Nota de opinión: El lado oscuro del financiamiento de los partidos políticos

Nota del Editor

El financiamiento de los partidos políticos, en especial en las campañas electorales, no es transparente y en muchos casos roza la ilegalidad. Hay fuertes indicios de que la mayor parte del gasto de los partidos y las campañas ocurre informalmente, ya sea en forma de aportes y gastos no declarados o del abuso de recursos públicos con fines partidistas.

La nota

Recomendacion de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento) 

Desde la reforma electoral nacional de 2009, Argentina tiene un régimen de financiamiento de los partidos y las campañas electorales nacionales que se basa principalmente en aportes públicos. Hasta ahora la norma fue aplicada en tres procesos electorales y sirvió de marco para el ejercicio del financiamiento ordinario de los partidos.

El balance de esa experiencia acumulada es desparejo. Por un lado, se garantiza un piso de equidad al permitir el acceso de todos los partidos y candidatos a los medios de comunicación masiva. Por otro, hay fuertes indicios de que la mayor parte del gasto de los partidos y las campañas ocurre informalmente, ya sea en forma de aportes y gastos no declarados o del abuso de recursos públicos con fines partidistas.

Esta informalidad tiene efectos perjudiciales para la transparencia e integridad de las instituciones democráticas: interfiere con el derecho de todo elector a hacer un voto informado; facilita la captura o influencia por parte de intereses de grupos particulares y genera el riesgo de que la política partidaria y electoral se financie con dinero proveniente de actividades ilícitas.

Estas son las 13 recomendaciones de CIPPEC para avanzar hacia un régimen de financiamiento de los partidos y las campañas más transparente y efectivo. Para alentar la formalización del financiamiento de la política se recomienda:

1. Prohibir los aportes en efectivo (con la única excepción de las pequeñas donaciones), para alentar la bancarización y poder trazar y controlar el dinero que circula en política.
2. Permitir aportes de personas jurídicas (empresas y sindicatos) a los partidos y a las campañas, con montos máximos que impidan el predominio de un donante o sector y excluyendo a quienes tienen un conflicto de interés. Reconsiderar esta prohibición ayudaría a alentar la formalización de los aportes de campaña que se realizan informalmente o través de los partidos.
3. Permitir la reversibilidad de los aportes para que las agrupaciones políticas puedan rechazar contribuciones que estén prohibidas por ley o de los cuales no puedan demostrar su origen.
4. Disponer un mecanismo de declaración en línea y de monitoreo de las actividades partidarias y de campaña. Estas herramientas permitirían la publicación inmediata de los aportes y gastos de financiamiento ordinario y de las campañas electorales, agilizando el proceso de rendición y publicación y facilitando tanto el control por parte de la autoridad de aplicación como el control social. Esto debería generar incentivos para rendiciones más precisas, porque la detección de inconsistencias o problemas podría acarrear sanciones durante la campaña o un costo político inmediato.
5. Agilizar la apertura y operación de las cuentas y subcuentas y la habilitación de pago mediante tarjetas de crédito y medios electrónicos. La implementación de mecanismos más ágiles de recaudación relacionados a la apertura de cuentas y subcuentas en el Banco Nación en tiempos compatibles con los períodos de campañas facilitaría a los partidos políticos la operatoria de las mismas y los incentivaría a transparentar sus finanzas. Alentar la utilización de tarjetas de crédito y nuevas tecnologías como páginas web y telefonía para recaudar podría ayudar tanto a la bancarización del dinero de los partidos y las campañas como a un financiamiento menos concentrado.
6. Ampliar el período de campaña para que comience al momento de vencer el plazo para la inscripción de listas de pre– candidatos y termine 48 horas antes de la elección general o, en su caso, de la segunda vuelta electoral. De esta forma quedaría comprendido en el plazo de campaña la actividad proselitista más intensa que se desencadena cuando se oficializan los precandidatos.
7. Hacer a los candidatos corresponsables por las violaciones a la ley de financiamiento de modo que se les generen incentivos para controlar que la recaudación y la rendición se ajusten a la ley.
8. Responsabilizar a las alianzas. Disponer que las alianzas no puedan disolverse hasta que se haya aprobado su rendición de campañas, de modo que los partidos que las integran no puedan pensar en formar nuevos acuerdos si sus rendiciones no están en orden.
9. Límites al abuso de la publicidad oficial y los actos de gobierno. Prohibir los anuncios y la publicidad de actos de gobierno durante todo el período de campaña. Regular los usos y la distribución de la publicidad oficial de modo que no pueda utilizarse con fines partidistas ni para promover el conocimiento público de los funcionarios de gobierno, y para que no pueda emitirse durante el período de campaña (salvo en casos de emergencia o interés público expresamente descriptos en la ley). De esta forma se eliminaría el margen que hoy deja la ley para el uso partidista de la publicidad oficial, los actos y los anuncios de gobierno.
10. Prohibir el uso de la cadena de radiodifusión nacional durante la campaña, salvo cuando por cuestiones excepcionales el gobierno lo solicite y la Cámara Nacional Electoral lo autorice. Con estas medidas se busca evitar que los candidatos oficialistas puedan abusar de su posición institucional para hacer política partidaria.
11. Revisar los requisitos que deben cumplir los partidos para mantener la personería y acceder al financiamiento. Se pueden evaluar opciones que no obturen el surgimiento de nuevos partidos introduciendo condiciones no demasiado exigentes para el reconocimiento legal, pero que demanden demostrar un piso de desempeño electoral para mantener la personería y acceder a los subsidios. Si los subsidios son distribuidos sólo entre los partidos que demuestren un piso mínimo de representatividad, se pondría en valor la inversión pública y, al mismo tiempo, se reducirían los incentivos a la creación y el mantenimiento de sellos, que afecta a nuestro sistema de partidos.
12. Buscar mecanismos de acuerdo para que las provincias adhieran a la legislación nacional o sancionen sus propias normas de forma que se complementen con el régimen nacional. Para abordar el problema de la falta de normas en el nivel provincial pueden explorarse distintos caminos que no son excluyentes: A) Establecer un mecanismo para que las provincias puedan adherir a la legislación nacional de financiamiento. B) Modificar la Ley de Simultaneidad para que en caso de realizar las elecciones de forma simultánea a las nacionales las normas de financiamiento rijan también para los cargos provinciales. C) Alentar a las provincias a establecer sus regímenes de financiamiento de manera articulada con las normas nacionales. La articulación debe centrarse en el tipo de financiamiento que se admite, los plazos de campaña, las instancias de control y las sanciones. La puesta en funcionamiento de una plataforma de rendición online podría funcionar como base para la cooperación y la armonización de las obligaciones y controles.
13. Buscar el compromiso de las autoridades partidarias y los referentes de los sectores que hoy aportan informalmente a las campañas con el fin de acordar mecanismos, esfuerzos coordinados y metas de formalización para la implementación efectiva de cara a 2019. No basta con aumentar los controles sobre los partidos y las campañas, también tiene que haber un compromiso de transparencia de parte de las organizaciones, los candidatos, y los todos los actores que hoy participan del lado de la oferta por canales informales.

CIPPEC