"En el debate sobre la expulsión del Congreso del ex–ministro de
Planificación Federal Julio De Vido faltó profundizar sobre los factores que
explican la corrupción. En especial, tener en cuenta que el vertiginoso aumento
en la presión tributaria concentrado en el nivel nacional favoreció la
discrecionalidad. Por eso, la necesaria reconstrucción institucional para
promover el desarrollo social y combatir la corrupción debe incluir la reforma
del sistema impositivo y de la coparticipación federal.
Un informe del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina,
Idesa, señala que el caso del ex–ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios del anterior gobierno es paradigmático del profundo
deterioro que sufre el sistema político argentino. Durante los 12 años que esta
persona se desempeñó en el cargo (2003 – 2015), las instituciones fueron
incapaces de prevenir que se produjeran los desvíos de la legalidad
sospechados.
Tampoco sirvieron para evitar que se propagaran las conductas una
vez que se presentaron. Finalmente, no evitaron que esta persona pudiera
legalmente eludir la Justicia escudado en fueros que le otorga su carácter de
diputado democráticamente electo.
El debate en la Cámara de Diputados estuvo centrado en las controversias
entre quienes bregaron por la expulsión alegando falta de honorabilidad y
quienes consideraban que una expulsión violaría la voluntad popular de la
porción de ciudadanos que votó al cuestionado.
Más allá del resultado de la
votación, queda pendiente indagar sobre los factores que generaron las
condiciones propicias para la corrupción masiva y sistemática.
Para echar luz sobre el tema cabe considerar que entre los años 2004 y
2015 la recaudación de impuestos administrados por la AFIP subió de 20,3% a
26,3% del Producto Bruto Interno (PBI). Este aumento de 6% del PBI, inédito en
la Argentina y con pocos antecedentes en el mundo, fue distribuido de la
siguiente manera:
- Un
1,5% del PBI se distribuyó automáticamente a las provincias.
- El
ex – Ministerio de Planificación Federal absorbió y manejó 2,1% del PBI.
- Las
otras reparticiones nacionales se apropiaron del restante 2,3% del PBI.
Estos datos muestran que más de un tercio del vertiginoso aumento en la
presión tributaria nacional fue asignado al ex – Ministerio de Planificación.
Tal fue la apropiación de esa dependencia nacional, que capturó muchos más
recursos que las provincias: que son quienes tienen a cargo la provisión de los
principales servicios sociales. Aquí aparece un factor causal de corrupción que
trasciende la honestidad de un funcionario. La oportunidad para el mal manejo
de fondos públicos nace de un exagerado aumento de impuestos, centralizados en
el nivel nacional y asignados a un Ministerio donde prevaleció la
discrecionalidad, la debilidad de los mecanismos de control y una gran carencia
de transparencia.
Obviamente que es importante la independencia y eficiencia de la
Justicia para detectar casos de corrupción y aplicar las sanciones que corresponden.
Pero esto no alcanza cuando se generan condiciones para que el mal uso de los
fondos públicos se vuelva cotidiano y masivo. Por eso, para disminuir la
corrupción es necesario un abordaje integral. Esto implica, no solo construir
instituciones que reduzcan la discrecionalidad y exijan la rendición de
cuentas, sino también evitar la masiva centralización de recursos en un puñado
de funcionarios públicos nacionales.
De aquí que rediseñar el sistema tributario y sus mecanismos de
distribución automática de manera más coherente con el régimen federal es una
herramienta para combatir la corrupción. Menos y mejores impuestos bien
distribuidos son la base para lograr una asignación más eficiente y
transparente de los recursos públicos y, con ello, el punto de partida para
entablar un proceso sostenido de desarrollo social.
La descentralización de recursos es una condición necesaria pero no
suficiente para una mejor gestión del Estado. En general, las provincias y los
municipios actualmente no son garantía de probidad y transparencia. Esto
plantea un importante desafío a la Nación.
En lugar de preservar la
concentración, debería buscar nuevas herramientas que lleven a promover
reformas institucionales en los gobiernos locales. Hay que pasar de la vieja
lógica que generalmente termina premiando a las malas administraciones y
castigando a quienes se ocupan de mejorar la gestión a otra donde se apoye a
los gobiernos dispuestos a innovar para satisfacer mejor las necesidades
sociales. Para ello hay en la experiencia internacional indicadores reconocidos
que permiten medir el efecto de las políticas estatales."
Confluencia Digital
Comentarios
Publicar un comentario
Nos interesa conocer su opinión sobre el blog. Gracias.