocer cómo operan los intermediarios abocados al diseño de los
vehículos necesarios para transitar el mundo offshore, a nivel local dejaron al
descubierto la plataforma de servicios utilizada para canalizar la fuga de
capitales. Característica estructural de la economía argentina a partir de la
irrupción del neoliberalismo en 1976, la fuga de capitales involucra los fondos
de residentes locales, tanto de origen ilícito como legal, ubicados en el
exterior, esto sumado a las divisas que circulan en el país fuera del circuito
formal.
La fuga de capitales es, desde
entonces, un atributo permanente de la economía argentina. Hubo fuga en
períodos de crecimiento y en etapas recesivas; con gobiernos populistas y con
gobiernos neoliberales; en episodios de crisis internacional y en los momentos
de estabilidad global; con restricciones para el acceso al mercado cambiario o
con un escenario de liberalización absoluta; con déficit fiscal o con programas
de ajuste del gasto; con el precio del dólar planchado o con volatilidad
cambiaria; con alivio por el desendeudamiento y abundantes reservas y con
inestabilidad en el frente externo. Como explican los economistas Eduardo
Basualdo y Matías Kulfas, “la fuga de capitales lejos de representar un
fenómeno aislado y vinculado a una ‘diversificación de inversiones’ inherente a
la generalidad de agentes económicos, o a coyunturas adversas, forma parte de
una lógica de acumulación cuyo origen se asocia a las transformaciones
estructurales resultantes de la política económica implementada por la
dictadura militar a partir de 1976. […] La fuga de capitales locales tiene
lugar cuando los residentes de una economía remiten fondos al exterior para
realizar diversas inversiones y adquirir activos que pueden ser físicos o
financieros. No se trata de una operatoria necesariamente ilegal (aunque
presumiblemente una parte significativa podría considerarse como tal), sino de
la transferencia de capital líquido hacia el exterior para realizar inversiones
directas o adquirir títulos, acciones, inmuebles o efectuar depósitos
bancarios. A esta forma de fuga de capitales se le agrega la salida de
capitales mediante los denominados ‘precios de transferencia’ y de los
‘créditos intrafirma’”.
Existen distintas alternativas para
estimar la fuga de capitales, pero todas revelan la persistencia del fenómeno.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica la denominada
Posición de Inversión Internacional donde figuran los datos necesarios para
realizar la versión más conservadora. A comienzos de 2017 existían 240.067 millones
de dólares de argentinos en el exterior. El dato equivale aproximadamente al
35% del PBI. Estimaciones construidas por el equipo de investigación sobre fuga
de capitales que funcionaba en el Centro de Economía y Finanzas para el
Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar), elevaban el stock fugado del país hasta
los 500.000 millones de dólares, alrededor del 80% del PBI.
Contrario a la idea difundida por la
mayoría de los medios, que asocia los flujos ilícitos a la corrupción
gubernamental y otras actividades criminales, las fuentes principales para las
maniobras financieras y comerciales abusivas son las grandes corporaciones y
sus directivos, dueños de pymes, profesionales muy exitosos, celebridades y
herederos de grandes fortunas. El director de la organización Global Financial
Integrity, Raymond Baker, estimó que los actores económicos privados explican
alrededor del 63% del total de flujos financieros ilícitos globales. El
restante 37% se origina en actividades estrictamente criminales de todo tipo, y
de esa porción, la corrupción gubernamental alcanza a “sólo” 3 puntos
porcentuales. El monto de la “corrupción privada” canalizada a través de las
prácticas abusivas disfrazadas de legalidad, que atentan contra las
posibilidades de desarrollo y la estabilidad de países como la Argentina,
resulta significativamente superior al vinculado con los gobiernos y políticos,
pero su difusión es inversamente proporcional.
No es sorprendente, entonces, que
quienes figuran con nombre y apellido entre los documentos sustraídos del
estudio panameño sean exponentes de las grandes compañías, locales y
extranjeras, que operan en la Argentina. Tampoco es casualidad que los
apellidos y sociedades identificadas por los autores entre los Panama Papers se
repitan en los distintos registros y filtraciones sobre fuga de capitales que
se conocieron a lo largo de las últimas dos décadas. El recuento comienza con
el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre la Fuga de
Divisas en el año 2001 pero existen, al menos, otros cinco registros que dan
cuenta de la intensidad y relevancia que tiene la salida de capitales a través
de distintos eslabones de la red global de servicios financieros. Ellos
son:
1) La denuncia del ex ejecutivo del
banco JP Morgan, Hernán Arbizu, presentada en 2008.
2) La lista provista por el ex
presidente del Banco Central, Martín Redrado, sobre las personas físicas y
jurídicas que compraron moneda extranjera en 2008 y 2009.
3) El listado publicado por el
periodista Alfredo Zaiat de los principales 100 compradores de divisas en 2011,
antes de la instalación de las medidas de control de cambio conocidas como
“cepo cambiario”.
4) La denuncia presentada por la AFIP
en el marco de la filtración de las cuentas bancarias a nombre de argentinos
abiertas en el HSBC Private Bank de Ginebra.
5) Las evidencias ofrecidas en los
Bahamas Leaks.
Durante los meses que los autores
dedicaron a revisar la base de datos de los Panama Papers fue posible
identificar estructuras y operaciones offshore vinculadas con más de sesenta
grandes empresarios argentinos de todos los sectores económicos. Incluso las
reiteradas presencias del presidente argentino, su familia y sus allegados en
el mundo offshore no revelan casos de “corrupción gubernamental”. La
proliferación de estructuras offshore vinculadas con el mundo Macri dan cuenta,
ante todo, del comportamiento coherente y sistemático del que fuera uno de los
principales grupos económicos de la Argentina durante décadas. Los detractores
del mandatario podrían alegar que la presencia representa la contraparte
empresarial de algún hecho de corrupción gubernamental. No se identificó
información entre los Panama Papers que permita sostener tal afirmación. Sin
embargo, como analizaremos en los próximos capítulos, parece irrefutable que la
presencia del apellido Macri en la megafiltración está directamente asociada a
dos actividades: los negocios del Grupo Socma, donde el mandatario argentino
cumplió un rol prominente, y la administración de la fortuna familiar. La misma
lógica que explica la presencia de Macri es extensiva a la mayoría de los
miembros del Poder Ejecutivo Nacional mencionados en los Panama Papers o
identificados en bases alternativas, como Opencorporates.com y el Registro
Público de Panamá. Tiene sentido. Tres de cada diez de los funcionarios
jerárquicos reclutados para conformar el gabinete inicial de Cambiemos a partir
del 10 de diciembre de 2015 ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el
sector privado. Una investigación del Observatorio de las Elites Argentinas
perteneciente al Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad
Nacional de San Martín expuso que fueron 114 los ejecutivos de las principales
compañías y estudios de abogados de la Argentina que ocuparon alguno de los 367
cargos de ministro, secretario y subsecretario que constituyeron la estructura
del Estado nacional a comienzos de la gestión macrista. La pasión por el mundo
offshore no sólo es un atributo del Presidente y su Gabinete, sino que se
conforma como una práctica permanente entre las grandes corporaciones y los
propietarios, accionistas, directivos y gerentes de esas compañías.”
Página 12
Comentarios
Publicar un comentario
Nos interesa conocer su opinión sobre el blog. Gracias.