Ir al contenido principal

Nota de opinión: "Italia pidió la indagatoria de los dueños de Techint por pago de sobornos a funcionarios" por Emilia Delfino

Paolo Rocca
“El fiscal Fabio Di Pasquale llegó desde Milán los últimos días de octubre. El miércoles 1º de noviembre, el funcionario italiano pisó los tribunales de Comodoro Py, ingresó al despacho de la jueza federal María Servini de Cubría y frente a los fiscales Gerardo Pollicita y Eduardo Taiano pidió que la Justicia argentina ordene las medidas que el Ministerio Público de Milán había solicitado vía exhorto hacía un mes: la citación a declaración indagatoria del dueño de Techint, Paolo Rocca. Solicitó además el secuestro de correos electrónicos y registros de llamadas del empresario y los miembros de la cúpula de la compañía, investigados por el supuesto pago de sobornos a funcionarios de Brasil.
El sistema argentino no funciona así”, le contestó Taiano a su colega italiano. La reunión se tornó tensa. El fiscal Pasquale insistió en que se ejecutaran las medidas ese mismo día. Pero se fue con las manos vacías. Así lo confirmaron cuatro fuentes judiciales a PERFIL. Pasquale buscaba obtener más pruebas para terminar la investigación de un equipo de fiscales de Milán que hallaron un “vínculo directo” entre Techint, sociedades offshore y cuentas en Suiza que se utilizaron para pagar sobornos a funcionarios brasileños de Petrobras. 
PERFIL y La Nación revelaron en agosto pasado que los italianos vienen investigando los movimientos de Techint, especialmente de Tenaris, su fabricante de caños de acero, y su subsidiaria en Brasil: Confab. Paolo Rocca es ciudadano ítalo-argentino y tiene fuertes vínculos con ese país. Pero el comando operativo del universo Techint está en Buenos Aires, desde donde se digitan las máximas decisiones. 
La empresa de Techint en Brasil llegó a vender tubos y caños a la estatal Petrobras por más de US$ 1.600 millones. Pero para lograr esos contratos habría pagado coimas por US$ 9,4 millones a funcionarios de Brasil. Los pagos ilegales ocurrieron entre 2009 y 2013, según un documento público firmado por el juez Sergio Moro.  
Los fiscales de Milán tienen en sus manos los movimientos de las cuentas bancarias suizas que se usaron para pagar esas coimas. Las transferencias se hacían entre sociedades offshore de Uruguay. Una de ellas es Isla Mayor, que recibía fondos y los transfería a Hayley SA. Luego Hayley hacía circular el dinero a Hayley en Brasil. Allí, los intermediarios con los funcionarios brasileños recibían los fondos y compraban propiedades –llegaron a adquirir al menos seis– para blanquear el dinero. El beneficiario final de Isla Mayor es argentino: Lorenzo Fenocchietto. Los italianos lo citaron y admitió haber manejado fondos de Techint a través de su firma offshore. Dijo que el banco suizo BSI lo contactó para canalizar fondos de Techint por presunta “falta de liquidez”. Luego, fue contactado por Héctor Zabaleta, director de Administración de Techint en Argentina, y comenzó a operar para ellos. 
Los milaneses incluso llegaron a allanar la sede de Techint en Luxemburgo en busca de más documentación. Cuentan además con los testimonios de arrepentidos en Brasil. Uno de ellos es Joao Antonio Bernardi Filho, quien declaró que fue intermediario de los pagos entre la empresa de Techint-Tenaris (Confab) y el entonces director de Servicios de Petrobras, Renato de Souza Duque. Agregó que a través de una cuenta en Suiza, recibía el dinero destinado a las coimas y las derivaba al funcionario a través de empresas offshore. 
Otro arrepentido clave es un empleado de Techint en Brasil, Nicolau Marcelo Bernardo, a quien la compañía sigue contratando en la actualidad. Entregó documentos sobre cómo habría pagado las coimas a través de la offshore Hayley SA. Los sobornos habrían llegado hasta el ex jefe de Gabinete de Lula, José Dirceu. 
El exhorto de la Justicia italiana ingresó a la Cancillería argentina los primeros días de octubre solicitando medidas de urgencia y enumerando las pruebas. Recién el 26 de octubre, el Ejecutivo presentó el exhorto en los tribunales. Por sorteo, le tocó resolverlo a la jueza Servini y al fiscal Pollicita. Cuando el italiano se presentó en los tribunales de Retiro, seis días después, las medidas no se habían ejecutado. 
Techint ya tiene dos causas abiertas en la Justicia federal por supuestos sobornos. Fue denunciada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Porcelac), que presentó en los tribunales pruebas obtenidas de Italia para que se investigue también en Argentina. Fue en agosto. Se abrió la causa y quedó a cargo del fiscal Taiano y el juez Luis Rodríguez. 
Ante la insistencia del fiscal italiano, Servini citó en su despacho a Taiano. El fiscal Taiano le dijo a su par milanés que el sistema judicial argentino le exige tener más pruebas para citar a indagatoria a Rocca. Los italianos también pidieron las declaraciones de otros ejecutivos, como el sobrino de Rocca, Lodovico, vice de Techint en Brasil durante el período de los pagos indebidos. Taiano agregó que no tenía fundamentos suficientes para secuestrar mails de los empresarios. Aseguró que contestará el exhorto solicitando más información pero que la prueba que obtenga se quedará en Argentina para su investigación. 
PERFIL consultó a Techint sobre los vínculos con Zabaleta y Finocchiero; las investigaciones en Italia, Brasil y Suiza; y los vínculos con Hayley SA e Isla Mayor. La compañía respondió: “Ni Techint ni ninguna otra sociedad italiana vinculada al Grupo ni funcionarios del Grupo han sido imputados en Italia, en relación a las actividades en Brasil. Hasta 2012, Confab tenía una governance autónoma”, aseguraron. “Ni Confab ni ningún funcionario de la sociedad están imputados en Brasil ni en otro país. En paralelo Tenaris ha iniciado una investigación interna sobre los hechos que se hicieron públicos en mayo de 2016 en Brasil”, agregaron. 
Una multinacional argentina también investigada en Brasil 
Techint afronta dos causas por supuesto pago de sobornos en junio, como reveló PERFIL. Ambas denuncias se originaron por una presentación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Luego, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) investigó ambos casos, intercambió información con las causas en Brasil e Italia y presentó dos denuncias en los tribunales federales. La primera llegó en junio y la segunda, en agosto. 
La OCDE tiene un Grupo de Trabajo sobre Sobornos (GTS) que monitorea la información que circula en los medios del mundo sobre casos de coimas transnacionales y envía a los países involucrados informes aconsejando su investigación judicial. 
Primero, el organismo internacional alertó sobre el caso de presuntas coimas en la construcción de Angra3, una central nuclear en Brasil, en la que participó Techint, entre otras constructoras, como Andrade Gutiettez y Odebrecht. Está siendo investigada por sobornos de hasta 30 millones de reales, unos US$ 10 millones. 
Esa primera denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Ramos y la fiscalía de Paloma Ochoa. Luego, en agosto, la Procelac presentó las pruebas obtenidas por los fiscales de Milán ante el juez Ramos. Pero el magistrado decidió separar los casos y enviar la nueva presentación a sorteo. Cayó en el juzgado de Luis Rodríguez y en la fiscalía de Eduardo Taiano. 

En Brasil, Techint está acusada de integrar un cartel de 15 empresas constructoras que se repartían las obras millonarias entre sí."
Perfil

Comentarios

Las mas consultadas

Noticia. "La Corte Suprema resolvió tomar juramento al senador Juan Mario Pais como integrante del Consejo de la Magistratura"

Nota del Editor El Consejo de la Magistratura tiene un nuevo miembro. Los integrantes oficialistas del Consejo aprovecharon la situación para impulsar un juicio político al fiscal Freire. Algo que hasta ahora la oposición (especialmente del Frente para la Victoria) había logrado detener. La noticia La Corte Suprema resolvió tomar juramento al senador Juan Mario Pais como integrante del Consejo de la Magistratura. Fue a través de una acordada, firmada por todos los ministros del Máximo Tribunal. Señaló que el acto “es absolutamente independiente de la decisión que esta Corte adopte” en la causa por el apartamiento del senador Ruperto Godoy de aquel cuerpo Centro de información judicial

Nota del Editor: "Un país al margen de la ley"

Nota del Editor Quizás alguien estime fuera de contexto esta nota pero no debe considerarse así. Las raíces de la corrupción en nuestro país son tan profundas que merecen ser expuestas en su plenitud, si es que sea desea curar la “anomia boba” que nos hacen proceder incluso en contra de nuestros propios intereses como sociedad Bueno es recordar que hay momentos que son definitorios en la vida de una Nación. Uno de esos momentos es cuando se quiebra el sistema de balances y contrapesos que supone la división de poderes establecida en nuestra republicana constitución. Según la Carta Magna el Poder Legislativo establece las leyes, el Poder Ejecutivo gobierna conforme a ellas y el Poder Judicial penaliza sus incumplimientos. Dentro de este sistema la independencia de la Justicia respecto de los poderes políticos es esencial. En septiembre de 1930 se quebró por primera vez ese balance cuando el Poder Judicial aceptó la violación de la Constitución Nacional por las Fuerzas Armada...

Nota de opinión: "Los acusados de corrupción no usan la figura del arrepentido" por Iván Ruiz

"Hasta que no haya una condena...", se sincera un juez con despacho en Comodoro Py. Abre las manos resignado y deja la frase sin terminar. Desde que entró en vigor la nueva ley del arrepentido (N° 27.304), en noviembre, ningún imputado en una causa de corrupción aceptó colaborar con la Justicia a cambio de una reducción de pena. Cuando se habla de corrupción, no hay arrepentidos. La falta de sentencias sobre ex funcionarios, los temores por la seguridad física de los testigos y hasta el desconocimiento de las partes implicadas en el trato son algunos de los motivos que enumeraron ante  LA NACION  jueces, fiscales, abogados e imputados en casos de corrupción que sacudieron la agenda pública en los últimos años. Los datos del Programa de Protección a Testigos, la herramienta que otorga el Estado a los arrepentidos para garantizarles seguridad e ingresos económicos, son contundentes: el 32% de los integrantes están vinculados a delitos de lesa humanidad; el 26%, a caus...