Noticia: "Odebrecht: el juez Rafecas citó a indagatoria a Julio De Vido"

"Por primera vez, Julio De Vido fue citado a indagatoria en una de las causas vinculadas al capítulo argentino del Lava Jato, que investiga la connivencia entre los ex funcionarios kirchneristas y la brasileña Odebrecht . El juez federal Daniel Rafecas convocó declarar al ex ministro de Planificación en el marco del caso que pesquisa las ampliaciones de los gasoductos norte y sur, el megaproyecto que fue la continuación de las obras de Skanska."

"Es en la causa CFP 13404/2007 por irregularidades en el “Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008”, obra pública que contaba con un presupuesto inicial de más de 2.300 millones de dólares y que fue adjudicada a Odebrecht. También citó a otros tres ex funcionarios"

“En el marco de una de las causas judiciales en las que se investigan hechos de corrupción (Causa CFP 13404/2007) en los que habría estado involucrada la constructora brasileña Odebrecht y ex funcionarios de nuestro país, en este caso, por irregularidades en el “Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008”, una obra pública que alcanzó a la totalidad de los gasoductos que atraviesan el país, con un presupuesto inicial de más de 2.300 millones de dólares y que fue adjudicada a Odebrecht a fines de 2006, el Juez Federal Daniel Rafecas dispuso en el día de la fecha el llamado a prestar declaración indagatoria de seis imputados, entre ellos cuatro ex funcionarios públicos: Julio M. de Vido, ex ministro de Planificación Federal; Daniel Cameron, ex secretario de Energía; Bautista Marcheschi, ex subsecretario de Energía Eléctrica, y Cristian Folgar, ex subsecretario de Combustibles.

Ing. Daniel Cameron

La justicia sospecha que los citados funcionarios, junto a directivos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) –Luis Alberto Beuret (Vice Presidente) y Julio Armando Bragulat (Sub Gerente General)-, ambos también citados a indagatoria, intervinieron, en calidad de autores y/o partícipes según cada caso, en la comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Ing. Luis Beuret

Las citaciones se concretarán entre el 27/11 y el 5/12, De Vido lo hará en esta última fecha.

El Juez Rafecas se hizo cargo de esta causa hace cinco meses, en mayo de este año (proveniente de otro juzgado federal), y su trámite ha implicado llevar adelante un exhaustivo análisis de las resoluciones, notas y expedientes administrativos en los que se investiga la posible decisión direccionada por parte de las autoridades de los distintos organismos públicos intervinientes, para que fuera Odebrecht la beneficiada con la ampliación de los gasoductos.

Ing. Julio Bragulat

Entre la documentación analizada, se descubrieron una serie de notas y decisiones administrativas (incluyendo un “memorándum de entendimiento” entre Odebrecht y la Secretaría de Energía), de las cuales surge la sospecha de que todo el proceso licitatorio habría estado enderezado -en forma previa- a la adjudicación del negocio a Odebrecht.

Incluso la presentación de otras dos empresas al llamado a licitación (Camargo Correa y Roggio), se sospecha que habría resultado ser algo meramente formal, dado los plazos exiguos y las exigencias planteadas para la adjudicación.

A través del examen del cuerpo probatorio (conformado con casi dos cuerpos de actuaciones administrativas, y ciento ochenta cajas de documentación), la instrucción ha revelado la posible existencia de un apreciable desvío de poder en dirección al involucramiento, probablemente espurio, de Odebrecht en la adjudicación de la obra pública, maniobra formalizada el 6 de diciembre de 2006, con la suscripción del contrato entre CAMMESA y Odebrecht.

En concreto, se sospecha que el ex Ministro De Vido creó el marco normativo necesario para que, desde la Secretaría de Energía, en negociación con Odebrecht, se procediera al llamado a “licitación privada” a través de las empresas licenciatarias TGN y TGS. Pero como éstas se negaron a hacerlo, fue convocada la firma Cammesa, que fue quien finalmente le adjudicó, en un proceso sospechado, el negocio a Odebrecht.

Para crear ese marco normativo,   el   17   de   enero   de   2005   CAMMESA, en Asamblea  General  Extraordinaria  de  accionistas  convocada  en  reunión  de    Directorio    de    ese    mismo    día    (actas    n°    63/05    y    286/05, respectivamente),  resolvió  por  decisión  unánime  reformar  el  artículo tercero de su estatuto constitutivo, referido al objeto social, e introdujo una nueva función: 

“Actuar como mandatario del Estado Nacional como consecuencia de  situaciones  que  pudieren  generar  riesgos  de  desabastecimiento  y  afectar  la  seguridad y la calidad habituales del sistema eléctrico. Tal actuación podrá ser aceptada   siempre   que   se   reúnan   en   forma   simultánea   los   tres   requisitos establecidos y en la medida que tenga la transitoriedad necesaria para superar situaciones   excepcionales   que   le   dieron   origen   y   no   implique   asumir   la generación,  el  transporte  o  la  distribución  de  energía  eléctrica.  En  ningún caso   el   ejercicio   del   mandato   podrá comprometer   patrimonialmente   a   la  Sociedad.”

De  ese  modo  el  Directorio de CAMMESA procuró  dotar  a  la  compañía  –tal como  mocionó  el  presidente  de  la  Sociedad,  el  Sr.  Secretario  de  Energía Cameron,  al  proponer  la  reforma  estatutaria-  de  la  capacidad  jurídica necesaria  para  actuar  en  las  novedosas  funciones  que  le  habían  sido encomendadas  hasta  ese  momento  y  en  vista  de  aquellas  otras  futuras que a sabiendas le serían confiadas.

La fecha de firma del contrato entre CAMMESA y ODEBRECHT ha sido el hito demarcatorio tenido en cuenta por el Juez Rafecas para remitir al Juez Martínez De Giorgi la investigación sobre el posible pago de sobornos por esta obra pública desde 2007 en adelante. El Juez De Giorgi -a cargo de la investigación de irregularidades en las obras de soterramiento del tren Sarmiento-, a pedido de la Oficina Anticorrupción y del Fiscal Franco Picardi, había solicitado unificar la investigación del pago de sobornos a los jueces Rafecas y Casanello, este último a cargo de la investigación de hechos similares en obras de AYSA.

Es decir, que el Juez Rafecas decidió mantener en su Juzgado el primer tramo de la causa (2004 a 2006), en el cual acaba de ordenar las indagatorias por negociaciones incompatibles, y remitir por conexidad el segundo tramo de la causa (2007 a 2014, en donde se investigan irregularidades en una seria de adendas al contrato original) a su colega Martínez de Giorgi, por el delito de cohecho, en el cual habrían tenido lugar los pagos de sobornos a intermediarios con destino final en funcionarios públicos argentinos por una cifra global (en los tres contratos: Tren Sarmiento, AYSA y Gasoductos), próxima a los 35 millones de dólares (ver), según reconoció la compañía Odebrecht en un acuerdo celebrado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos."

CIJ