“Mucho
más grave que se hayan filtrado de la base de datos de la Administración Fiscal
de Ingresos Públicos (AFIP) los montos blanqueados del jefe de Estado, su
hermano Gianfranco; el primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, Alejandro Jaime
Peña Braun; el entrañable amigo del Jefe de Estado, Nicolás Caputo, un cuñado
de Pablo Clusellas, secretario legal y técnico de la Presidencia, Pablo
Clusellas Zorraquín, y empresarios amigos de la Casa Rosada, como Marcelo
Mindlin y Alfredo Coto, son “los ratones” que les mete a quienes se presentaron
al sinceramiento fiscal que terminó el 31 de marzo, habida cuenta de que no les
consta que el ventilador no se vuelva a prender pero para todos y todas. Pero
hay otra consecuencia no menos grave: que el gobierno estaba esperando que
pasen las elecciones de octubre para impulsar el “Plan Informalidad Cero",
que invita a 4,5 millones de trabajadores en negro que no tributan, como
tampoco lo hacen sus patrones, a blanquearse, y la desconfianza sembrada puede
ser lapidaria. Hoy la disyuntiva pasa por subir ingresos o bajar jubilaciones,
esto último impracticable políticamente. El sistema previsional está quebrado y
contribuye con la 3ra parte del sideral gasto público que se pretende bajar. El
temor por la reedición de entrecasa del escándalo de Panamá Papers o de los
wikileaks que ventiló comprometedores mails privados de la dirigencia en
general desalienta una regularización de deudas, como es el caso de los
blanqueos.
La City no lo puede
creer. El llamado Círculo Rojo lo considera el acontecimiento más grave desde
el inicio de la Administración Macri. Las consecuencias del hecho aún están por
verse porque es impreciso el alcance del robo de información encriptada. La Casa
Rosada quiso mirar para otro lado pero desde hace 1 semana no se habla de otro
tema en las reuniones de empresarios.
Aunque se pueda atribuir
intencionalidad política a la difusión de los apellidos escrachados en Página/12 (con
la firma de Horacio Verbitsky) de personas que se acogieron al
sinceramiento fiscal que terminó el 31/03, por el que se depositaron unos
US$7.200 millones y se exteriorizaron US$116.800 millones, los
titulares de las 115 mil cuentas bancarias abiertas con tales fines se sienten
defraudados por haber sido violada la confidencialidad y temer porque sus
nombres no aparezcan en sucesivas publicaciones.
Para colmo, la filtración de la big
data de AFIP se produjo en un momento muy inoportuno, porque en el gobierno
vienen trabajando discretamente, para eludir las campañas electorales que
desembocan en octubre, en un "Plan Informalidad Cero",
que se busca reducir el empleo informal hasta fines del 2019 por medio de un blanqueo
laboral.
En la denominada mesa chica de la
Jefatura de Gabinete se calcula que en 3 años incorporará al sistema
900 mil empleos informales (de los 4,5 millones que se estiman), y que
empiecen a tributar aportes patronales y de trabajadores (más de 40% de la
masa salarial en negro entre ambos). Son fundamentales para tapar el agujero negro en la ANSeS, uno
de los motores más potentes del gasto público.
Pero, como
punto de partida, se considera el perdón de las deudas y las multas.
La
desconfianza en la confidencialidad de eventuales presentaciones hará
abstenerse a más de uno de los potenciales candidatos a entrar, no sólo porque
podría ver afectada su reputación, sino por el riesgo de quedar al descubierto
y que después venga otro gobierno a cobrarle.
Otra vez, aparece el síndrome CFK,
como el que los inversores invocan como excusa para llevarse en lugar de
apostar capitales al modelo que encarna Mauricio Macri.
Sin ir más lejos, al disertar ayer
(31/08) en el Latam Economic Forum, el economista Miguel Ángel Broda,
quien aclaró simpatizar con este gobierno pero sin considerarse un barrabrava,
advirtió que "si no se logra salir exitosamente de las trampas que
hoy tiene la economía, en 10 años vuelve el populismo".
A vuelta de correo
Nadie le saca de la cabeza al “trío
galleta” (tal como llaman en la interna de la AFIP a la mesa chica de
la Jefatura de Gabinete) que la infidencia tiene relación con el conflicto que
se ventiló por todos lados que saltó antes de la movilización de la CGT a Plaza
de Mayo, cuando le atribuyen al vicejefe Mario Quintana haber
realizado una misión oficiosa ante Hugo Moyano para no
consumar la protesta sindical y menos aún pasar a mayores con un paro, a
cambio de un salvataje de la empresa telepostal Oca, que incluía
una generosa refinanciación de la deuda con AFIP ($4.000 millones), a la
que Alberto Abad, que en casos anteriores se opuso a aplicar el
plan excepcional de pagos en 150 cuotas previsto en el
artículo 32 de la ley de procedimiento fiscal discrecionalmente aplicada por
Ricardo Echegaray a los amigos K, tampoco quiso ponerle el gancho.
Aunque quedó en la nebulosa, en ese
sentido, el episodio del 30/03, a pocas horas de que se cerrara el plazo de la
moratoria fiscal, cuando la AFIP le informó a Oil Combustible, la
empresa de Cristóbal López que adeuda $ 8.000 millones en
impuestos, y podrá acogerse al beneficio de pagarlos a razón de unos $
57 millones por mes. En noviembre 2016 le había sido denegado, en
momentos en que se daba por sentado que el mandamás de Indalo iba a ser
procesado por defraudación a la administración pública por la deuda impositiva.
De ahí que se asegure que el
ex Farmacity no se cortó solo para negociar con el líder camionero, a
quien le adjudican estar por detrás de Patricio Farcuh, formal
cabeza de OCA, y que esta vez la negativa, en consecuencia, ubicó a
Abad al filo de la renuncia.
La radiopasillo del ente recaudador
comenta que pudo haber habido consultas de los altos mandos requeridas a la
data base profunda para buscar elementos que fortalecieran la posición del jefe
en la disputa con Quintana por Oca, operación que estuvo a cargo de Jorge
Enrique Linskens, quien se venía desempeñando como subdirector de
Sistemas y tenía el control del acceso al sistema que guarda el
secreto fiscal de todos los contribuyentes.
Es un planta permanente de AFIP que
había ingresado durante la primera etapa de su gestión de Abad, cuando Néstor
Kirchner era el Presidente, por lo que se lo considera un hombre de su
riñón y nadie adscribe, en consecuencia, a que pudiera haber obrado de mala fe.
En todo caso, la suspicacia apunta a
que una eventual apertura del blindaje que protegía los datos
ultraconfidenciales podría haber sido el resquicio aprovechado por
miradas malintencionadas que aprovecharon para difundirlo. A
Página/12 es obvio por cuál vía llegó, pero no se sabe si le publicó una
síntesis con los nombres salientes y reservaron un listado completo para más
adelante, o no le llegó todo. Hay quienes afirman que están en venta
en la City muchos datos no publicados aún.
Abad cumplió la formalidad de hacer la denuncia judicial por filtración de datos del blanqueo, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 en manos de Rodolfo Canicoba Corral, pero la urgencia la tiene en su propia cocina. Nombró a otro hombre de su confianza, el director de Auditoría e Informática, Néstor Sosa, en lugar de Linskens con facultades plenipotenciarias para encontrar los culpables del filtrado.
Abad cumplió la formalidad de hacer la denuncia judicial por filtración de datos del blanqueo, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 en manos de Rodolfo Canicoba Corral, pero la urgencia la tiene en su propia cocina. Nombró a otro hombre de su confianza, el director de Auditoría e Informática, Néstor Sosa, en lugar de Linskens con facultades plenipotenciarias para encontrar los culpables del filtrado.
Gabriel Morini, de Ámbito Financiero, recuerda que “no
es la primera vez que la AFIP queda bajo la mira por la difusión de datos bajo
secreto fiscal de personalidades. Dos denuncias penales se dilataron en los
tribunales federales que expusieron bandos internos antagónicos que se acusaban
entre sí”.
Pero, fundamentalmente,
para volver a garantizar el blindaje de las identidades de las personas y
empresas que ingresaron en el blanqueo, y para que no espante a los futuros
invitados a entrar en el plan de regularización previsional que viene, cuyo
potencial es el 33% de los trabajadores no tiene aportes previsionales ni a la
obra social: unas 4,5 millones de personas, sobre todo que prestan servicios en
rubros que manejan altos porcentajes de empleo en negro (textil, campo y
construcción, entre otros).
Un modo de inducir presentaciones
espontáneas que se usó en el blanqueo de activos fue enviar cartas a no
declarantes detectados con el software Analytics, que permitió
obtener un perfil a partir de 40 variables de cómo se comportan los
ingresantes, compararla con toda la base de datos de contribuyentes y encontrar
a aquellos que se acercaban en un 95% a ese patrón de conducta: el 40% ingresó
al sinceramiento.
El "Plan de Informalidad
Cero" en carpeta para después de octubre se basa en la
condonación de multas y capital por cargas y contribuciones impagas para
empresas que regularicen dependientes, a los quepagarán todas las cargas
sociales y luego le darán, por hasta el salario mínimo de cada trabajador, un
crédito fiscal por todas las contribuciones patronales, que podrá usarlo
para liquidar el 100% de IVA y Ganancias.
El sistema
previsional es el gasto público más importante que realiza el Gobierno, ya que
representa casi el 35% y alcanza a más de 13 puntos del PIB, la relación entre
trabajadores formales y jubilados es de 1,3, las contribuciones patronales y
personales son del 27% del salario, sólo 48,8% se financia con los aportes de
los empleadores y trabajadores formales y la informalidad laboral es del 35%.
Este
panorama surge de un informe de Marcelo Garriga, director de la
maestría en Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de La Plata.”
Urgente 24
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