Nota del Editor
El financiamiento de los partidos políticos, en especial en las campañas electorales, no es transparente y en muchos casos roza la ilegalidad. Hay fuertes indicios de que la mayor parte del gasto de los partidos y las campañas ocurre informalmente, ya sea en forma de aportes y gastos no declarados o del abuso de recursos públicos con fines partidistas.
La nota
Recomendacion de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento)
Desde la reforma
electoral nacional de 2009, Argentina tiene un régimen de financiamiento de los
partidos y las campañas electorales nacionales que se basa principalmente en
aportes públicos. Hasta ahora la norma fue aplicada en tres procesos
electorales y sirvió de marco para el ejercicio del financiamiento ordinario de
los partidos.
El balance de esa
experiencia acumulada es desparejo. Por un lado, se garantiza un piso de
equidad al permitir el acceso de todos los partidos y candidatos a los medios
de comunicación masiva. Por otro, hay fuertes indicios de que la mayor parte
del gasto de los partidos y las campañas ocurre informalmente, ya sea en forma
de aportes y gastos no declarados o del abuso de recursos públicos con fines
partidistas.
Esta informalidad
tiene efectos perjudiciales para la transparencia e integridad de las instituciones
democráticas: interfiere con el derecho de todo elector a hacer un voto
informado; facilita la captura o influencia por parte de intereses de grupos
particulares y genera el riesgo de que la política partidaria y electoral se
financie con dinero proveniente de actividades ilícitas.
Estas son las 13
recomendaciones de CIPPEC para avanzar hacia un régimen de financiamiento de
los partidos y las campañas más transparente y efectivo. Para alentar la
formalización del financiamiento de la política se recomienda:
- Prohibir los aportes en efectivo (con la única excepción de las pequeñas donaciones), para alentar la bancarización y poder trazar y controlar el dinero que circula en política.
- Permitir aportes de personas jurídicas (empresas
y sindicatos) a los partidos y a las campañas, con montos máximos que
impidan el predominio de un donante o sector y excluyendo a quienes tienen
un conflicto de interés. Reconsiderar esta prohibición ayudaría a alentar
la formalización de los aportes de campaña que se realizan informalmente o
través de los partidos.
- Permitir la reversibilidad de los aportes para
que las agrupaciones políticas puedan rechazar contribuciones que estén
prohibidas por ley o de los cuales no puedan demostrar su origen.
- Disponer un mecanismo de declaración
en línea y de monitoreo de las actividades partidarias y de
campaña. Estas herramientas permitirían la publicación inmediata de los
aportes y gastos de financiamiento ordinario y de las campañas
electorales, agilizando el proceso de rendición y publicación y
facilitando tanto el control por parte de la autoridad de aplicación como
el control social. Esto debería generar incentivos para rendiciones más
precisas, porque la detección de inconsistencias o problemas podría
acarrear sanciones durante la campaña o un costo político inmediato.
- Agilizar la apertura y operación de las
cuentas y subcuentas y la habilitación de pago mediante tarjetas de
crédito y medios electrónicos. La implementación de
mecanismos más ágiles de recaudación relacionados a la apertura de cuentas
y subcuentas en el Banco Nación en tiempos compatibles con los períodos de
campañas facilitaría a los partidos políticos la operatoria de las mismas
y los incentivaría a transparentar sus finanzas. Alentar la utilización de
tarjetas de crédito y nuevas tecnologías como páginas web y telefonía para
recaudar podría ayudar tanto a la bancarización del dinero de los partidos
y las campañas como a un financiamiento menos concentrado.
- Ampliar el período de campaña para
que comience al momento de vencer el plazo para la inscripción de listas
de pre– candidatos y termine 48 horas antes de la elección general o, en
su caso, de la segunda vuelta electoral. De esta forma quedaría comprendido
en el plazo de campaña la actividad proselitista más intensa que se
desencadena cuando se oficializan los precandidatos.
- Hacer a los candidatos corresponsables por
las violaciones a la ley de financiamiento de modo que se les generen
incentivos para controlar que la recaudación y la rendición se ajusten a
la ley.
- Responsabilizar a las alianzas. Disponer
que las alianzas no puedan disolverse hasta que se haya aprobado su
rendición de campañas, de modo que los partidos que las integran no puedan
pensar en formar nuevos acuerdos si sus rendiciones no están en orden.
- Límites al abuso de la publicidad oficial y
los actos de gobierno. Prohibir los anuncios y la publicidad de
actos de gobierno durante todo el período de campaña. Regular los usos y
la distribución de la publicidad oficial de modo que no pueda utilizarse
con fines partidistas ni para promover el conocimiento público de los
funcionarios de gobierno, y para que no pueda emitirse durante el período
de campaña (salvo en casos de emergencia o interés público expresamente
descriptos en la ley). De esta forma se eliminaría el margen que hoy deja
la ley para el uso partidista de la publicidad oficial, los actos y los
anuncios de gobierno.
- Prohibir el uso de la cadena de radiodifusión
nacional durante la campaña, salvo cuando por
cuestiones excepcionales el gobierno lo solicite y la Cámara Nacional
Electoral lo autorice. Con estas medidas se busca evitar que los
candidatos oficialistas puedan abusar de su posición institucional para
hacer política partidaria.
- Revisar los requisitos que
deben cumplir los partidos para mantener la personería y acceder al
financiamiento. Se pueden evaluar opciones que no obturen el surgimiento
de nuevos partidos introduciendo condiciones no demasiado exigentes para
el reconocimiento legal, pero que demanden demostrar un piso de desempeño
electoral para mantener la personería y acceder a los subsidios. Si los
subsidios son distribuidos sólo entre los partidos que demuestren un piso
mínimo de representatividad, se pondría en valor la inversión pública y,
al mismo tiempo, se reducirían los incentivos a la creación y el
mantenimiento de sellos, que afecta a nuestro sistema de partidos.
- Buscar mecanismos de acuerdo para que las
provincias adhieran a la legislación nacional o sancionen sus propias
normas de forma que se complementen con el régimen nacional. Para
abordar el problema de la falta de normas en el nivel provincial pueden
explorarse distintos caminos que no son excluyentes: A) Establecer un
mecanismo para que las provincias puedan adherir a la legislación nacional
de financiamiento. B) Modificar la Ley de Simultaneidad para que en caso
de realizar las elecciones de forma simultánea a las nacionales las normas
de financiamiento rijan también para los cargos provinciales. C) Alentar a
las provincias a establecer sus regímenes de financiamiento de manera
articulada con las normas nacionales. La articulación debe centrarse en el
tipo de financiamiento que se admite, los plazos de campaña, las
instancias de control y las sanciones. La puesta en funcionamiento de una
plataforma de rendición online podría funcionar como base para la
cooperación y la armonización de las obligaciones y controles.
- Buscar el compromiso de las autoridades
partidarias y los referentes de los sectores que hoy aportan informalmente
a las campañas con el fin de acordar mecanismos, esfuerzos
coordinados y metas de formalización para la implementación efectiva de
cara a 2019. No basta con aumentar los controles sobre los partidos y
las campañas, también tiene que haber un compromiso de transparencia de
parte de las organizaciones, los candidatos, y los todos los actores que
hoy participan del lado de la oferta por canales informales.
CIPPEC
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