"En febrero de 2016 Mauricio Macri anunció un supuesto plan
para luchar contra el lavado de dinero, es decir, aquellas maniobras destinadas
a dar aspecto de legalidad al dinero originado en delitos de distinto tipo,
desde narcotráfico, corrupción, hasta trata de personas. Sin embargo, a partir
de ese momento lo que ocurrió fue que el principal organismo que se ocupa del
tema, la Unidad de Información Financiera (UIF), dejó de denunciar reportes de
operaciones sospechosas para que se abran investigaciones penales, se niega a
hacer análisis de documentación financiera cuando lo pide algún juez, emite
informes escuetos para desvincular a funcionarios nacionales de causas
por posible lavado y pide querellar cuando los involucrados son ex funcionarios
del kirchnerismo. Este proceso fue acompañado por una flexibilización de
normas. El tema volvió a quedar en evidencia por una nueva resolución del juez
Sebastián Casanello que le reclama información al organismo, al que le atribuye
un funcionamiento “partidario”. En la Procuraduría de Lavado de Activos
(Procelac) que, para avanzar en investigaciones se nutre de las presentaciones
que hace la UIF, registran claramente el retroceso.
Desde que llegó al poder, el presidente Macri habla de “mafias”,
de “narcotráfico”, de buscar “la verdad”, pero en su repertorio el “lavado de
dinero” no aparece con la misma frecuencia. Una de las primeras iniciativas del
Gobierno en el tema fue la decisión de mover la UIF desde la esfera del
Ministerio de Justicia hasta la del Palacio de Hacienda y Finanzas. Esto
implica que, en lugar de reportar al sistema de justicia, lo hace ante el de
economía, que es al mismo que debe controlar. La UIF, si bien se supone que
tiene cierta autonomía, quedó bajo la esfera del Ministerio de Finanzas, que
encabeza Luis Caputo, recientemente denunciado por su papel de administrador de
fondos de inversión en paraísos fiscales hasta días antes de asumir como
ministro, dato que se conoció a través de los llamados Paradise Papers. El
titular de la Unidad designado por Macri es Mariano Federici, un ex funcionario
del Fondo Monetario Internacional.
El año pasado, durante ocho meses, la UIF dejó de enviar reportes
de operaciones sospechosas (ROS) a los tribunales penales o a la Procelac. Es
decir, en todo ese período no promovió la apertura de expedientes para
investigar posible lavado de activos. Los ROS llegan habitualmente a la UIF
desde los llamados “sujetos obligados” (bancos, AFIP, cooperativas de crédito,
Banco Central, fundaciones, escribanos, contadores, casinos, entre otros) que
deben informar sobre situaciones anómalas, como movimientos de dinero por
montos que no se condicen con el perfil patrimonial de quienes los realizan.
Luego, la Unidad analiza la información, puede hacer la denuncia y diseminar
una especie de alerta a organismos que considere deban estar avisados (como
AFIP o Banco Central). Pero lo hace poco y nada.
El titular de la Procelac, Gabriel Pérez Barberá, había advertido
sobre este retroceso en abril último en una publicación académica (En Letra)
que fue reflejada por PáginaI12, en la que planteaba que la UIF y la AFIP
estaban promoviendo tal flexibilización al sector financiero que puede
“terminar transformando a la Argentina en una plaza atractiva para lavadores de
activos”. En aquella oportunidad –según contó Pérez Barberá otra vez consultado
por este diario–, a partir de sus críticas se abrió una instancia de
conversación con el Gobierno. “Se dialogó y comenzaron a remitir” algunas
denuncias con sospechas de lavado (según dispone el artículo 19 de la Ley
25.246). “Hoy están remitiendo, poco, pero remiten; confiamos en el diálogo
para mejorar el trabajo conjunto”, dijo. Lo cierto es que la UIF nunca volvió
al volumen de denuncias previo al cambio de gobierno.
Uno de los factores que complejizan el proceso es la existencia de
reglas, propias de la gestión actual, que establecen que la información de
inteligencia financiera ofrecida por la UIF no se puede utilizar como prueba en
una causa y no puede ser vista por las partes. Es como si fuera un secreto
fiscal o bancario. Procelac, por ejemplo, para obtener información no puede
avanzar por sí misma como sucedía antes. Los jueces y fiscales tienen que
cotejar lo que les dice la UIF. Y a la vez también tienen una limitación, que
es que rige un secreto sobre la fuente, por ejemplo, qué banco reportó una
operación dudosa. En algunos juzgados y fiscalías de Comodoro Py esto cayó
pésimo. Dos decretos, además, les dieron a los bancos el poder de definir qué
es una operación sospechosa –por ejemplo, no tiene en cuenta antecedentes
tributarios– y ya no están obligados a chequear la situación patrimonial de sus
clientes.
La propia UIF con el criterio de “proteger” la información frente
a disposiciones de secreto, empezó a mandar informes prácticamente vacíos de
datos útiles, livianos, para que eventualmente sí se incorporen al expediente
principal. La excusa es que no pueden violar las normas, que hasta ahora han
sido más funcionales a generar mecanismos de impunidad que otros resultados.
Uno de los jueces que decidió confrontar a ese organismo fue
Casanello. La UIF se presentó como querellante en la causa que desde el comienzo
investiga una gran maniobra de lavado de dinero que tiene como principal
acusado a Lázaro Báez. El objetivo de la Unidad era pedir la indagatoria de
Cristina Fernández de Kirchner. El juez respondió que no estaba implicada
porque no había pruebas y que algunas de las cuestiones que se le endilgan, son
objeto de investigación en otras causas, y no se puede juzgar a nadie dos veces
por lo mismo. Una presentación de la UIF añadió que cuenta con información de
que existen cuentas radicadas en el exterior que sus fuentes vinculan con CFK.
Lo decía así, de manera genérica. Por eso, Casanello retrucó con un pedido de
precisiones a la UIF, jamás contestado. Luego le pidió al organismo que analice
información financiera obtenida en un grupo de cuevas que había allanado, donde
no se descartaba que hubiera información que podía servir como prueba incluso
para lo que esa repartición pretendía. La respuesta de la Unidad fue que no era
de su incumbencia analizar ese material.
O sea, la UIF se presenta como querellante, aparenta una fuerte
actividad, pero luego no aporta nada. Entre otras cosas se escuda en normas
internas que hacen prevalecer el secreto que, en definitiva, protege a
funcionarios, empresarios y a los bancos también (que deben colaborar con la
UIF pero a menudo están enganchados en delitos financieros). Como dato
adicional, la número dos de la Unidad es María Eugenia Talerico, quien fue
abogada del banco HSBC. También integra la organización Será Justicia, que armó
la ingeniería para forzar la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó y
hoy está dedicada a jueces según los deseos del Gobierno.
En Comodoro Py, otro de los que cuestionaron
abiertamente el desempeño actual de la UIF, fue el fiscal Federico Delgado.
Remitió un informe a la Procuración, donde cuestionaba las demoras ante pedidos
concretos de información para causas en trámite. Y la diferencia de profundidad
de los informes si se trataba de nombres ligados al kirchnerismo o a Cambiemos.
La UIF, dijo, tardó cinco meses en enviarle información requerida para la causa
penal que se abrió por las revelaciones de los Panamá Papers, donde surgían
presuntas vinculaciones de Macri y su familia con dos sociedades offshore. Al
final incluso la Unidad le envió un informe donde señalaba que no tenía ninguna
sospecha de maniobras de lavado de dinero en esta cuestión. Y así fue que la
causa naufragó y se terminó. El fiscal Delgado se encontró con el mismo tipo de
respuesta de la UIF en la causa donde se investigaban transferencias por más de
850 mil dólares recibidas por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia
(AFI), Gustavo Arribas, en un circuito vinculado con pagos de coimas de la
constructora Odebrecht.
Pero para la repartición supuestamente especializada no había
ningún delito a la vista, según contestó por escrito, lo que llevó al juez
Rodolfo Canicoba Corral a cerrar la causa sin siquiera tomar otras medidas
complementarias sobre los temas a los que la UIF no responde.
En el informe de gestión referido a lo que hizo
en 2016, la UIF se jacta de que hubo cinco condenas más por lavado de activos
que en 2015, sin aclarar que las condenas no dependen de ella sino de
decisiones judiciales y de que fueron casos impulsados por la gestión anterior.
Lo mismo respecto de causas donde dice que, como querellante, instó la
elevación a juicio. En el informe, consultado por este diario, dice que
multiplicó las causas en las que se presenta como querellante, pero no
especifica cuáles son. Las más difundidas son las que atañen a ex integrantes
del gobierno anterior, empezando por la ex presidenta CFK, quien a la vez
denunció al organismo porque en la causa Los Sauces presentó informes de
inteligencia sobre el patrimonio de 2003, sobre el cual ya tres jueces se
expidieron, pidió revocar un sobreseimiento del ex titular de la AFIP, Ricardo
Echegaray, pidió enjuiciar a Amado Boudou y hasta se puso a investigar a
Milagro Sala. Todavía no hay noticias de que se haya dedicado a verificar con
el mismo entusiasmo a los funcionarios de Cambiemos con actividad, por ejemplo,
en paraísos fiscales o cuentas en el exterior."
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